Son más de 10 mil toneladas de maní que se producen en Yacuiba y Caraparí, donde se cultivan alrededor de 5 mil hectáreas, aunque se corre el riesgo de reducir la producción el próximo año.
A causa del contrabando de granos, los productores de maní de la región del Chaco señalan que el sector registra pérdidas significativas, ya que, por la caída del precio en el mercado, hasta de un 50 por ciento, se quedaron con deudas en las entidades bancarias y ven difícil recuperar la inversión.
Son más de 10 mil toneladas de maní que se producen en Yacuiba y Caraparí, donde se cultivan alrededor de 5 mil hectáreas, aunque se corre el riesgo de reducir la producción el próximo año. Hasta la gestión pasada el quintal de maní se comercializaba entre 350 a 400 bolivianos, ahora se vende a 180 bolivianos.
Desde el movimiento de la tierra hasta la comercialización del grano, cada productor invierte entre 10 a 11 mil bolivianos por hectárea.
En ese contexto, René Rollano, representante de los productores de maní de Yacuiba, instó a las autoridades del Gobierno nacional, departamental y regional, además de las instancias como la Aduana y Senasag, a coordinar y ejecutar acciones concretas para frenar el contrabando en la región.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
“Falta la lucha conjunta para frenar el contrabando desde el Gobierno nacional, departamental y regional, más al contrario se presume que algunas autoridades son cómplices del contrabando por eso no les interesa”, comenta. Al indicar que el Viceministro de Lucha Contra el Contrabando visitó Yacuiba y hace más de tres meses se habló que conformar un comando de lucha contra el contrabando en los municipios fronterizos del país, pero hasta la fecha no se concretó.
Según Rollano, entre junio y agosto se empezó a advertir una mayor caída en el precio del maní, pasó de 250 a 180 bolivianos el quintal y se teme que siga cayendo, ya que los intermediarios solo buscan a crédito, “no pagan todo”, lo que causa pérdidas y desconfianza en los productores.
“Por el contrabando han caído los precios, la gente se quedó con deudas, es difícil recuperar la inversión (…). Esa es la cruda realidad, el contrabando está por todos los pasos no autorizados, ilegales, ya en algunas partes ingresa maíz, soya y otros productos”, refiere.
Otro factor que influye en el mercado para los productores chaqueños, es la sobreproducción de maní en Santa Cruz, donde se supera las 20 mil hectáreas, “hay sobreproducción, a lo que se suma el tema logístico de las exportaciones, por la pandemia se ha complicado mucho más”.
Mercados
La producción de maní del Chaco se destina a los mercados de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, mediante intermediarios, quienes exportan a Perú, Chile y Europa, aunque es una sola empresa la que llega al otro continente. Es así que se busca aprovechar la demanda del grano que hay en el exterior, y los productores prevé firmar un convenio con la empresa Agrinuts de Santa Cruz con el fin de recuperar la inversión. “La empresa también nos ofreció asesoramiento y asistencia técnica con dos fundaciones que trabajarán con el sector productivo”, apuntó Rollano.
Zonas productoras
En la región del Chaco, el principal productor de maní es el municipio de Yacuiba, en menor porcentaje Caraparí. Son cuatro las variedades que se cultivan: bayo americano, rojo “chiquito” o cartucho, overo colorado y una en etapa de experimento.
Respecto al rendimiento por hectárea, Rollano hace notar que también se redujo por el cambio climático, hace 20 años atrás era 60 quintales por hectárea, pero ahora oscila entre 30 a 40 quintales la hectárea.
En riesgo la seguridad alimentaria del país
La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) denunció que el contrabando de granos, principalmente de soya, maíz y trigo, que ingresan de Argentina, no solo representa una competencia desleal para los productores nacionales, sino que también pone en riesgo la soberanía alimentaria.
Ante esa situación, el sector instó a mejorar los controles en la frontera para evitar el ingreso por contrabando de estos productos agropecuarios.
Fuente: El País