Los documentos notariados fueron hallados en un operativo de rescate de dos adolescentes, a quienes pretendían llevar al municipio minero de Santa Rosa de Mapiri, en La Paz. Hay siete procesados.
Carlos Quisbert / La Paz
Una red de proxenetas pretendía legalizar la explotación sexual de adolescentes por medio de contratos notariados. La Policía Boliviana investiga a los abogados, presuntos responsables de la elaboración de estos documentos. Dos de las víctimas en el caso “Las Rositas” eran llevadas desde Santa Cruz y Cochabamba hasta el municipio minero de Santa Rosa de Mapiri, en La Paz.
El coordinador nacional y jefe de la dirección de trata y tráfico de personas en La Paz, Boris Gutiérrez, informó a Página Siete que durante los operativos de rescate de dos víctimas de 16 y 17 años, en noviembre, se realizaron allanamientos en locales y domicilios particulares. Allí encontraron contratos notariados firmados por adolescentes mujeres, por medio de los cuales se pretendía legalizar la explotación sexual.
Los investigadores policiales dieron con esos documentos en los que evidenciaron que se pretendía obligar a menores a trabajar bajo ese formato en Mapiri, a 335 kilómetros de la sede de Gobierno, donde la principal actividad es la extracción de oro. La Policía catalogó a los municipios del norte de La Paz como zonas rojas de la explotación sexual y la trata de personas.
Ahora se investiga a los supuestos notarios que elaboraron y avalaron aquellos contratos firmados por quienes no tenían la mayoría de edad.
Gutiérrez señaló que hay por este caso siete personas procesadas, tres varones y cuatro mujeres. Seis de ellas ya fueron encarceladas, pero la supuesta cabecilla se benefició con detención domiciliaria.
Red criminal
Los indicios señalan que la presunta líder de esta red criminal es Katerín Rocío R. T., de 32 años, con antecedentes penales en Perú por los mismos tipos de delitos, y quien precisamente fue la única beneficiada con medidas sustitutivas y la detención domiciliaria dispuestas por el juez décimo de Instrucción Penal, Hugo Huacani.
“Los documentos notariados que logramos secuestrar, en los diferentes allanamientos que se realizaron, tienen como tenor principal la prestación de servicios en relación a la trata y tráfico de personas; vale decir proxenetismo, porque incentiva, motiva y promociona la prostitución, así como la compañía de las supuestas trabajadoras (a los clientes) durante la venta de bebidas alcohólicas en estos locales”, informó Gutiérrez.
“Lo más curioso es que estos contratos están firmados por menores de edad, lo que quiere decir que se incurrió en varios vicios de nulidad. La investigación aún continúa, estamos a la espera de la respuesta de varias instituciones ante los requerimientos fiscales que deben brindar los nombres completos de los que firman los contratos. Estamos verificando si se trata de notarios que siguen trabajando o son firmas falsificadas”, manifestó.
El jefe policial explicó que el 24 de noviembre, mientras se hacía seguimiento a esta red de proxenetas, un adolescente de 16 años, huérfana y natural de Cochabamba -quien estaba a cargo de una Organización No Gubernamental (ONG) y había sido reportada como desaparecida- logró enviar un mensaje de auxilio a su tutor. Se trataba de una foto en una calle de La Paz.
Fue con solo esa imagen que los investigadores realizaron un patrullaje y luego de ocho horas dieron con la ubicación del teléfono móvil que generaba un rastro informático desde la zona Villa San Antonio. Desde allí se realizó el seguimiento de la señal y se identificó un vehículo en el cual se trasladaba a la víctima y a otra adolescente de Santa Cruz hacia la plaza San Pedro, y de allí a la zona Ballivián en El Alto.
Luego de un transbordo a un vehículo tipo vagoneta -usado por una empresa de transporte público- y que aún estaba pintada y seguía registrada en el sistema como ambulancia, los efectivos interceptaron el motorizado en la ruta hacia Mapiri. Detuvieron primero a los choferes y horas después a una mujer que administraba un centro nocturno en ese municipio, donde debían “trabajar” las dos víctimas.
Un día después se aprehendió a la principal sospechosa y a dos de sus cómplices en Santa Cruz. Las pesquisas dan cuenta que las mujeres captaban a las víctimas tras la fachada de una agencia de empleos y otra de modelaje.
Las dos víctimas declararon que se les ofreció trabajos de niñera y vendedora de ropa, pero una vez en La Paz se les dijo que ya no había cupos para esas labores y solo podían ser contratadas como vendedoras de bebidas alcohólicas o damas de compañía.
La adolescente de 16 años decidió no aceptar las condiciones y pidió retirarse. Sin embargo, las personas que la retenían la despojaron de sus documentos, un celular y la encerraron en un cuarto en la zona San Antonio.
“Le dicen: ‘Tú no te vas de acá, porque me debes 3.000 bolivianos por el traslado, la alimentación y la vestimenta. Y por el alojamiento me deberás otros 500 más’. Ese es el famoso efecto ‘bola de nieve’ que nosotros (la Policía) vemos en casos de trata y tráfico de personas, cuyas víctimas nunca saldan sus deudas -sindicadas por sus captores-; al contrario, éstas se multiplican”, explicó Gutiérrez.
451 denuncias en 2021
El Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas informó que hasta diciembre del pasado 2021 se presentaron 451 de denuncias de trata y tráfico de personas, y que el nuevo método de captación de las víctimas es digital, especialmente por redes sociales. Esto debido a las restricciones que generó la pandemia del coronavirus.
De acuerdo al registro, en 2020 se presentaron 450 denuncias y en 2019 llegaron a 526.
Los documentos notariados tienen como tenor la prestación de servicios en relación a la trata y tráfico de personas, vale decir proxenetismo
Teniente Boris Gutiérrez
Tú no te vas de acá, porque me debes 3.000 bolivianos por el traslado, la alimentación y la vestimenta. Y por el alojamiento me deberás 500 más
Relato de una víctima de trata
Fuente: paginasiete.bo