Se inicia el juicio por octubre de 2003 bajo presión oficialista – La Prensa
El juicio se inicia sin Goni y el fiscal pedirá la rebeldía – La Razón
Una ley de Goni será parte de la base legal del proceso – La Razón
Torres pide un juicio en la Corte Penal Internacional – La Razón
Militares y alteños piden que Evo dé su declaración – La Razón
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Presión en inicio de juicio por Octubre – Los Tiempos
San Miguel dice que es irrisorio llevar juicio a CPI – Los Tiempos
Canciller está seguro de que Perú revisará refugio – Los Tiempos
Inicia juicio por genocidio a Goni y sus ministros por Octubre Negro – El Mundo
Se inicia el juicio por octubre de 2003 bajo presión oficialista – La Prensa
La Prensa.- Ocho de los 17 implicados se presentarán hoy, hay 2.500 testigos
El juicio: una incidencia de los hechos ocurridos en 2003, que ahora deberán esclarecerse en los tribunales
Las organizaciones sociales que llegaron a la capital harán vigilia y seguimiento al proceso contra Goni.
El juicio de responsabilidades contra el ex presidente de la República Gonzalo Sánchez de Lozada y su gabinete de ministros se iniciará hoy a las 09.30 en la Corte Suprema de Justicia de Sucre con ocho imputados. Se prevé que comparezcan alrededor de 2.500 testigos y se presenten unas 4.900 pruebas. El proceso comienza bajo presión de organizaciones sociales afines al MAS.
La muerte de 68 personas y más de 400 heridos en la denominada “guerra del gas” es el principal argumento para que este juicio se inicie luego de cinco años de trámite.
En el empiezo del proceso estarán presentes ocho de los 17 imputados. Además, por primera vez en la historia de Bolivia, se procesará a cinco ex miembros del Alto Mando militar y a un ex Presidente elegido en democracia. En Sucre se encuentran los cinco ex jefes militares que fungían como tales hasta el 17 de octubre de 2003: Roberto Claros Flores, José Oswaldo Quiroga Mendoza, Juan Véliz Herrera, Luis Alberto Aranda Granados y Gonzalo Alberto Rocabado Mercado.
A ellos se suman tres ex ministros: Érick Alberto Reyes Villa Bacigalupi, Adalberto Kuajara Arandia y Dante Napoleón Pino Archondo. Todos ellos dijeron que no obstaculizarán el proceso y alegan que no tienen ninguna responsabilidad por las muertes de octubre y que por eso permanecen en el país.
Nueve ex autoridades han preferido salir de Bolivia porque, según dicen, en el país no hay seguridad jurídica y el juicio tiene carácter político. Sánchez de Lozada y sus ex colaboradores Carlos Sánchez Berzaín, Jorge Berindoague y Guido Áñez están en EEUU; Mirtha Quevedo y Javier Torres Goitia son refugiados del Alto Comisionado de la ONU en Perú, Jorge Torres Obleas es un asilado político en ese mismo país, Hugo Carvajal se encuentra en España y Yerko Kukoc tiene paradero desconocido. Según El Deber, gente de su entorno dijo que se encuentra en una zona rural de La Paz y que el domingo llegará a Santa Cruz.
Las víctimas de octubre pedirán la pena máxima de 20 años de privación de libertad por el supuesto delito de genocidio y otros. El Ministerio Público ha imputado a las 17 ex autoridades por haber firmado el Decreto Supremo 27209 que promovió la intervención de las Fuerzas Armadas en los conflictos de octubre de 2003.
Los fiscales Mario Uribe, Mirna Arancibia y Milton Mendoza; el apoderado de las víctimas fallecidas, Rogelio Mayta; el apoderado de los heridos, Freddy Hablaos; el representante de Derechos Humanos, Cristian Zanabria, y una parte de los acusados esperan el inicio del proceso. Los tribunos son: Ángel Irusta Pérez (presidente), Hugo Roberto Suárez Calbimonte(ministro), Elizabeth Maldonado Loayza (conjuez), Daysi Careaga Alurralde (conjuez), Édgar Ruck Arzabe (conjuez), José Ortuste Quiroga (conjuez), Freddy Tomás Rojas Castellón (conjuez), Freddy Lupa Totola (conjuez), Víctor Hugo Escóbar Herbas (conjuez) y Eduardo Arteaga Ribera (conjuez).
