Dos entrevistados coinciden en que el problema también debe existir en el gobierno central y en las empresas estatales.
Desde fortalecer el rol de los Concejos Municipales como fiscalizadores hasta adoptar mecanismos de rendición de cuentas y supervisión en la contratación de personal. Fueron algunas de las sugerencias mencionadas a eju.tv por el concejal cruceño Luis Alberto Vaca (Demócratas) y por el ex alcalde paceño, Ronald MacLean.
“Hay que recuperar los recursos para invertirlos en la ciudad”
eju.tv: ¿Cuáles son los últimos avances o hallazgos en la investigación sobre los ítems fantasmas que se lleva adelante desde el Concejo Municipal?
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Luis Alberto Vaca: No tenemos nuevos hallazgos o avances sobre la investigación, porque sencillamente el alcalde el día miércoles nos respondió que ni la directora de transparencia ni el director de recursos humanos pueden venir al Concejo Municipal, porque según reglamento no está definida la forma de convocar a esas autoridades. Además, dice textualmente que las autoridades del Ejecutivo están muy ocupadas, con mucho trabajo, por lo tanto no pueden venir a informar ni remitir información respecto al caso de los ítems fantasmas. En síntesis, la comisión especial de investigación que conformó el Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra no tiene un solo documento oficial que haya sido remitido por el alcalde. Por lo tanto, no hay nada sobre lo cual investigar. Entonces nos preguntamos: ¿qué es lo que pretende ocultar el alcalde? ¿Por qué no brinda la información?
¿Esta investigación podría ser seguida por otras sobre diversos casos de corrupción o enriquecimiento ilícito en las administraciones de Percy Fernández y Angélica Sosa?
Claro que sí. Hay que verificar y hacer auditorías sobre todas las anteriores gestiones. Para nadie es desconocido que la anterior gestión municipal estuvo plagada de denuncias de corrupción. Recordemos simplemente el caso de las bandas de los concejales, el caso de las balizas, el caso del dron, el caso del salón de té Los Jazmines, las contrataciones para la cantante, el grupo Cuarto Intermedio que se adjudicaba todos los contratos. Hay que investigar y transparentar.
Los escándalos de ítems se están expandiendo a otras entidades. ¿Podrían darse en reparticiones del gobierno central o empresas públicas en la actualidad?
Corrupción hay en todos los niveles y sobre todo en el gobierno central. Para muestra un botón: el caso de Zapata y Camc. Hay mucha corrupción en entidades del Estado y obviamente las instituciones que maneja el Movimiento Al Socialismo han estado plagadas de denuncias de corrupción.
Desde un punto de vista propositivo, ¿qué medidas de control o transparencia se pueden tomar para evitar que estos casos se repitan?
Lo que hay que hacer para evitar este tipo de casos de corrupción es que el Concejo Municipal pueda asumir a cabalidad su rol de fiscalización. En las tres gestiones que Percy Fernández fue alcalde, el Concejo estaba sometido íntegramente a lo que decidía el Ejecutivo. Por lo tanto, el Legislativo no fiscalizaba. Se hacía y deshacía con la cosa pública, a diferencia de esta gestión, donde habemos concejales que no estamos sometidos al Ejecutivo y que queremos darle el lugar y hacer cumplir las atribuciones que tiene el Concejo Municipal.
Lo más importante de este caso de ítems fantasmas se resume en dos elementos: primero, hay que llegar a saber quiénes eran los principales cabecillas de esta gran red de corrupción que se montó. No es creíble que dos o tres funcionarios de rango medio hayan podido hacer esto sin conocimiento de los jefes, de los que mandaban en la alcaldía municipal. Tenemos que saber quiénes estaban implicados, quiénes ordenaban y quiénes eran los que se beneficiaban económicamente de esta situación. Segundo, una vez se identifiquen los responsables y a cuánto ascendió el daño económico, debemos trabajar para recuperar esos recursos y que puedan ser invertidos en la ciudad.
“Antes, la ley limitaba a un 30% el gasto corriente en personal”
Por su parte, Ronald MacLean coincidió en que el problema de los ítems fantasmas podría ser frecuente en el gobierno nacional y en las empresas estatales.
“Estoy absolutamente seguro que es parte de la corrupción actual en el gobierno central y las empresas públicas, que se han dado a la tarea de dar trabajo a los militantes de su partido. Además, por estatuto solamente los masistas podrían ser funcionarios públicos y tienen obligación de contribuir económicamente al partido. Lo que debiera ser ilegal. El régimen ha triplicado el número de funcionarios públicos hasta alcanzar el medio millón”, señaló.
También recordó que, como burgomaestre de La Paz, le tocó enfrentar a quienes intentaban mantener o establecer este tipo de redes clientelares: “Cuando me hice cargo de la alcaldía por primera vez, encontré más de 2.000 supernumerarios contratados por el anterior alcalde para apoyar su candidatura. También tuve que despedir al jefe de personal, que sin mi autorización ingresaba nuevos funcionarios, seguramente con un cobro. La anterior administración municipal de La Paz tenía 9.000 funcionarios, uno por cada 100 habitantes”.
Sobre los mecanismos institucionales preventivos, MacLean opinó que “la contratación de personal no puede ser el monopolio de decisión de una persona. Se deben establecer mecanismos de rendición de cuentas y supervisión de la contratación de personal. También la digitalización de la información evita la corrupción. Antes, por ley teníamos una limitación de no exceder el 30% del gasto corriente en personal. Eso limitaba la discrecionalidad y el exceso, que se prestan para la corrupción”.
Edición y entrevistas: Emilio Martínez
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