Resarcimiento. La acusación contra el alcalde Percy Fernández y contra cuatro ex funcionarios municipales, por la demolición de 110 casas en las urbanizaciones La Comarca y Vallecito I, reaparece impulsada por el Vice-ministerio de Vivienda. Entre los imputados está María Costas, hermana del gobernador cruceño, Rubén Costas.
Isabel Vera, exjefa de Regulación de Edificación de la Alcaldía, dijo que Fernández respaldó la destrucción de las viviendas. El daño al Estado se calcula en Bs 22 millones, según Inés Castro, abogada del viceministerio acusador. Para los asesores de la comuna cruceña, el caso ya estaba cerrado en 2010. La causa se tramita en un juzgado de la Villa Primero de Mayo y el fiscal responsable es Anuncio Piérola, actualmente de vacaciones.
El Gobierno reactiva un juicio contra Percy
Por demolición de viviendas. El viceministro de Vivienda acusa al alcalde cruceño por el derrumbe de casas en La Comarca y, en Vallecito I, y pide resarcimiento. La Alcaldía no responde. La causa pasó al juzgado de la Villa
Una mujer y sus dos hijos velan los escombros de las viviendas derrumbadas por la Alcaldía
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El Deber, Santa Cruz, Bolivia
El Gobierno reactivó el proceso contra el alcalde cruceño, Percy Fernández, por la demolición de 110 viviendas de las urbanizaciones La Comarca y Vallecito I, ocurrida en octubre de 2008. Así lo confirmó el viceministro de Vivienda, Bony Morales, que aseguró que Fernández sigue entre los cinco imputados por este proceso, pese a que los abogados de la Alcaldía dieron por concluida la causa.
La acusación reaparece luego de que, en 2012, el munícipe admitiera que tiene una alianza con el partido de Gobierno, al tiempo que enfrenta más de una decena de juicios en su contra.
EL DEBER buscó la opinión del Secretario Jurídico de la Alcaldía, José Negrete, sobre la sindicación por el caso La Comarca, pero el abogado no atendió consultas. En noviembre de 2010, Negrete declaró: “El tema de La Comarca concluyó”.
No obstante, altos funcionarios de juzgados y de la Fiscalía cruceña aseguraron a este diario que el alcalde está incluído en la imputación y que el proceso irá a juicio orial en un par de meses.
El 28 de octubre de 2008, un grupo de maquinaria pesada, al mando de funcionarios municipales, derribó casas construidas en el kilómetro 9 al norte, zona en disputa entre Warnes y Santa Cruz. La obra era ejecutada por el Plan de Vivienda Social (PVS) del Viceministerio de Vivienda.
Aquella vez, el Gobierno se querelló contra Fernández y sus colaboradores, María Costas (hermana del gobernador cruceño), Isabel Vela, Álvaro Mier y Herman Camacho. El Gobierno ratificó esas acusaciones en una separata de prensa de domingo 30 de diciembre de 2012.
La acusación
“Por ser la máxima autoridad, es imposible que desconozca el hecho o que no haya instruido la acción”, dijo el viceministro Morales sobre el munícipe. En su opinión, si el proceso lleva demora se debe a ‘chicanas’ jurídicas admitidas por los juzgados.
Inés Castro, abogada del Viceministerio de Vivienda, asegura que en 2009 hubo una resolución fiscal que admitió el rechazo que hizo la Alcaldía cruceña de la denuncia del viceministerio, con el argumento de que la repartición gubernamental no tenía personería jurídica. Castro dice que el viceministerio no fue notificado hasta 2010, luego de que el Gobierno presentara un amparo en Sucre.
“La causa cayó en manos del juez décimo, Wilson Arévalo, y del exfiscal de Distrito Isabelino Gómez”, dice Castro y subraya que ambos son relacionados con el caso de extorsión.
Arévalo fue recusado y la causa pasó al juzgado onceavo de la Villa Primero de Mayo y el fiscal a cargo del caso es Anuncio Piérola, que actualmente está de vacaciones
Piden Bs 22 millones por resarcimiento
El daño económico al Estado se pondera en Bs 22 millones, apróximadamente, según Inés Castro, abogada del Viceministerio de Vivienda. El viceministro, Bony Morales, exige la reposición al Estado y a los beneficiarios del proyecto de 300 viviendas de interés social que se construían en 2008 en La Comarca y en Vallecito I.
