El encargado de Negocios de la Embajada de los EEUU, Larry Memmott, explicó este miércoles que lo esencial para que la solicitud de extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado de genocidio y actual refugiado en el país del norte, sea viable o no es que Bolivia presente su solicitud basado en “evidencias”.
“Estamos dispuestos a hablar y para ver evidencias, pero tiene que ser basado en evidencias y creo que esa es la clave”, explicó el jefe de la diplomacia norteamericana en Bolivia al ser consultado sobre la situación de la demanda boliviana.
Gonzalo Sánchez de Lozada es acusado de genocidio por los hechos de octubre de 2003, cuando la población se sublevó ante su gobierno. La presión social hizo que el entonces Primer Mandatario movilice a las FFAA para contrarrestar las movilizaciones ocasionando más de medio centenar de muertos, con el argumento de restablecer la paz social.
En 2012, EEUU negó el retorno de Gonzalo Sánchez de Lozada a Bolivia debido a que algunos procedimientos legales no coinciden entre las legislaturas de ambos países como demanda un acuerdo bilateral de extradiciones suscrito en los años 90. Sánchez de Lozada no sólo es acusado de genocidio, sino también por la firma de contratos lesivos al Estado boliviano.
En ese marco, en noviembre de la gestión anterior, el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia emitió dos exhortos suplicatorios dirigidos al Gobierno de Estados Unidos para que el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su ex ministro de Hidrocarburos, Jorge Berindoague, asuman defensa en Bolivia por el caso denominado “petrocontratos”.
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Entre las gestiones 1997 y 2004, los gobernantes estaban obligados a que los contratos de riesgo compartido de exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos sean remitidos al Poder Legislativo, para que se haga el control correspondiente y autorización, acción con la que no habrían cumplido Sánchez de Lozada que se encuentra en EEUU.
La Asamblea Legislativa Plurinacional trató este tema en 2011 dando su aprobación mediante el informe de la Comisión Mixta de Justicia Plural para que se autorice el enjuiciamiento al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada Bustamante.
La gestión 2003, es considerada en la historia boliviana como una de las más conflictivas, debido a que en febrero de esa gestión militares y policías se enfrentaron en plena plaza Muriilo a causa de las medidas gubernamentales que fueron aprovechadas para demandas sectoriales que desencadenaron en violencia. A diez años de lo ocurrido, el gobierno continúa realizando las acciones diplomáticas y legales para que Goni sea juzgado en el país.
Fuente: ATB.
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