Presión social
Unas 80 personas, de ellas 50 pertenecientes a la Central Obrera Regional (COR) de El Alto y 30 a la Fejuve, se trasladaron a la capital de la República para seguir el juicio contra el ex Mandatario, así lo confirmó el dirigente vecinal Rubén Martínez, quien aseguró que la delegación será reforzada con otras personas en el curso de los próximos días y de esa manera hacer fuerza hasta que finalice el proceso. Los familiares de las víctimas de octubre de 2003 también se trasladaron hasta la capital para presenciar el juicio.
Berzaín desde Miami
Carlos Sánchez Berzaín declaró desde Miami a El Deber que “Evo Morales ha elegido para encubrir los delitos que él mismo ha cometido en octubre de 2003 y antes. Es un juicio político, nulo de pleno derecho, yo no estoy ni siquiera notificado”. Añadió que “me encantaría estar en Bolivia para hacer oposición y luchar para evitar que Evo consolide un gobierno autoritario, pero como él sabe esto, me persigue para anularme. Bolivia tiene en el Gobierno de Evo Morales la administración más violenta, antinacional, corrupta e ineficiente de la historia”.
Analistas
Los analistas políticos coincidieron en que esta situación potenciaría al Gobierno. Irving Alcaraz asegura que el Ejecutivo gana más ruido electoral, aunque pierde seriedad por la forma en que se está manejando el sistema jurídico, tomando en cuenta que, por un lado, intenta impulsar un juicio y, por el otro, insiste en aniquilar la institucionalidad, haciendo referencia a la suspensión del Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Jorge Lazarte duda de que la preocupación gubernamental esté en el juzgamiento por “octubre negro”. Considera que está dirigida a asegurar el control del Poder Judicial, por eso utiliza el amedrentamiento contra los magistrados, dando a entender que esto puede ocurrir con cualquiera que actúe contra sus intereses.
Los que van al proceso
Gonzalo Sánchez de Lozada, ex presidente. Nació en La Paz el 1 de julio de 1930. Estudió Filosofía y Letras en Chicago y luego retornó a Bolivia, donde fue parte del mundo empresarial y político.
Yerko Kukoc, ministro de Gobierno. Nació en Potosí, tiene 51 años. Estudió Ingeniería Agronómica.
Jorge Berindoague, ministro de Hidrocarburos.
Érick Reyes Villa, ministro de Desarrollo Sostenible. Nació en La Paz en 1953. Fue también dignatario entre 1997 y 1999, durante la administración Banzer.
Jorge Torres, ministro de Desarrollo Económico. Nació el 25 de mayo de 1957. Estudió Ingeniería Eléctrica.
Hugo Carvajal, ministro de Educación. Nació en Yacuiba el 12 de junio de 1953.
Javier Torres Goitia C., ministro de Salud. Nació en Oruro en 1959. Estudió Medicina en la Universidad de Santiago de Chile.
Adalberto Kuajara, ministro de Trabajo. Nació en Santa Cruz y fue militante del PCB.
Guido Áñez, ministro de Asuntos Campesinos. Nació en Santa Cruz en 1959.
Mirtha Quevedo, ministra de Participación Popular. Nació en 1960 en Oruro.
Dante Pino, ministro de Servicios Financieros. Nació en La Paz en 1949. Estudió Economía.
Carlos Sánchez Berzaín, ministro de Defensa. Nació en Cochabamba el 11 de septiembre de 1959. Fue el hombre de confianza de Gonzalo Sánchez de Lozada. Ocupó también los cargos de ministro de Gobierno y de la Presidencia.
Los protagonistas
Una delegación de dirigentes de la COR alteña se trasladó hasta la capital para seguir el proceso.
Sánchez Berzaín asegura que el juicio en su contra es una farsa, “un linchamiento jurídico”.
Llegó la hora de que fiscales y abogados particulares hagan prevalecer las pruebas contra Goni.
Según el nuevo ordenamiento jurídico, las ex autoridades deben retornar para ser juzgadas.
El abogado Costa Obregón aseguró que el Gobierno debe apelar a la extradición.
Hay expectativa por el inicio del juicio a Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ex colaboradores.
El juicio se inicia sin Goni y el fiscal pedirá la rebeldía – La Razón
La Razón.- El Ministerio Público solicitará esa declaratoria para el ex presidente y los imputados que hoy no asistan al inicio del proceso judicial. De forma oficial se sabe que sólo ocho de 17 imputados se encuentran en el país.
