Mientras no se liberen los 170 presos políticos en Nicaragua, no es posible empezar una transición pacífica y cívica hacia la democracia, advierte un abanico de organizaciones opositoras en respuesta al interés de diálogo o acuerdo nacional manifestado por el presidente Daniel Ortega poco después de las cuestionadas elecciones generales realizadas en noviembre.
El pasado jueves 6 de enero, cuatro días antes de la posesión
presidencial de Daniel Ortega, la Unidad Nacional Azul y blanco
(UNAB), La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia
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(ACDJ), Nicaragua Freedom Coalition, Movimiento Campesino
en el Exilio, la Articulación de Movimientos Sociales (ZAMS)
entre otras organizaciones sociales, emitieron una declaración
conjunta en la que reclaman una serie de demandas sine qua
non será posible dialogar con el gobierno de los Ortega Murillo.
“Lo más importante de todo lo reivindicado es la liberación
inmediata de los 170 presos políticos” enfatiza en entrevista
con Radio Francia internacional (RFI) Santiago Urbina,
coordinador de relaciones internacionales de la UNAB, una de
las organizaciones firmantes.
Según explica el opositor, para todas las organizaciones y
colectivos, así como para los nicaragüenses que están dentro y
fuera del país la libertad de las 170 personas que el régimen de
Ortega ha encarcelado en razón de sus opiniones políticas es
la base para construir una transición pacífica y cívica hacia la
democracia.
RFI Pese a las denuncias de ilegalidad de parte de la
comunidad internacional respecto a los comicios que le dieron
la victoria, el clan Ortega y Murillo vuelve a tomar las riendas
del país. Y como ya lo ha hecho en el pasado, Daniel Ortega,
electo presidente de Nicaragua por quinta vez, ha evocado un
acuerdo o diálogo nacional con la oposición que, por su parte,
califica de “falso” este diálogo.