Gobernaciones, alcaldías y universidades públicas se oponen a la norma y exigen su abrogación inmediata al Gobierno.
Las universidades estatales del país anuncian protestas en contra de la Ley 1407, una norma que también es rechazada por las gobernaciones y alcaldías. El Órgano Ejecutivo asegura que las observaciones son injustificadas ya que no existe ningún riesgo para las autonomías de estas entidades.
La Ley
Fue promulgada el 9 de noviembre de 2021 y tiene por objetivo aprobar el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025.
¿Cuáles son las observaciones?
El artículo 4, establece que es de cumplimiento obligatorio para entidades territoriales autónomas, es decir gobiernos subnacionales (departamentales, municipales y regionales) y universidades públicas.
También observan la Disposición Única de la norma que señala que las entidades autónomas deberán adecuarse al Plan en un plazo de 180 días.
Los alcaldes de las ciudades capitales además observan que esta norma afecta directamente a la planificación específica de los gobiernos locales, a la elaboración de los presupuestos y a la ejecución de los gastos.
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El financiamiento del Plan
Las Alcaldías también denuncian que el Plan no solo les quita competencias, además son las entidades las que deben financiarlo.
La Ley 1407 obliga a los gobiernos subnacionales a apegarse a su plan. Establece un presupuesto de 33 mil millones de dólares en cuatro años, que deberán ser financiados con recursos de las entidades autónomas.
Cuestionamiento a la socialización
Las autoridades subnacionales aseguran que nunca fueron convocadas para tratar la ley, mientras que el Gobierno señala que hubo cumbres en los nueve departamentos para diseñar la norma. La oposición denuncia que estos encuentros fueron realizados solo con organizaciones afines al MAS.