Proyectan una cláusula de estabilidad. Un anteproyecto que circuló entre los movimientos sociales de Bolivia propone que las empresas paguen 2,5% más de impuesto a las utilidades para tener garantías.
Página Siete / La Paz
Los empresarios y autoridades reunidos en noviembre 2012. Archivo Página Siete
Un anteproyecto de Ley de Inversiones que circuló en los movimientos sociales el año pasado sugiere que las empresas que quieran que se les garantice estabilidad en sus inversiones, paguen una alícuota adicional de 2,5% por el Impuesto a las Utilidades.
Sin embargo, se desconoce si la propuesta finalmente será incluida en la redacción final del documento que será consensuado por el Gobierno con los empresarios privados en una comisión conjunta acordada en 2012.
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El anteproyecto consta de 42 artículos y en su capítulo VI (estabilidad de la inversión) menciona la posibilidad de incluir cláusulas de estabilidad en los contratos que inversionistas nacionales y extranjeros suscriban con el Estado.
Sin embargo, el artículo 21 señala que “el inversionista al momento de dar curso a la firma de un contrato con el Estado que contenga cláusulas de estabilidad de inversión, se obliga a cancelar anualmente una alícuota adicional al Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), equivalente al 2,5%”.
De esa manera las empresas terminarían pagando anualmente 27,5% de tributo a utilidades; la tasa vigente es 25%.
Según el anteproyecto, de esta manera se garantizará que los contratos no sean afectados por cualquier nuevo impuesto que se establezca luego de su firma. A su vez se dará estabilidad en los regímenes de promoción de exportaciones, entre otros.
El presidente de la Comisión de Planificación, Política, Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío, presentó en julio de 2012 un anteproyecto de Ley de Inversiones, que establecía 50 artículos, referentes a la seguridad jurídica, garantías y aspectos de regulación de las empresas, el manejo de los capitales y la industrialización de recursos naturales en territorio boliviano.
“La ley establece las garantías y tiene aspectos de regulación de inversiones, el registro que tienen que tener las empresas, la forma de manejar los capitales y fundamentalmente está orientada a la industrialización de recursos naturales en territorio boliviano, para que dejen de salir materias primas; de lo contrario, se pueda hacer un proceso de valor agregado e industrialización en territorio nacional”, fundamentó entonces el legislador.