El objetivo del Gobierno es concentrar la justicia en el Poder Ejecutivo y reemplazar los tribunales por “cortes” de linchamiento.
Editorial El Nuevo Día.
Observando la forma cómo los miembros oficialistas de la Cámara de Diputados descabezaron a la Corte Suprema de Justicia, no quedan dudas de que el objetivo final del MAS es borrar por completo al Poder Judicial de la República. Los métodos ya no importan, ya que el oficialismo ha perdido todos los escrúpulos con el fin de conseguir que el Poder Ejecutivo actúe a discreción, liberado de cualquier instancia de control. Como dijo el Presidente, “le van a meter nomás” y al ritmo que va el Gobierno, está a un paso de reproducir en Bolivia la historia de Francia del Siglo XV, cuando Luis El Grande afirmaba: “El Estado soy yo”.
En ausencia del Tribunal Constitucional y con la Corte Suprema herida de muerte, el MAS está por consolidar un régimen absolutista, cuyas acciones pueden ser impuestas en el país aun cuando violen la Constitución, las leyes vigentes y los derechos fundamentales de las personas. Los ciudadanos pasamos de esta forma, a ser vasallos del régimen, expuestos a los caprichos de unos gobernantes que no tienen límites.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Los administradores de justicia ahora son el presidente y sus ministros, quienes hacen denuncias, establecen dictámenes y fijan sentencias desde sus plataformas políticas. Son también esos jueces que encarcelaron a Leopoldo Fernández sin respetar las mínimas garantías del debido proceso o los que ordenan la detención de personas y su traslado a La Paz para someterlos a verdaderos linchamientos parajudiciales. La ciudadanía está en manos de fiscales que coordinan sus acciones con el Ministerio de Gobierno, que abiertamente toleran la tortura de los detenidos y la actuación de policías encapuchados.
El MAS quiere una “justicia” similar a la que flageló y dejó malherido a Marcial Fabricano; igual a la que ordenó la expropiación de la casa de Víctor Hugo Cárdenas; la que lincha en Achacachi y la que actúa todos los días en el Chapare, donde los mismos proveedores de coca para producir cocaína, son los encargados de “luchar” contra el narcotráfico. La justicia boliviana también está en manos de sujetos oscuros como Rodolfo Mattarollo, a quien el Gobierno le abrió las puertas para que venga al país a lavar su imagen de terrorista consumado y que insulta la inteligencia de la población con un informe groseramente manipulado y tendencioso sobre los sucesos violentos de Pando. El Poder Judicial boliviano está ahora en los medios de comunicación oficialistas, que se dedican a calumniar y denigrar a cualquier enemigo del régimen. También lo ejercen los militares que se han sumado oficiosamente al control político que está aplicando el MAS en todo el territorio nacional. Ahora son los diputados masistas los que suplantan a los tribunales. Son los que convirtieron a un denunciante de contrabando en acusado y que liberaron de toda culpa a un ministro que negoció con los contrabandistas en las oficinas del Palacio Quemado. La justicia está en los decretos del presidente Morales, esos que llevan consigo la aviesa intención de destruir el aparato productivo de toda una región.
En estas circunstancias, seguir denominando democracia al régimen que conduce el presidente Morales es faltar a la verdad.