Soto dijo que una de las principales observaciones de la Convención fue dirigida al tema del acceso a la salud, que hasta la fecha no fue implementada.
Fuente: ANF
El especialista en temas de discapacidad, Edwin Soto, señaló que existe un uso político de las personas con discapacidad por parte del Gobierno que continúa con un trato asistencialista hacia este sector.
Soto indicó que el Gobierno coordina con un pequeño grupo de personas con discapacidad que no representa a toda esta población, y son las instituciones las que elaboran las normas sin la participación de los principales interesados.
“En la actualidad se ha visto que a las personas con discapacidad se las está utilizando políticamente lo cual no corresponde, estamos viendo un pequeño grupo y los demás grupos siguen aún marginados de la situación”, dijo Soto a ANF.
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Indicó que no hay avances en la elaboración de políticas públicas y que esto se expresa con la entrega de un paquete alimentario por un valor de 500 bolivianos y por única vez, lo que prácticamente “considero que para este sector es una burla”, debido a que los proyectos deberían ser a largo plazo que es lo que ellos necesitan.
En ese sentido dijo que “seguimos viendo con esa mirada que es asistencialista, seguimos viendo a las personas con discapacidad como pobrecitos, como inútiles en cierta manera porque prácticamente no se los involucra dentro de estas políticas, dentro de estas normativas”, enfatizó.
Carlos Mariaca Álvarez, exdirigente de la Confederación Boliviana de la Persona con Discapacidad, refiere que toda la normativa que consiguieron a favor de la comunidad fue gracias a protestas y medidas de presión, “para que el Estado y la sociedad nos acepten como personas sujetas de derechos y no nos vean desde una óptica paternalista y con prejuicios lacerantes que nos devalúan”.
Pozo indicó que la elaboración de políticas públicas debe involucrar a los principales interesados y “no es pues de las instituciones hacia las personas con discapacidad”. Señaló que si se tendría que trabajar políticas públicas que sirvan al sector, “sería a través de las personas con discapacidad con las instituciones”.
Lamentó que las instituciones no hayan avanzado en políticas públicas pese a que existen recomendaciones de la Convención de los derechos de las personas con discapacidad desde 2016.
Soto dijo que una de las principales observaciones de la Convención fue dirigida al tema del acceso a la salud, que hasta la fecha no fue implementada.
“En el tema de salud no tenemos la accesibilidad como debería ser y señala la Constitución y la Convención; si vamos a los centros de salud prácticamente las personas con discapacidad tienen que esperar, los médicos y las enfermeras no están capacitados y el medicamento que está recibiendo la persona con discapacidad prácticamente le va afectando a otras partes del cuerpo”, dijo.
En el tema de los centros especializados de salud, como el de discapacidad intelectual, refirió que solo existe uno que es administrado de manera mixta público-privada, pero que en los hechos no soluciona la salud de la persona, sino que la agrava.
“Lamentablemente lo único que hacen es dopar a la persona y prácticamente luego de dos semanas internada la sacan a las calles, y en vez de rehabilitarse sale peor”, señaló.