• 13 DE OCTUBRE DEL 2003 • Los movimientos sociales queman fotografías y carteles de Sánchez de Lozada en la plaza San Francisco, donde días después se festejó su renuncia.
Sin la presencia de los principales acusados y luego de cinco años de los hechos violentos de octubre del 2003, la Corte Suprema de Justicia da inicio hoy al juicio oral de responsabilidades en contra del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, de todo su gabinete de ministros y del Alto Mando Militar de esa gestión. La Fiscalía pedirá que se los declare rebeldes a los ausentes.
El suceso que dejó al menos 68 fallecidos y más de un centenar de heridos tiene, según el Ministerio Público, al principal acusado, Sánchez de Lozada, radicando en Estados Unidos y a sus colaboradores más cercanos en ese país, en Perú y España
El fiscal que lleva adelante el caso, Milton Mendoza, informó ayer a La Razón que como primera acción, luego del inicio del juicio, pedirá la declaratoria de rebeldía en contra de aquellos imputados que no se presenten.
El Gobierno de Perú otorgó asilo y refugio a los ex ministros Mirtha Quevedo, Javier Torres-Goitia y Jorge Torres. Extraoficialmente se conoce que Yerko Kukoc también estaría en ese país.
Asimismo, desde el 2003 Sánchez de Lozada y sus colaboradores Carlos Sánchez Berzaín, Jorge Berindoague y Guido Áñez radican en Estados Unidos. Hugo Carvajal pidió asilo a España.
Mendoza aseguró que con la declaratoria de rebeldía “se suspende cualquier plazo de prescripción”, Las personas en esa condición, serán buscadas, aprehendidas y llevadas al tribunal sin ningún plazo de tiempo y su proceso podrá seguir adelante.
El fiscal informó que hoy se dará lectura al documento de acusación, el cual contempla al menos 600 páginas. Uno de los principales delitos es el genocidio. Asimismo, se realizará un debate sobre la situación de los imputados presentes y ausentes.
De quienes al menos se sabe que están en el país es de Dante Pino, Erick Reyes Villa, Adalberto Kuajara. Asimismo, el abogado de cuatro de los cinco militares que también están imputados, Erick Seifert, señaló ayer que todos fijaron domicilio en Sucre y estarán presentes en el juicio.
No obstante, el fiscal aclaró que se puede comenzar un juicio con la ausencia de los imputados. “Se suspenderá el juicio para algunos y luego serán convocados para que sean juzgados”.
Explicó que durante el proceso se fundamentará la acusación, habrá una etapa de incidentes y excepciones, los imputados podrán dar su versión de los hechos, existirá un alegato de defensa. Empero, para Mendoza, “la etapa esencial será cuando se presenten las pruebas”.
Remarcó que la Fiscalía agotará todas las instancias en el país para que este proceso culmine con las demandas solicitadas, de lo contrario se acudirá a organismos internacionales.
Por su parte, el ex ministro Torres Obleas presentó en febrero un memorial ante la Corte Suprema solicitando el juzgamiento de los hechos ante la Corte Penal Internacional.
Durante septiembre y octubre del 2003 un violento enfrentamiento entre ciudadanos y las fuerzas de orden, por el tema del gas y su exportación, dejaron muertos y heridos. Sánchez de Lozada abandonó el país.
“La etapa más importante (del juicio de responsabilidades) será cuando se presenten las pruebas”.
MILTON MENDOZA, fiscal que investiga el caso.
Los imputados y dónde se encuentran ahora
Gonzalo Sánchez de Lozada • Ex presidente de Bolivia. Actualmente se encuentra en Estados Unidos.
Carlos Sánchez Berzaín • Fue ministro de Defensa. Radica desde octubre del 2003 en Miami, Estados Unidos, bajo la figura de asilo político.
Yerko Kukoc • Fue ministro de Gobierno de Sánchez de Lozada. Surgieron versiones de que probablemente se encuentra en Perú.
Jorge Berindoague • Fue ministro de Hidrocarburos y actualmente se encuentra en Estados Unidos.
Jorge Torres Obleas • Estaba al mando de la cartera de Desarrollo Económico. Actualmente está en Perú como asilado político.
Erick Reyes Villa (NFR) • Fue ministro de Desarrollo Sostenible. Dijo, las últimas semanas, que se quedará en el país para el juicio.
Hugo Carvajal (MIR) • Ex ministro de Educación. Según el fiscal Milton Mendoza, se encontraría en España, luego de pedir asilo.
