La Comisión de Diputados ve como una mala señal la ausencia de testigos. Advierten con anotar bienes de abogados implicados. Abogados: el decreto es transgresor.
Parlamentarios. Según César Navarro (derecha), la siguiente semana se pedirá a la Fiscalía que cite a los prófugos del caso
Christian Peña y Lillo H. | El Deber
Investigación. La Prefectura de Santa Cruz explicó que casi toda la institucionalidad cruceña aportó para el proceso autonómico. La Comisión de Diputados ve como una mala señal la ausencia de testigos
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
La Prefectura de Santa Cruz ha dejado en manos de Luis Orlando Justiniano, coordinador del denominado grupo La Torre, la aclaración sobre los manejos económicos que realizó esta instancia de organización de la institucionalidad cruceña durante el proceso autonómico. Sin embargo, esta persona, que ayer debía presentarse ante la comisión de la Cámara de Diputados que investiga el caso de terrorismo, hizo conocer a través de su hija que tuvo que ausentarse del país por motivos personales y pidió disculpas por no presentarse ante los parlamentarios.
El titular de la comisión legislativa, César Navarro (MAS), dijo que ante la ausencia de algunas personas implicadas en estos hechos, el grupo de congresistas analizará la siguiente semana la posibilidad de pedir a la Fiscalía que los convoque a través de citaciones para que se presenten y aclaren las sindicaciones que se han hecho en su contra.
Luis Alberto Alpire, jefe del gabinete del prefecto Rubén Costas, y Roly Aguilera, secretario general del gobierno departamental, señalaron que la Prefectura fue una más de las instituciones que participaron de lo que ahora se conoce como La Torre y que, según ellos, fue sólo una oficina de coordinación.
“Ésa fue una oficina de coordinación que articulaba a toda la institucionalidad cruceña durante el proceso autonómico”, afirmó Alpire, luego de ser entrevistado por los parlamentarios. El funcionario aclaró que la persona que debía rendir las cuentas sobre los aportes que se hacían en esta coordinadora era Justiniano, aunque no mencionó que él estaba fuera del país.
Aguilera, al referirse al mismo tema, dijo que “lo que existió y existe” han sido convocatorias a diferentes reuniones y señaló que para esto era necesario la creación de una oficina de coordinación.
“Para llevar adelante cabildos y procesos electorales es necesario contar con recursos. Estos movimientos no se hacen con avemarías. Muchas personas aportaron y deberíamos sentirnos orgullosos de haber sido parte de este movimiento”, puntualizó la autoridad prefectural y agregó que el apoyo para la organización fue múltiple, porque sólo se buscó el beneficio del país.
Además de estas dos autoridades departamentales, ayer se entrevistaron con la comisión de Diputados: Raúl Áñez (gerente de Fegasacruz), Miguel Salek (gerente de la empresa de seguridad Falcon), Edmundo Guillarte (gerente de la empresa Aries), Mario Herrera (gerente de la Fexpocruz) y Lucio Áñez (general retirado de Ejército). No se presentaron Carlos Guillén, Lorgio Balcázar y Luis Orlando Hurtado.
Fuentes de la comisión indicaron que el funcionario de Fegasacruz, en cuyo stand ubicado en los predios feriales supuestamente se reunía el grupo de Eduardo Rózsa, declaró que el lugar estuvo cerrado luego de las actividades de septiembre de 2008; sin embargo, la versión fue desmentida por los otros funcionarios de Fexpocruz.
Por otra parte, se supo que Áñez ratificó que él y otros militares en retiro fueron consultados sobre cómo defender Santa Cruz, aunque no precisó los nombres de esos otros uniformados que también participaron de esas reuniones.
Más detalles
– Invitados. Para hoy la comisión espera entrevistarse con Héctor Laguna Paniagua, Ronald Castedo, Hugo Achá, Enrique Vaca Pedraza, Edgardo Cuéllar y Alejandro Melgar.
– Atentado. De acuerdo con el diputado por el MAS, César Navarro, Ignacio Villa Vargas dijo que Eduardo Rózsa tenía la intención de victimar al parlamentario Carlos Pablo Klinsky (Podemos), porque él truncó la compra de equipos de comunicación para el presunto grupo terrorista.
– Precisiones. Por lo que se conoce hasta ahora, Ignacio Villa Vargas, Alcides Mendoza y Juan Carlos Gueder eran los operativos del supuesto grupo irregular. Había otro círculo intermedio que financiaba y organizaba la estadía de los presuntos terroristas, donde estarían implicadas personas que ahora están ausentes.
