El sábado pasado el gobierno de Bolivia decretó la nacionalización de las empresas distribuidoras de electricidad, participadas mayoritariamente por la española Iberdrola: Electropaz de la Paz, Elfeo de Oruro, la Compañía Administradora de Empresas Boliviana y la Empresa de Servicios Edeser.
El gobierno español al tiempo que ha lamentado la decisión del Gobierno boliviano de nacionalizar estas cuatro empresas, ha querido poner de manifiesto que tienen entre sus accionistas no solo a empresas españolas, sino también argentinas y norteamericanas y que nunca antes habían pertenecido al Estado boliviano.
España espera "que el proceso de evaluación del valor de la empresa nacionalizada se realice con criterios exigentes de objetividad que permitan establecer la justa indemnización a la que los accionistas tienen derecho sin dilaciones innecesarias" y recuerda que la seguridad jurídica es una exigencia insoslayable de cualquier inversión extranjera en Bolivia. Fuentes de la compañía expropiada cifran un valor de mercado a las filiales nacionalizadas de 100 millones de dólares, unos 75 millones de euros.
En su comunicado oficial el gobierno de Madrid ha querido transmitir a su homólogo boliviano que "las relaciones de cooperación y entendimiento entre los dos países exigen información, colaboración y franqueza por ambas partes en el manejo de éste o cualquier otro asunto de interés común".
España trabaja en Bolivia desde hace más de veinte años y es el principal país proveedor de ayuda oficial al desarrollo. El Gobierno español desembolsó recursos por valor de 61 millones de euros anuales de media entre 2007 y 2010 (excluyendo 63 millones de condonación de deuda correspondientes al 2010). En noviembre de 2010, se firmó el nuevo Marco de Asociación País (MAP), que define las líneas estratégicas de la cooperación al desarrollo para el período 2011-2015, centrado en tres sectores: agua y medio ambiente, educación y fortalecimiento institucional.
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El Diario Exterior – Madrid