Javier Torres-Goitia • Fue ministro de Salud. La útima semana fue aceptada su petición de refugiado en Perú.
Adalberto Kuajara (NFR) • Ex ministro de Trabajo. Fuentes del Ministerio Público informaron que está en Sucre para el juicio.
Guido Áñez • Fue ministro de Asuntos Campesinos. Desde febrero de este año se encuentra en Estados Unidos.
Mirtha Quevedo • Fue ministra de Participación Popular. Hace tres semanas se la vio en la Fiscalía de La Paz. Ahora está refugiada en Perú.
Dante Pino (NFR) • Ex ministro de Asuntos Financieros. Se encuentra en Bolivia y señaló que se presentará en el juicio hoy.
General Juan Véliz • Fue comandante del Ejército, se encontraría en EEUU.
Almirante Luis Alberto Aranda • Fue comandante de la Armada.
General José Oswaldo Quiroga • Ex jefe de la Fuerza Aérea Boliviana.
Roberto Claros • Fue el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.
Gonzalo Alberto Rocabado • Es el ex jefe del Estado Mayor del Ejército.
Se prevé que 8 acusados asistan
Los cinco militares miembros del Alto Mando Militar del 2003 y tres ex ministros anunciaron que estarán presentes hoy en el inicio del juicio de responsabilidades sobre los hechos de octubre. Nueve de los imputados están fuera de Bolivia.
Las ex autoridades Adalberto Kuajara, Dante Pino y Erick Reyes Villa anunciaron por separado que hoy asistirán a la Corte Suprema de Justicia y asumirán su defensa en el caso.
Por su lado, los militares Juan Véliz, Luis Alberto Aranda, José Oswaldo Quiroga, Roberto Claros y Gonzalo Laberto Rocabado, miembros del Alto Mando Militar de ese año, fijaron su domicilio en la ciudad de Sucre para participar del juicio, según informó el abogado Erick Seifert.
Mientras que nueve de los imputados por la Fiscalía se encuentran en Perú, España y Estados Unidos. En total son 17 los acusados en el marco del juicio de responsabilidades y por el delito de genocidio, entre otros.
Una ley de Goni será parte de la base legal del proceso – La Razón
PROCESO • La Ley 2445 fue aprobada el 13 de marzo del 2003, después de “febrero negro”.
Gonzalo Sánchez de Lozada fue quien promulgó el 13 de marzo del 2003 la Ley 2445 de Juicios de Responsabilidades para Altos Dignatarios de Estado con la que desde hoy se inicia el proceso de responsabilidades por los hechos que derivaron en su renuncia.
Para el abogado de las víctimas de octubre, Rogelio Mayta, la ley “está hecha a la medida para lograr la impunidad de Sánchez de Lozada (…) porque dejaba vacíos”; pero, ellos fueron subsanados en el proceso que comenzó el 2003.
Por su parte, Erick Seifert, abogado defensor del Alto Mando Militar, dijo que la ley, como uno de sus defectos, no tiene “una doble instancia para apelaciones”.
Al respecto, Mayta sostuvo que en la práctica ese problema fue superado con el amparo constitucional, “que resguarda el derecho a la impugnación”.
Torres pide un juicio en la Corte Penal Internacional – La Razón
MEMORIAL • Lo presentó en febrero de este año ante la Suprema y otras instancias del país.
El ministro de Desarrollo Económico durante la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada, Jorge Torres Obleas, presentó en febrero de este año un memorial en el que solicita acudir a la Corte Penal Internacional para que esa instancia lleve a cabo el juzgamiento de los hechos de septiembre y octubre del 2003.
“Si se desea que estén todas las personas involucradas en un proceso que garantice el juzgamiento de los presuntos autores (…) se debe dar curso a esta solicitud y realizar todas las gestiones necesarias”, dice una parte del documento presentado.
La solicitud llegó a la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General, el Congreso, el Ministerio de Justicia y al Defensor del Pueblo. Su argumento consiste en que el proceso en el marco del juicio de responsabilidades estuvo caracterizado “por mutuas acusaciones (de las partes), injerencia, ineficiencia y falta de voluntad entre las propias instituciones involucradas en el juicio como la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, la Presidencia de la República y otras”.
El memorial señala que si no va a la instancia internacional, significará que “se está jugando con la memoria de las personas caídas (…) con fines políticos”.
LA INSTANCIA
Competencia • La función de la Corte Penal Internacional está establecida en el Estatuto de Roma, el 17 de julio de 1998.
