Rubén Darío Rojo*
La más reciente reunión de Naciones Unidas sobre el cambio climático -celebrada en Doha y en la que participamos- estableció entre sus conclusiones la necesidad de fortalecer el financiamiento ambiental, fundamentalmente a través del denominado Fondo Verde para el Clima.
El acuerdo propone a los países desarrollados aumentar las ayudas financieras a esta entidad hasta llegar a los 100.000 millones de dólares anuales, objetivo para el cual serán importantes los avances que puedan lograrse en la Cumbre de Varsovia prevista para el corriente año.
La agenda consensuada del financiamiento verde pone énfasis en los fondos destinados a países en desarrollo, con miras a compensar las pérdidas y daños causados por el cambio climático.
Como ya sugeríamos en una nota anterior, Bolivia tiene que comenzar a pensar y diseñar su inserción en los programas del Fondo Verde, lo que le permitiría al país captar grandes flujos de dinero dirigidos a la mitigación y adaptación al cambio climático, así como al desarrollo sustentable.
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En buena medida, los eventuales proyectos que Bolivia presente deberían enfocarse en la expansión de la economía verde, compuesta por empresas donde se combinen las energías alternativas con el uso intensivo de mano de obra.
El financiamiento de un Seguro Climático para el sector agropecuario también podría estar en agenda, dados los efectos nocivos que han demostrado tener en Bolivia fenómenos meteorológicos posiblemente ligados a los cambios en la atmósfera por las emisiones de gases contaminantes.
Otra posibilidad es la participación en el mercado internacional de bonos de carbono, operación que podría generarle al país unos cuatrocientos millones de dólares anuales, pero para lo cual es precisa una conservación más estricta de los parques nacionales y áreas protegidas.
En años pasados, Bolivia fue pionera con el primer proyecto piloto indígena REDD (Programa de Reducción de Emisiones de Carbono causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques) y logró la iniciativa más grande del mundo basada en la conservación de los bosques, con el Plan de Acción Climática Noel Kempff (PAC-NK).
Igualmente, Bolivia fue uno de los primeros 14 países en vías de desarrollo elegidos por el Banco Mundial para recibir apoyo financiero no reembolsable del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés).
Estos proyectos apuntaban, por ejemplo, a salvar especies madereras en 800 hectáreas en márgenes del río Sacta (Chapare), con un monto de 4.260 millones de dólares en treinta años.
Otros programas estaban por comenzar a andar en el Río Takesi (Yungas), Rurrenabaque, el Valle Alto de Cochabamba, la Laguna Colorada del Salar de Uyuni, la Chiquitania y los valles interandinos.
Conversoras de diesel ecológico, alcohol y bio-gas, proyectos de reforestación y forestación, conformaban el paquete de acciones a impulsar con la participación de instituciones estatales y privadas, además de los grupos sociales.
Sin embargo, a partir del 2009 el gobierno boliviano decidió alejarse de los programas de carbono, bajo un discurso anticapitalista y “anti-mercados financieros”.
Urge revisar esta posición, que prioriza la confrontación ideológica antes que el fortalecimiento ambiental del país.
*Presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados