La Corte Penal de La Haya admitió provisionalmente una demanda por violación a los derechos humanos en los casos Porvenir y Rózsa, según la diputada opositora, Norma Piérola.
Una demanda en La Haya desata pelea en Bolivia
Un académico dice que como estado admitimos los fallos del tribunal por una ley del Congreso.
El Día
Ref. Fotografia: Norma Piérola es recibida por un representante de DDHH en Ginebra, Suiza, durante su viaje a Europa.
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Desde el año 2002 Bolivia admitió al Tribunal Internacional de la Haya creado por el Tratado de Roma, competente para conocer cualquier demanda contra delitos de genocidio, lesa humanidad y de guerra, explicó el abogado Saúl Paniagua, experto en Derecho Internacional y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Gabriel René Moreno.
Explicó que durante el gobierno de Jorge Quiroga Ramírez, el Congreso aprobó una ley de la república adhiriéndose al Tratado de Roma que crea esa Corte Penal Internacional.
El tema surge ahora luego que la diputada opositora, Norma Piérola, informó que la Corte Penal de La Haya, Holanda, admitió provisionalmente una demanda por supuesta violación a los derechos humanos en los casos Porvenir y Rózsa para que puedan sustanciarse.
“Se tiene cerca de un centenar de muertos, desaparecidos y la violación sistemática de todos los derechos de quienes no opinamos de la misma forma que él’, dijo Piérola.
Ginebra. Después de estar en Holanda, donde funciona la Corte Penal Internacional, Piérola también estuvo en Ginebra, Suiza, en una reunión con altas autoridades del Alto Comisionado por los DDHH, a quienes también hizo conocer los supuestos abusos que se cometen en Bolivia.
Piérola dijo haber iniciado esa cruzada internacional en defensa de los bolivianos que sufren una verdadera orfandad de “líderes” que prefieren mirar a otro lado, solapando al Gobierno cocalero y olvidar la existencia de organismos específicos que podrían coadyuvar a una solución en el mediano plazo para que Bolivia retorne a la institucionalidad.
En Suiza, Piérola expuso el caso específico de los presos políticos. Elöd Tóásó, Leopoldo Fernández, Róger Pinto Molina y decenas de asilados políticos, estuvieron “presentes” en la reunión que se prolongó por espacio de más de una hora.
Piérola dijo que el representante de la Coalición por la Democracia, Ramiro Morgana, habló de la necesidad de una Comisión de la Verdad que pueda establecer las responsabilidades de "quiénes realmente son los criminales" en diferentes hechos de sangre ocurridos durante el gobierno de Evo Morales.
No se puede cantar victoria. Paniagua dijo sin embargo que no se puede cantar victoria porque lo que ha hecho la Corte Penal Internacional ha sido solamente admitir la demanda tras una revisión si la demandante cumplía o no los requisitos para plantearla.
Falta aún que se analicen los documentos y puedan observar si procede o no la demanda, si hay las suficientes pruebas en la documentación, para luego iniciar el proceso investigativo, como cualquier pleito judicial en el que se empieza citando a las partes y aceptando todos los incidentes o contrademandas de los acusados, en el marco del debido proceso y respeto a la presunción de inocencia.
En iguales términos coincidió Erwín Rojas, expresidente del Colegio Nacional de Abogados al señalar que los procesos en esos tribunales son bastante ceremoniosos y pueden prolongarse de 1 a 5 años.
El procedimiento. Según el Estatuto de Roma, que marca el procedimiento en estos procesos, se establece que se designa un fiscal para investigar el caso.
"El Fiscal analizará la veracidad de la información recibida. Con tal fin, podrá recabar más información de los Estados, los órganos de las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales u otras fuentes fidedignas que considere apropiadas y podrá recibir testimonios escritos u orales en la sede de la Corte’, dice el artículo 2.También señala que si tras haber examinado la petición y la documentación que la justifique, la Sala de Cuestiones Preliminares considerare que hay fundamento suficiente para abrir una investigación y que el asunto parece corresponder a la competencia de la Corte, autorizará el inicio de la investigación, sin perjuicio de las resoluciones que pueda adoptar posteriormente la Corte con respecto a su competencia y la admisibilidad de la causa.
Rechazo e insultos. El profesor de Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Mayor de San Andrés, Cochabamba dice en un extenso artículo de opinión publicado en una gaceta jurídica que no corresponde el proceso contra Evo Morales porque la denuncia “no se activa a denuncia de particulares” sino por (a) remisión de un Estado Parte a la Corte; b) por solicitud expresa y fundamentada del Consejo de Seguridad de las Naciones y c) de oficio por el fiscal de la Corte. Afirma que éste será rechazado.
La presidente de la Cámara de Diputados, la masista Betty Tejada, calificó de “traición a la patria” la denuncia presentada.
"Es otra más de sus mentiras’, dijo. De acuerdo a la autoridad, los organismos internacionales tienen procedimientos para admitir demandas y no es una simple visita o entrega de documentos, hecho que refuta lo afirmado por la asambleísta Piérola de que dicho tribunal internacional admitió la denuncia por los delitos de lesa humanidad.
Piérola ha desafiado a quienes la critican y ha pedido que “vuelvan a la universidad”, en el caso de Tejada para que averigüe por qué características tiene el delito de traición a la patria.
También ha dicho a sus detractores que la demanda fue aceptada provisionalmente y que en un plazo de 60 días habrá un pronunciamiento.
Opositores celebran. En el bando opositor, Adrián Oliva celebró que hayan demandado a Morales en el exterior a fin que se acaben los abusos cometidos porque es un gobierno que no acepta que piensen diferente.
Hace dos años el expresidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Núnez, denunció al presidente Evo Morales en Ginebra, Suiza, pero hasta ahora existe algún pronunciamiento del Tribunal
El tema ha vuelto a poner en el tapete el papel de los organismos internacionales y su influencia en Bolivia.
Datos
En qué consiste esa Corte Internacional
1Del Tribunal. La Corte Penal Internacional (llamada en ocasiones Tribunal Penal Internacional) es un tribunal de justicia internacional permanente cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad. Tiene personalidad jurídica internacional, y no forma parte de las Naciones Unidas, aunque se relaciona con ella en los términos que señala el Estatuto de Roma, su norma fundacional. Tiene su sede en la ciudad de la Haya, en los Países Bajos. (Holanda). Las penas, de acuerdo a la gravedad tienen un máximo de 30 años en fallos que deben ser homologados y cumplidos en los respectivos países en cuestión.
2 Historia. Los fundamentos políticos y doctrinales tras el establecimiento de un tribunal internacional para el enjuiciamiento de crímenes son de larga data en occidente. Ya en 1919, una vez terminada la Primera Guerra Mundial, los países victoriosos quisieron juzgar al Káiser Guillermo II de Alemania por el crimen de agresión, pero no hubo acuerdos. Su fundamento original más directo se encuentra en los tribunales internacionales establecidos en Núremberg y Tokio para juzgar a los criminales de guerra de Alemania y Japón por los delitos cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Pese a que el primero de estos ha sido objeto de graves críticas -tanto por castigar penalmente a personas jurídicas como las S.S. o la Gestapo, o por no aplicar principios de temporalidad y territorialidad de los delitos- fueron en conjunto considerados un gran avance en materia de justicia internacional.
3 Caso Yugoslavia y Ruanda. Por los graves acontecimientos del genocidio yugoslavo (1991-1995) y ruandés (1994)y por el desarrollo alcanzado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se celebró en la ciudad de Roma una Conferencia Diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas y el establecimiento de una Corte Penal Internacional, cuya acta final, suscrita el día 17 de julio de 1998.
Ex Yugoslavia
Fallaron en un controvertido caso
Los delitos. Los generales croatas Ante Gotovina y Mladen Markac fueron condenados en 2011 a 24 y 18 años de cárcel acusados de genocidio durante la guerra de Croacia. Tras recurrir la sentencia, el pasado 16 de noviembre la Corte de Apelación del TPIY decidió, con tres votos a favor y dos en contra, liberarlos al considerar que sus actos tuvieron motivaciones estrictamente militares.
Esa situación generó una ola de críticas contra ese tribunal internacional que fue convocado en forma exclusiva para resolver el caso. Ante Gotovina fue acusado del delito de limpieza étnica yugoslava en la operación Tormenta.
Demanda
Los casos Porvenir y Rózsa
La demanda. La diputada Norma Piérola informó que ha dejado documentación en el Tribunal de La Haya sobre la violación a los derechos humanos cometidos en el llamado caso Porvenir, en el que murieron 13 personas, en un enfrentamiento entre trabajadores de la prefectura y campesinos leales al gobierno de Evo Morales.
Van desde la detención ilegal del prefecto Leopoldo Fernández llevado en una avioneta de Pando a La Paz el 16 de septiembre del 2008 con el cargo de haber cometido una infracción al Estado de Sitio.
También informó que otra de la documentación entregada se refiere a las violaciones cometidas durante la sustanción del llamado Caso Rózsa que se desencadenó el 16 de abril del 2009 tras la muerte de Eduardo Rózsa, presunto cabecilla de una banda subversiva acusada por el Gobierno de pretender dividir Bolivia.
El caso ha vuelto a la jurisdicción cruceña por orden judicial antes de la conclusión del juicio oral contra 39 imputados.