Labor • Órgano de justicia internacional y permanente que se encarga de no dejar impunes delitos internacionales.
Militares y alteños piden que Evo dé su declaración – La Razón
PROCESO • Coinciden en que Evo es un testigo importante por su relación con las organizaciones sociales y porque presentó la denuncia.
• EL Diputado y dirigente • Evo Morales en una de las sesiones de la Cámara Baja en septiembre del 2003.
La parte acusatoria en el caso Octubre y el abogado de la defensa del Alto Mando Militar coinciden en que el presidente Evo Morales debería testificar en el juicio de responsabilidades que se le sigue al ex mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada, a sus ministros y a cinco generales, ya que fue un actor de los movimientos sociales del 2003.
La audiencia de juicio oral contra las ex autoridades de Estado se instalará hoy a las 9.30 en la Corte Suprema de Justicia, en la ciudad de Sucre.
El abogado de cuatro de los cinco generales procesados, Erick Seifert, solicitó que el mandatario Evo Morales declare porque “tiene que aclararnos cuál fue su deseo, su participación y a qué se debían los bloqueos. Hay muchas cosas que el pueblo boliviano debe saber”.
“No hay ningún impedimento para que el Presidente se presente a declarar porque él también tuvo participación en los hechos de septiembre y octubre”, señaló Erick Seifert.
El abogado defensor de las víctimas de octubre negro, Rogelio Mayta, explicó que Morales, además de ser diputado nacional, era parte de las organizaciones sociales, por lo que tiene informaciones que ayudarán a la investigación. “En el caso del juicio oral (su declaración) establecerá las bases para una sentencia”, dijo el profesional.
Mayta aseguró que en el proceso de investigación Evo Morales ya fue convocado y “siendo diputado en ese entonces —sin acogerse a ningún fuero— ha prestado su declaración”.
Hace pocos días, el ministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, aseguró que el Jefe de Estado es el principal denunciante y que por ello no puede ser considerado testigo en este juicio. ´Esta situación debe quedar claramente establecida ante un comentario desesperado de alguna ex autoridad pública que pretende citar a Evo Morales para que se presente a declarar como testigo´, afirmó la autoridad.
Ante dicha declaración, Seifert dijo que “cuando llegue el momento nosotros haremos la prioridad y la necesidad de que se haga presente en la Corte Suprema de Justicia a declarar (…)”.
Mayta aclaró que, como Presidente, Morales tiene la prerrogativa de poder absolver las preguntas de un interrogatorio de manera escrita, pero “nadie puede rehuir el llamado de las autoridades judiciales si son convocadas a dar su declaración”.
Mayta señaló que lamentaría que la defensa de las ex autoridades presenten nuevos recursos que dilaten el juicio de responsabilidades, como la recusación de la semana pasada.
Además, adelantó que —en el inicio del proceso— alrededor de un centenar de las víctimas se presentarán en la Corte Suprema en Sucre.
Juicio
Corte Suprema • El juicio de responsabilidades comenzará a las 9.00 en la Corte Suprema de Justicia de Sucre. Estarán presentes un centenar de las víctimas de octubre negro.
Declaración • Héctor Arce considera que Evo Morales es denunciante y no testigo para que se presente a declarar.
Presión en inicio de juicio por Octubre – Los Tiempos
Sánchez de Lozada ausente, la Suprema descabezada y crisis diplomática enmarcan el proceso
El ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. – Foto | Los Tiempos Los Tiempos
El ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. – Foto | Los Tiempos Los Tiempos
Artículo(s) relacionado(s)
Canciller está seguro de que Perú revisará refugio
San Miguel dice que es irrisorio llevar juicio a CPI
Sánchez de Lozada ausente, la Suprema descabezada y crisis diplomática con Perú enmarcan el proceso
Red Líder
Hoy a las 9:30 en Sucre, tras casi seis años de trámite, se instalará el juicio de responsabilidades por los sucesos violentos de octubre de 2003, bajo presión de organizaciones sociales afines al MAS y de las tensiones generadas por la crisis diplomática con Perú a raíz del asilo que otorgó el Gobierno del país vecino a los ex ministros de Gonzalo Sánchez de Lozada, y el descabezamiento de la Corte Suprema de Justicia, con la suspensión de su presidente Eddy Fernández, acusado por retardación de justicia.
