El Presupuesto General del Estado (PGE) 2022 instruye al Banco Central de Bolivia (BCB) transferir mensualmente al Tesoro General de la Nación (TGN) parte de los recursos provenientes del rendimiento de las Reservas Internacionales Netas (RIN) para el pago del Bono Juana Azurduy.
Además, instruye a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) transferir mensualmente al TGN al menos el 10 por ciento de los recursos percibidos por la venta de servicios de telefonía móvil e internet para el financiamiento del Fondo de la Renta Universal de la Vejez.
Estas determinaciones son preocupantes para los especialistas y diputados de oposición debido a que los bonos deberían pagarse con las utilidades de las empresas públicas. Consideran que “ya no hay de dónde sacar plata” y que Entel podría ingresar en crisis al entregar parte de sus ingresos y no sólo sus utilidades.
El economista German Molina indica que ambas medidas tienen la finalidad de reforzar la liquidez del TGN, lo que confirma que el TGN se encuentra en iliquidez y “buscan de todas formas que se le transfieran recursos para destinarlos al gasto público”.
Molina recordó que al inicio los diversos bonos se financiaban con las utilidades de las empresas públicas, pero, como muchas están con déficit, no es suficiente el monto que generan, de modo que el Gobierno recurre a las entidades financieras como el BCB.
“La normativa dispone que las utilidades del BCB son transferidas al TGN, pero no destinada como el bono indicado. Ahora, no es peligroso si hay utilidades, si hay se transfiere, y si no, no se transfiere”, dijo sobre el pago del Bono Juana Azurduy con los rendimientos de las RIN.
Al respecto, el economista José Gabriel Espinoza afirmó que se financiará con el rendimiento de las reservas, que es lo que se gana por invertirlas, pero no son las reservas como tal. Además, dijo que el BCB ya financió en gestiones pasadas este bono.
En las disposiciones finales del PGE 2022, se señala que Entel deberá transferir mensualmente al TGN al menos el 10 por ciento de los recursos percibidos por la venta de servicios de telefonía móvil e internet para el financiamiento del Fondo de la Renta Universal de la Vejez.
Para Espinoza, esto es grave debido a que el Gobierno no sólo reclama las utilidades sino los ingresos corrientes de Entel, “lo que puede ser riesgoso porque si no es un año bueno Entel puede entrar en déficit”.
“Lo lógico es que se haga sobre las utilidades de las empresas, después de pagar los costos y la depreciación”, explicó el analista.
Para Molina, la finalidad de demandar el 10 por ciento de los ingresos de Entel es reforzar la liquidez del TGN.
Por su parte, la diputada Andrea Barrientos, de Comunidad Ciudadana (CC), señaló que hay problemas de fondo con el pago de los bonos porque no hay recursos. “Lo que se hace es peligroso porque ya te muestra que no hay de donde sacar plata”, advirtió.
Añadió que BoA también está en déficit y debe entregar recursos para pagar el bono Juancito Pinto. “¿Cómo vamos a cubrir el Juancito Pinto? Hay problemas de fondo respecto a los bonos”, dijo.
Espinoza agregó que varias las empresas públicas aportan al pago de los bonos.
Comisión Económica aprueba PGE 2022
La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados aprobó ayer en grande y detalle el Proyecto de Ley 004/2020-2021 “Presupuesto General del Estado (PGE) 2022”, que prevé una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 5,1 por ciento, una inversión pública de 5.015 millones de dólares, con mayor énfasis en el sector productivo.
El viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Zenón Mamani, explicó a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas las características del PGE 2022 que tiene el objetivo de apoyar la continuidad de la reconstrucción de la economía, transformar el aparato productivo con sustitución de importaciones, precautelar las finanzas públicas y continuar con las políticas sociales con redistribución de ingresos.
El PGE proyecta una inversión pública de 5.015 millones de dólares destinada principalmente a proyectos productivos, de infraestructura y para el área social.
Por sector económico, se destaca el rubro productivo con un 42,5 por ciento de participación, infraestructura 29,9 por ciento, para el sector social se destinará el 17 por ciento y para los rubros multisectoriales llegará a 10,5 por ciento.
El proyecto será tratado hoy en el pleno de la Cámara de Diputados.