La junta militar de Birmania cumple este martes un año en el poder entre una huelga silenciosa convocada por el campo prodemocracia que vació las calles y comercios del país, nos cuenta nuestro corresponsal en Rangún.
Por Ramón Vidales, desde Rangún.
A un año del golpe militar de la junta militar birmana contra el entonces gobierno que dirigía de facto Aung San Suu Kyi, una calma inusual reina en Rangun. No porque el ejército golpista haya impuesto su ley, sino porque se desarrolla hoy la segunda huelga del silencio contra el golpe.
Un golpe de Estado seguido por un año de protestas y una campaña de desobediencia civil, aplacadas duramente por los militares en una represión que ha dejado más de 1.500 civiles muertos y 9.000 todavía detenidos, según una oenegé local.
A pesar del miedo y de una fuerte presencia castrense, el centro y norte de una ciudad tradicionalmente congestionada, presentan muy poca circulación de autos y peatones en este primer día de febrero. Es también el caso de Mandalay y de varias ciudades en la región de Irrawaddy.
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La fuerza de convocatoria de la resistencia es altamente eficaz y se reactiva ante el hecho más banal, como por ejemplo la golpiza protagonizada por agentes de seguridad del centro comercial Myanmar plaza contra jóvenes manifestantes el pasado 25 de noviembre. Indignados, los internautas birmanos llamaron al boicot, con tanto éxito que, al día de hoy, el lugar permanece casi vacío.
Y es que la resistencia al golpe en Birmania no sólo sigue firme, sino que se encuentra hoy dotada de una estrategia sólida, a lo cual se suma la estabilización de sus sistemas de información, reclutamiento y de financiación. Al tiempo, el llamado Gobierno de Unidad Nacional (National Unity Gouverment – NUG, en inglés) tiende a consolidarse como una instancia legítima de coordinación.
En efecto, el Gobierno de Unidad Nacional, que se considera a sí mismo como “gobierno interino” y dotado del propósito principal de derrotar a la junta militar, cuenta con una amplia participación interétnica, favoreciendo una visión plurinacional y federal del país.
Pero si el calificativo de “proceso revolucionario” es válido ello viene del hecho de que hay un cambio subjetivo profundo al interior de la población. Primero porque la imagen histórica del Ejército como institución garante de la unidad del pueblo birmano se ha disuelto totalmente. No sólo porque la idea de “pueblo birmano” ha referido históricamente a una sola etnia, bamar. Sino en especial porque la escisión étnica que se le impuso al país por largos años, hoy se ha vuelto contra los militares mismos, convirtiéndolos en el enemigo a los ojos de muchos.
Esto es algo que se puede leer no solamente en la conformación del llamado Gobierno de Unidad, sino en las alianzas entre las antiguas guerrillas étnicas y los nuevos grupos de resistencia armada PDF (People’s Defense Force). Estos grupos se formaron desde abril pasado con el apoyo de los grupos étnicos y podrían contar con al menos 10 mil personas en armas. Ello se suma al Movimiento de desobediencia civil, apoyados por los grupos étnicos, y que este 6 de febrero completará también un año de vigencia.
Como hecho remarcable de este proceso cabe resaltar el consenso sincero al interior de la resistencia en torno a la idea de la construcción de un país democrático, federal y de carácter plurinacional. Este consenso ha dado forma a una iniciativa asamblearia de enorme alcance, a pesar de las condiciones de clandestinidad en las que deben operar. Dicha instancia, llamada justamente Asamblea del pueblo, adoptó como propósito lanzar un proceso constituyente “desde abajo” que permita redactar un proyecto de Carta magna para el futuro proceso de democratización.
Varios observadores coinciden en afirmar que éste será un año de avances estratégicos en términos ofensivos para la resistencia. Si bien ello puede degradar rápidamente la vida social, el deseo común de expulsar a los militares de la vida política no falta, y en su lugar promover dinámica democrática más profunda que la que se inició en 2011.
La presión internacional:
Con información de AFP
La presión crece contra la junta, investigada por la ONU por crímenes contra la humanidad.
«La justicia internacional tiene una memoria muy larga y algún día los autores de los crímenes internacionales más graves cometidos en Birmania tendrán que rendir cuentas», advirtió Nicholas Koumjian, jefe del Mecanismo de Investigación Independiente de las Naciones Unidas para Birmania.
Este mecanismo, creado en 2018, tiene el mandato de recopilar pruebas que muestren que se cometieron crímenes internacionales en Birmania y que se violó el derecho internacional.
Según su jefe, los informes del último año «sugieren que más de 1.000 personas han sido asesinadas en circunstancias que pueden calificarse como crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra».
Además, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá anunciaron sanciones coordinadas contra altos cargos del país.
«Mientras el régimen prive al pueblo de Birmania de su voz democrática, haremos que los militares y sus partidarios paguen por ello», advirtió el presidente estadounidense Joe Biden.
Las medidas de Washington afectan a siete personas y dos entidades «ligadas al régimen militar de Birmania», indicó el departamento del Tesoro.
Entre ellos figuran los principales funcionarios judiciales como el fiscal general, Thida Oo, el presidente de la Corte Suprema, Tun Tun Oo, y el jefe de la comisión anticorrupción, Tin Oo, vinculados con el juicio de Aung San Suu Kyi.
Aung San Suu Kiy en detención domiciliaria
La lideresa civil y ex jefa de facto del gobierno birmano hasta el golpe, también laureada con el premio Nobel de la Paz, purga hoy una pena de seis años de cárcel por importación ilegal de radiocomunicadores (walkie-talkies), incitación contra los militares y vulneración de las restricciones anticovid.
Suu Kyi, detenida desde el golpe, todavía debe enfrentar otros cargos por supuesta presión a la comisión electoral en los comicios de 2020, indicó una fuente conocedora del caso. El juicio debe alargarse durante seis meses.
El lunes, diputados del llamado «Gobierno Nacional de Unidad» en la sombra, formado principalmente por afines a Suu Kyi, pidió en un discurso a los medios en París que se impusiera un embargo internacional a la venta de armas al régimen.
La enviada de la ONU para Birmania, Noeleen Heyzer, también pidió el lunes una «reunión humanitaria» con «la mayoría de las partes interesadas» en el conflicto en Birmania.
Fuente:Radio Francia Internacional