El juicio por el caso denominado “Octubre Negro”, además, se instalará en ausencia de nueve de los 17 acusados entre ellos el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (elegido democráticamente), quien al igual que la mayoría de sus principales colaboradores no se encuentra en el país y lograron en algunos casos asilo y refugio en el exterior.
El Tribunal de Sentencia que tendrá en sus manos a partir de hoy la tramitación y resolución del juicio, está integrado únicamente por dos ministros de la Corte Suprema de Justicia en funciones, los restantes nueve componente son abogados connotados, designados conjueces, que fueron convocados para suplir las vacantes dejadas por las excusas y recusaciones planteadas contra los magistrados.
Los 11 jueces tendrán la responsabilidad de escuchar a los más de 2.500 testigos y de revisar las 6 mil pruebas de cargo y descargo presentados por la acusación y los acusados por la muerte de 68 personas y más de 400 heridos resultado de la denominada “Guerra del Gas” de 2003.
Erick Alberto Reyes Villa Bacigalupi, Adalberto Kuajara Arandia y Dante Napoleón Pino Archondo, los tres ex ministros, quienes ya se encuentran en Sucre y aseguraron su presencia hoy en la audiencia, dijeron que no obstaculizarán el proceso y alegan que no tienen ninguna responsabilidad por las muertes de octubre y que por eso se quedan en el país.
Además, por primera vez en la historia del país se procesará a cinco ex miembros del Alto Mando Militar, que fungían como tales hasta antes del 17 de octubre: Roberto Claros Flores, José Oswaldo Quiroga Mendoza, Juan Veliz Herrera, Luis Alberto Aranda Granados y Gonzalo Alberto Rocabado Mercado, quienes están en Sucre.
Mientras que nueve ex autoridades, acusados en el caso, han preferido no estar en Bolivia porque, según dicen, en el país no hay seguridad jurídica y lo que se viene es un proceso político. El ex presidente Sánchez y sus ex ministros Carlos Sánchez Berzaín, Jorge Berindoague y Guido Áñez están en EEUU; Mirtha Quevedo y Javier Torres Goitia son refugiados del Alto Comisionado de la ONU en Lima, y Jorge Torres Obleas es un asilado político, Hugo Carvajal se encuentra en España y Yerko Kukoc tiene paradero desconocido. Según El Deber gente de su entorno dijo que se encuentra en una zona rural de La Paz y que el domingo llegaría a Santa Cruz.
Las víctimas de octubre pedirán la pena máxima de 20 años de privación de libertad por el supuesto delito de genocidio y otros. El Ministerio Público, ha imputado a las 17 ex autoridades por haber firmado el Decreto Supremo 27209 que promovió la intervención de las Fuerzas Armadas de la Nación en los conflictos de octubre de 2003.
Los fiscales Mario Uribe, Mirna Arancibia y Milton Mendoza; el apoderado de las víctimas fallecidas, Rogelio Mayta; el apoderado de los heridos, Freddy Hablaos; el representante de Derechos Humanos, Cristian Zanabria, y una parte de los acusados esperan el inicio del proceso ya en Sucre.
Asimismo unas 80 personas, 50 pertenecientes a la Central Obrera Regional (COR) El Alto y 30 pertenecientes a la Fejuve se trasladaron a la capital de la República para seguir el juicio contra el ex mandatario, así lo confirmó el dirigente vecinal Rubén Martínez, quien aseguró que la delegación sería reforzada con otras personas en el curso de los próximos días y de esa manera hacer fuerza hasta que finalice el proceso. Los familiares de las víctimas de octubre también se trasladaron a Sucre para presenciar el juicio.
Un juicio complicado
El inicio del juicio estuvo a punto de ser postergado la semana pasada, a raíz de un memorial de recusación presentado por la ex ministra Mirtha Quevedo contra todos los miembros del Tribunal de Sentencia, pero el recurso legal fue rechazado por los conjueces y abogados notables que conformaron el tribunal.
El fiscal de recursos que lleva adelante la investigación, Milton Mendoza, admitió que este proceso tendrá muchas complicaciones e interrupciones. "Hay que estar consciente de que eso va a ser así; hay que superar esos escollos y seguir adelante hasta lograr una sentencia, dure lo que dure, lo importante en estos procesos contra altos dignatarios es sin duda tener paciencia y llegar al resultado final", indicó.
Manifestó que las medidas cautelares contra los involucrados deben ser resueltas a tiempo para evitar la inasistencia de los acusados, muchos de los cuales optaron por abandonar el país y solicitar refugio ante gobiernos de países vecinos.
