El MAS está “exportando” sus métodos políticos, mejor dicho, su barbarie, hacia todos los rincones del país para perseguir y atemorizar.
Editorial El Nuevo Día
Se han quedado cortos todos los que se han referido estos años a la doble moral que usa el Gobierno cuando toma la vara para medir sus propias faltas y las de sus amigos y cuando lo hace para perseguir a los “enemigos” del régimen.
Asusta la forma cómo algunos parlamentarios, miembros de los movimientos sociales y altos jerarcas del Poder Ejecutivo se han referido al salvaje ataque del que fue víctima el líder indígena beniano Marcial Fabricano, cuyo único “delito” ha sido optar por un camino distinto al del oficialismo y apoyar el proceso autonómico. No sólo han dicho que la flagelación del dirigente forma parte de la justicia comunitaria que goza de estatus constitucional, sino que han aplaudido la tortura como castigo de una supuesta traición a los lineamientos del MAS, a los cuales se han adherido numerosas organizaciones indígenas y campesinas, pero no todas.
Esa misma actitud fue asumida por el Gobierno, cuando una turba de campesinos del Altiplano golpeó a los familiares del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas y le arrebató su vivienda luego de invadirla a punta de pedradas y palazos. El propio presidente Morales se burló de las víctimas y ninguna autoridad, ya sea judicial o policial, ha movido un dedo para aplicar las leyes y menos para resarcir el daño causado. El hecho quedó marcado como la consolidación de un nuevo orden en el que la democracia, las leyes, los derechos y el mismo Estado han quedado al margen de acciones de ciudadanos bolivianos.
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Cuando se produjo el ataque a Víctor Hugo Cárdenas, algunos supuestos entendidos en la cosmovisión, el comportamiento y las “leyes” de los aymaras, hicieron una serie de justificaciones, entre ellas una ley comunitaria que indica que si alguien deja su pueblo de nacimiento para ir a estudiar o trabajar a otro sitio, pierde todos sus bienes inmuebles, los mismos que pasan al poder de la comunidad. En este caso, dijeron, la casa de Cárdenas, que era usada como sitio de descanso familiar, había sido destinada para un asilo de ancianos, argumento que resultó ser un mamarracho, pues los aymaras nunca abandonan a sus mayores, al menos no como lo hacen con los discapacitados o las hijas primogénitas.
¿Qué van a decir ahora con el ataque a Fabricano? El caso del indígena mojeño fue una emboscada de dirigentes masistas; no hubo deliberación de ningún consejo de “barbas blancas”, tampoco un amago de procesamiento ni nada que se le parezca. Cuando se produjo la flagelación había funcionarios del Gobierno presentes y para el castigo no se aplicó ningún código ancestral o viejas tradiciones de la cultura originaria del Beni. Es más, testigos del hecho y los que conocen la historia del lugar dicen que esto nunca había ocurrido y que puede ser lisa y llanamente la “exportación” de prácticas malsanas de Achacachi o Ayo Ayo hacia las tierras bajas o mejor dicho, el traslado de los métodos políticos del MAS hacia todos los rincones del país. Mucho ojo con las consecuencias que pueden acarrear esos 40 azotes para el país. Es probable que durante la campaña electoral que ya empezó, veamos una multiplicación de los chicotazos, una barbarización de la política que jugará en contra, incluso para el oficialismo.