Para la Alcaldía cruceña el caso había quedado atrás. “Los derechos del Viceministerio de Vivienda, de los propietarios y del Ministerio Público han precluido”, aseguró el asesor legal del alcalde Percy Fernández, José Negrete, en una nota con EL DEBER en 2010.
Castro asegura que el proyecto de 300 viviendas tenía un costo de Bs 30 millones, que la constructora contratada ya había edificado 110 casas y que se había desembolsado más del 50% de la plata.
DE AQUÍ EN MÁS
Un juicio oral en puertas, a cuatro años del hecho
1 El juzgado décimo corroboró que esta semana se trasladará el caso La Comarca-Vallecito I a la Villa Primero de Mayo.
2 El fiscal Anuncio Piérola deberá formular acusaciones contra quienes identifique como responsables y llevar el proceso a juicio oral.
3 Para el Gobierno, los recursos deben ser recuperados y los responsables deben ser sancionados en 2013.
4 El resarcimiento de los propietarios de las viviendas de interés social es la tercera tarea pendiente. El Gobierno pretende cobrar esa deuda.
Alcalde avaló la demolición, según imputada
El Ejecutivo respaldó el derribo de La Comarca por ser ilegal, argumenta.
En escombros. Así lucen hoy las casas derrumbadas en La Comarca
El Deber, Santa Cruz
“Mediante la Resolución Ejecutiva 048/2008, el alcalde Percy Fernández rechazó una solicitud de la constructura ECO, a cargo de la construcción de las viviendas de La Comarca, y respaldo el acta de demolición del oficial mayor. El alcalde no puede decir que desconocía el hecho”, asegura Isabel Vera, exjefa de Regulación de Edificación de la Alcaldía e imputada por el derribo de casas que el Gobierno adjudica a su Plan de Vivienda Social.
La versión de Vera contradice la que señalaba que ella; la exdirectora de Regulación Urbana, María Costas Aguilera; y el ex oficial mayor de Planificación, Álvaro Mier, actuaron sin conocimiento del munícipe, hecho que motivó el retiro de los tres de sus cargos en la comuna y su implicación en la denuncia que presentó el Gobierno.
Se insistió durante tres días para conocer la versión del secretario Jurídico de la Alcaldía, José Negrete, pero no atendió su teléfono ni accedió entrevistas. Sin embargo, según archivos de la hemeroteca de EL DEBER, de noviembre de 2008, los abogados de Fernández lo excusaron indicando que él no sabía de la demolición y que, “mucho menos, no estuvo en el lugar de los hechos”, cuando la maquinaria derribó las casas.
“El alcalde fue desleal al echarnos”, asegura Vera, que añade que el derrumbe de las casas se hizo de acuerdo con la ley dado que la obra de La Comarca se instaló en un predio de equipamiento terciario y avanzó pese a las advertencias que se les comunicó a su representante legal desde 2007.
Otros imputados
La arquitecta Costas, hermana del gobernador Rubén Costas, se limitó a decir: “Administrativamente, este caso ya está cerrado por la Alcaldía. Pero el Gobierno y la Fiscalía son los que lo mantienen abierto”. Se consultó sobre el tema a Mier y este evitó referirse al tema.
Según los descargos de los imputados, la obra de La Comarca figuraba a nombre de Maciel Rodríguez y no del Gobierno, y era construida por la empresa ECO, con financiamiento de la desaparecida cooperativa Sudamericana. Vera pide que se investigue por estafa a estos últimos
Cadenas de mando y responsables
Carlos Hugo Molina Saucedo / MUNICIPALISTA
La justicia ha hecho que caigamos en la desgracia de no creer en nuestros jueces y fiscales y de sospechar de que los juicios en contra de autoridades que no son del MAS tienen fines políticos. Cabe preguntarse, ¿por qué esta causa se demora más de cuatro años y aparece y reaparece? Parece una metodología del Gobierno para causar zozobra con juicios.
Por otra parte, cuando se trata de actos de autoridad, no hay forma de que la máxima autoridad, en este caso el alcalde, eluda responsabilidades. Hay una cadena de mandos y si hablamos de una demolición no hablamos de una acción menor, por las consecuencias que pueda tener. De modo que se debe investigar en ese sentido.