La Corte Suprema de Justicia dejará en suspenso el proceso contra Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague declarados rebeldes, mientras comparezcan ante la justicia o sean conducidos con una aprehensión. La misma figura podría aplicarse hoy para Guido Áñez, Mirtha Quevedo, Jorge Torres Obleas y Javier Torres Goitia, los tres últimos asilados en el Perú. Además, para Yerko Kukoc y Hugo Carvajal Donoso —probablemente en España—, cuyo paradero se desconoce.
El TRIBUNAL
El Tribunal de Sentencia que conocerá el juicio hoy estará integrado por:
• Ángel Irusta Pérez (ministro-presidente del Tribunal)
• Hugo Roberto Suárez Calvimonte (ministro)
• Elizabeth Maldonado Loayza (conjueza)
• Daysi Careaga Alurralde (conjueza)
• Édgar Ruck Arzabe (conjuez)
• José Ortuste Quiroga (conjuez)
• Freddy Tomás (conjuez)
• Rojas Castellón (conjuez)
• Freddy Lupa Totola (conjuez)
• Víctor Hugo Escóbar Herbas (conjuez)
• Eduardo Arteaga Ribera (conjuez)
San Miguel dice que es irrisorio llevar juicio a CPI – Los Tiempos
Con su “huída” demostraron su culpabilidad, según el ministro
La Paz | Ap y Efe
El ministro de Defensa Walker San Miguel calificó ayer de "irrisorio y contradictorio" el pedido de un ex ministro, acusado de genocidio y asilado en Perú, de que el juicio por los hechos de “Octubre Negro” se lleve ante la Corte Penal Internacional (CPI).
El ex ministro Jorge Torres Obleas afirmó desde su condición de refugiado en Perú que en Bolivia no existen "las mínimas condiciones para un juicio debido" por el "Octubre Negro" y pidió que se ventile en la CPI.
La Corte Suprema de Justicia abrirá hoy el juicio por "genocidio" sin presencia de los acusados, entre ellos el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
El ex mandatario y algunos de sus ministros se fueron de Bolivia tras los enfrentamientos de octubre de 2003. Tres de los ex ministros: Jorge Torres Obleas, Mirtha Quevedo y Javier Torres Goitia están en Perú y el Gobierno de ese país les otorgó refugio.
Torres Obleas desde Lima en declaraciones a El Deber, explicó que su regreso al país está "supeditado a que se generen las condiciones para un debido proceso".
"Si llega allí, estarán todos los actores y estoy seguro de que mi caso se dilucidaría en la primerísima de las etapas, pues no hay disputa para que esté involucrado", acotó.
San Miguel entre risas le respondió que ese pedido es algo contradictorio y demuestra su culpabilidad ya que mientras Torres Obleas y los otros dos ex ministros permanecían en el país defendían a la Corte Suprema de Justicia, pero como ahora se encuentra cerca el juicio ellos "escaparon".
Canciller está seguro de que Perú revisará refugio – Los Tiempos
Confirmó envío de documentación
Por Agencias | – Agencia – 18/05/2009
El canciller David Choquehuanca se mostró ayer muy optimista sobre la revocatoria del asilo y dos refugios que otorgó el Gobierno peruano a tres ex ministros de Bolivia, acusados de genocidio por los hechos de octubre 2003.
Aseguró —según la red Erbol— que Perú reconsiderará su decisión después de informarse a través de los dos tomos de documentación que enviaron sobre el caso.
“Antes de dar asilo y refugios seguro Perú no contaba con documento, pero viendo los dos tomos de documentación que enviamos consideramos que van a considerar su decisión”, dijo Choquehuanca, en declaraciones a la radio estatal Patria Nueva.
El 11 de mayo, Perú otorgó refugio a los ex ministros de Salud, Javier Torres Goitia, y la ex titular de Participación Popular, Mirtha Quevedo. Tres días antes también concedió asilo al ex ministro de Hacienda, Jorge Torres Obleas.
“Considero que ellos (Gobierno peruano) deberían informarse porque somos países hermanos, estas decisiones pueden perjudicar y poner en riesgo las relaciones entre ambos países”, afirmó.
Inicia juicio por genocidio a Goni y sus ministros por Octubre Negro – El Mundo
La Corte Suprema de Justicia de Bolivia iniciará el lunes un juicio de responsabilidades por genocidio contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, autoexiliado en Estados Unidos junto a varios de sus ex ministros refugiados en ese país y Perú, acusados de las muertes de “Octubre Negro” de 2003.
