Este año finalizaba infeliz para la actual administración. No había conseguido convertir en realidad la ficción del relato golpista con el que se intentó encubrir un escandaloso fraude electoral que marcó el año 2019.
Pero lo que realmente golpeó vendría después: tres consecutivos y contundentes reveses que menoscabaron la proyectada solidez, legitimidad y credibilidad que ostentaba (y a todos estrujaba) el régimen, al cabo de su primer año de improductiva gestión.
Primero: Una alta autoridad electoral nacional renuncia y deja en evidencia que el actual gobierno es la consecuencia de una nueva manipulación electoral, según el contundente testimonio que carcome la legitimidad de la actual administración.
Segundo: Secuestro e intento de homicidio a un grupo de periodistas por parte de armados asaltantes de tierras, patrocinados por el régimen, un «altercado» que la Policía minimizó y que ninguna autoridad investigó, expuso una colección diversa de gravísimos delitos con implicancias de toda índole. La credibilidad del gobierno se desmoronaba por favorecer cínicamente la impunidad.
Tercero: la ley madre del autoritarismo comunista que, camuflada para investigar ganancias ilícitas, pretendía criminalizar la propiedad privada, había sido revertida por un rotundo paro multisectorial liderado por Santa Cruz. Tan humillante fue la derrota política que el Presidente inventó un viaje para delegar al vicepresidente la incómoda promulgación de la ley de abrogación.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Hasta ahí, tan carcomida como vapuleada estaba la imagen del gobierno en la percepción colectiva, que exigía una drástica estrategia que, impensablemente, llegó desde el llano y no necesitó ni mucho tiempo ni demasiado esfuerzo para que el gobierno retome el control de su imagen y se revista de poder, a costa del desgaste de Santa Cruz y de parte de su estructura institucional.
Santa Cruz, principal bastión de la resistencia al totalitarismo cocalero, es ahora la que se desmorona por sí misma; ahora es el foco de la corrupción, y esto resulta comedidamente útil para limpiar el barro de la vereda del frente.
Y la bandeja la sirven dos órganos autonómicos (la Alcaldía primero y luego la Gobernación), pero no precisamente por un loable propósito de limpieza o transparencia, más bien, por la necesidad de reacomodo político y económico en la correlación del poder local para usufructuar mejor de él, sin amenazas ni competencias.
Y claro, la bandeja está completa y, a la vez, displicentemente servida hacia el centralismo para un comensal ávido de engullir (y con ello debilitar) la estructura del poder político de Santa Cruz.
Pudo (y debió) optarse por el procedimiento apropiado y lícito para la investigación, esclarecimiento, sanción y resarcimiento del tráfico de puestos fantasmas en la Municipalidad.
Pero, desde la propia autonomía municipal se invita a una autoviolación. Prefierióse abrir el camino a que el centralismo invada y abuse de competencias mediante el tristemente célebre procedimiento de comisión de fiscales, repitiendo métodos funestos como los montajes del mal llamado Caso de Terrorismo.
De esta manera se saltaron y usurparon procedimientos y órganos (Concejo Municipal y Fiscalía del Distrito), dejando el camino expedito para allanamientos absurdos, detenciones arbitrarias, listas negras intimidantes, ampliaciones sin asidero de imputaciones, luz verde a procesos extorsivos, persecución a terceros y daño a la imagen de otras instituciones del ámbito privado.
Como toda suculenta cena, no podía faltar el postre. Total, la casa invita. Ahora, «oportunamente» (después de ocho meses) «se descubre» y denuncia que unos carteles, usados en la campaña política del partido que mantuvo hegemonía departamental durante los últimos quince años, habían sido financiados con fondos públicos.
Llamativo que la denuncia provenga de la propia Gobernación contra quien antes la administró, justamente días después de que esta organización política anunciara su re-articulación.
Más llamativo aún, que se trate del mismo partido político del concejal que más estorba al gobierno municipal y sobre cuya administración existen razonables sospechas de contubernio con el partido gobernante.
La purga, tan plausible como necesaria, es indispensable para erradicar la corrupción, pero no para suplantarla, como se avizora, y con el aditamento de ornamentar con luces de color azul regalos navideños de los que el destinatario sacará un lógico provecho.
Delmar Méndez