«Todos los bolivianos seremos culpables si dejamos que el miedo domine nuestras vidas», palabras de la valiente esposa de un general,víctima de la violencia masista.
La receta masista: chicotazos, saqueo y despojo de bienes. Así le ocurrió al ex vicepresidente Cárdenas y ahora vienen por los otros…
El decreto aprobado por el gobierno para cautelar y confiscar los bienes de supuestos involucrados en actos de terrorismo o separatismo, tipificados como “traición a la patria”, equivale en los hechos, a darle una navaja al mono.
Los fines de dicha disposición no podían ser más evidentes. De lo que se trata en principio es de descabezar a la oposición, sea esta política, regional, cívica o religiosa. Sin embargo, una lectura más atenta nos revela otros objetivos que trascienden a lo estrictamente político y coyuntural.
El decreto 0138 terminará por liquidar al alicaído empresariado nacional, pero particularmente busca hacer daño al cruceño. Sin duda para este sector el futuro es sombrío, por cuanto sus posibilidades de acceso al crédito se irán restringiendo. Ciertamente es difícil que un banco otorgue un crédito a un empresario que no comulgue con el gobierno del MAS, por lo que en cualquier momento puede ser acusado de “terrorista” o “separatista” y pueda caer sobre él toda la furia del “proceso de cambio”.
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Es claro que esto ocasionará el languidecimiento del sector empresarial y hasta su desaparición, lo cual es el objetivo inconfesado del gobierno de Evo Morales que capciosamente promueve una economía que llama “comunitaria”.
Además, este decreto inconstitucional, por lo draconiano de sus disposiciones es una nueva versión de la ley 1008 (repudiada por Evo y los cocaleros) dirigida en este caso contra los opositores, quienes, deberán demostrar su inocencia cuando todas las legislaciones modernas indican que, por el contrario, se debe demostrar la culpabilidad del acusado.
Mientras el acusado no demuestre su inocencia, sus bienes serán cautelados por Dircabi y como van las cosas por la poca honestidad de los funcionarios del gobierno, estos finalmente irán a formar parte del patrimonio de quienes precisamente están encargados de su custodia. Como ejemplo basta acudir a los registros de la Dirección de Bienes Incautados al Narcotráfico. Existieron personas que fueron acusadas por este delito, demostraron su inocencia pero jamás volvieron a recuperar sus propiedades. Ya se las habían distribuido los ocasionales encargados de dicha administración.
Existen otras aristas que deben ser adecuadamente observadas. El ministro Juan Ramón Quintana, sostuvo que el decreto esta sustentado en la nueva Constitución Política del Estado en su artículo 124 referido a la “traición a la patria”, término que puede prestarse a interpretaciones discrecionales del poder de turno.
En primer lugar se puede deducir que la introducción de este tramposo artículo tenía un objetivo concreto y a breve plazo. Es una peligrosa arma en manos de un gobierno cuyas intenciones autoritarias ya se han desvelado por completo. “Traidores a la patria” podrían ser los autonomistas y cualquier persona opositora al régimen. Serán traídos a La Paz, una noble ciudad, convertida por obra del MAS en la «cárcel» de los bolivianos.
“Traidor a la patria” podrá ser también cualquier medio de comunicación independiente que en el marco del pluralismo democrático difunda informaciones de los opositores o denuncias de hechos de corrupción, atropellos y excesos del gobierno del MAS, todo dependerá del criterio de fiscales y jueces que, especialmente en el occidente, responden a la voz de mando del tirano de Palacio Quemado.
Evo Morales que se quejó que no tenía el control de los tres órganos del Estado y que esperaba hacerlo a partir de diciembre, no pudo reprimir su impaciencia y lanzó el decretazo del despojo. Las consecuencias están por verse y como dijo en horas pasadas la esposa de un general de la república, una valiente mujer que fue víctima de la violencia masista, «todos los bolivianos seremos culpables si dejamos que el miedo domine nuestras vidas».