El proceso se iniciará a las 9:00 horas en la sede del máximo Tribunal de Justicia la Corte Suprema de Sucre, después de una demanda entablada en octubre de 2003, cinco días después de que el ex presidente dimitió y huyó a Estados Unidos forzado por una revuelta popular, pero que por espinosos procesos judiciales se iniciará recién el lunes.
Sánchez de Lozada, que no comparecerá al proceso, se autoexilio en Estados Unidos junto a Carlos Sánchez Berzaín, ministro de Defensa y Jorge Berindoague, de Hidrocarburos, después de renunciar tras una insurrección popular que se oponía a la exportación de gas natural a Estados Unidos por puertos chilenos.
La revuelta popular se cobró la vida de 67 personas y dejó al menos 400 heridos, cuyos familiares son los principales demandantes.
Según la fiscal Mirna Arancibia, “la Fiscalía General de la República tiene listas más de 4.900 pruebas para sustentar la acusación por genocidio contra del ex presidente”, además de al menos 3.000 testigos en un proceso oral que puede durar varios meses.
“Hemos presentado la documentación del caso Octubre Negro, los reportes periciales, informes de inteligencia de la Policía, de las Fuerzas Armadas, los certificados forenses, los certificados de defunción, informes clínicos de los heridos, amplio muestrario fotográfico donde se podrá apreciar los atropellos contra la población alteña”, informó la fiscal de Recursos.
Arancibia señaló que entre las pruebas se incluye “un examen psiquiátrico que se le hizo a Gonzalo Sánchez de Lozada, para establecer el grado de capacidad mental” que evidencia “que tenía la intención clara de usar la fuerza y de matar”.
El juicio de responsabilidades imputa a 17 personas, Sánchez de Lozada, once de sus ministros y cinco miembros del Alto Mando Militar y policial de su Gobierno, de los cuales ocho buscaron refugio en otros países y no están en el país.
Sánchez de Lozada partió a Estados Unidos junto a sus ex ministros Sánchez Berzaín y Berindoague al momento de dimitir.
El ex ministro de Agricultura Guido Áñez reside también en Estados Unidos y el ex ministro de Educación Hugo Carvajal en España.
Además, la semana pasada el gobierno de Perú otorgó asilo a los ex ministros Jorge Torres Obleas (Desarrollo Económico), Mirtha Quevedo (Participación Popular) y Javier Torres Goitia (Salud), que decidieron viajar a ese país porque a su juicio en su país no estaban dadas las condiciones para recibir un proceso justo.
Se presentarán a las audiencias los ex ministros de Trabajo, Adalberto Kuajara; de Desarrollo Sostenible Erick Reyes Villa y de Servicios Financieros, Dante Pino, además de los ex jefes militares y policiales.
La imputación contra el ex presidente establece delitos de homicidio, vejaciones y torturas lesiones gravísimas, graves y leves, privación de libertad, allanamientos atentados a la libertad de prensa y resoluciones contrarias a la ley.
El juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada será el segundo en la historia republicana de Bolivia pues en 1995 fue sentenciado a 30 años de prisión el ex presidente Luis García Meza que encabezó un sangriento golpe de estado para establecer una dictadura militar de 1980 al 81.
EL DATO
ENJUICIADOS
Son 17 los miembros de la lista de enjuiciados de los cuales sólo ocho estarán presentes. Entre ellos los ministros:
Adalberto Kuajara
Ministro de Trabajo
Erick Reyes Villa
Desarrollo Sostenible
Dante Pino Archondo
Ministro de Servicios Financieros,
cinco ex jefes militares y policiales
ESTARÁN AUSENTES
Gonzalo Sánchez de Lozada
Carlos Sánchez Berzaín,
Ministro de Defensa
Jorge Berindoague,
Ministro de Hidrocarburos.
Guido Áñez Moscoso
Ministro de Agricultura
Hugo Carvajal
Ministro Educación España.
Jorge Torres Obleas
Ministro de Desarrollo Económico. (Perú)
Mirtha Quevedo
Ministra de Participación Popular. (Perú)
Javier Torres Goitia
Salud (Perú)
Muertos
Murieron 67 personas y 400 heridos.
Según la fiscal Mirna Arancibia, se tiene una lista de más de 4.900 pruebas para sustentar la acusación por genocidio.
Cuentan con más de 3.000 testigos en un proceso oral que puede durar varios meses.