«Es una mala señal»
César Navarro / Presidente de la comisión de Diputados
– ‘Personas clave’ están fuera del país, ¿cómo lo ve?
– Es una muy mala señal para la institucionalidad cruceña y para el pueblo boliviano. Estos nombres que aparecen recurrentemente en las declaraciones deben dar su versión de los hechos, cada uno ha huido en diferentes fechas. Por ejemplo, el señor Enrique Vaca Pedraza, después del 17 de abril abandonó Bolivia y su trabajo en la Feria Exposición, antes de que su nombre se haga público.
– ¿En Santa Cruz hubo un grupo terrorista?
– Lo que pasó en Santa Cruz fue un hecho de terrorismo, cuyas consecuencias políticas se vinculan al separatismo.
– ¿Se quiso matar al Presidente?
– Se tendrán más evidencias cuando se haga la apertura de las computadoras y se descifren correos electrónicos.
«Aún hay dudas»
Bernardo Montenegro / Vicepresidente de la comisión de Diputados
– ¿Cómo ven la ausencia de ‘personas clave’?
– Es lamentable por dos motivos, primero, porque perjudican la investigación y no permiten aclarar interrogantes; y segundo, dejan un manto de duda del porqué de su desaparición. Pero además, al no venir dejan la oportunidad al resto de la gente a que les tiren todo el fardo y, como no están, es imposible que así aclaren estas sindicaciones.
– ¿Hasta ahora que queda claro para la comisión?
– Que en Santa Cruz había un grupo irregular, que si era terrorista o no, se lo debe probar una vez concluido el proceso. Queda claro que hubo gente que colaboró con estas personas y que no se tienen pruebas serias para decir que esto era un magnicidio. Aún hay que investigar en profundidad cómo ocurrió el operativo en el hotel Las Américas.
Advierten con anotar bienes de abogados implicados
Investigación. El Ministerio Público dijo que aplicará el decreto confiscatorio contra Hugo Achá y Luis Melgar. La Fiscalía imputará al testigo clave por supuestos nexos con Rózsa
Cambio. Ignacio Villa, ‘el Viejo’, pasó de testigo clave del Gobierno a acusado. Declaró ayer ante el fiscal Marcelo Sosa
EL DEBER / Agencias
El decreto 0138, referido a la incautación de bienes a las personas supuestamente vinculadas al terrorismo, puede ser estrenado con los abogados Hugo Achá y Alejandro Melgar, investigados por el Ministerio Público como supuestos financistas de la célula terrorista desarticulada en Santa Cruz. Asimismo, la Fiscalía imputó ayer a Ignacio Villa Vargas, denominado por el Gobierno como el ‘testigo clave’, por sus supuestos nexos con la agrupación irregular.
La comisión de fiscales antiterrorismo anunció ayer que anotará preventivamente los bienes de ambos abogados que se encuentran fuera del país desde el 16 de abril, cuando fue desarticulada la supuesta célula terrorista, conformada por el boliviano-croata-húngaro Eduardo Rózsa, el irlandés Michael Dwyer, el húngaro Árpád Magyarosi, el boliviano-croata Mario Tadic y el rumano-húngaro Elöd Tóásó.
«El Código de Procedimiento Penal señala en uno de sus artículos la anotación preventiva de bienes del declarado rebelde o prófugo que evade la justicia», precisó el fiscal que encabeza las investigaciones, Marcelo Sosa.
En línea con el decreto confiscatorio de los bienes de quienes sean encausados, sobre la base de evidencias procesales, por financiar aprestos secesionistas y terroristas en Bolivia, Sosa expresó que con una acusación formal se pueden determinar las medidas cautelares sobre el patrimonio, medios e instrumentos que hubieran sido utilizados o estuviesen comprometidos en la comisión de delitos de terrorismo, sedición o alzamiento armado.
Sosa ratificó que todas las personas nombradas en la investigación serán citadas a declarar, como ocurrió ayer con la empresaria cruceña Katherine Rabczuk y el gerente de la empresa de seguridad Arias, Eduardo Guilarte, además de ex entrenador de fútbol, que aseguró que presta servicios en oficinas que tiene Cotas.
Guilarte aclaró que el personal de Arias no realiza una vigilancia constante en el interior del campo ferial, por lo que descartó su vinculación con las acciones irregulares.
Asimismo, el Ministerio Público imputó ayer a Ignacio Villa, ‘el Viejo’, que ayudó a desbaratar la presunta organización terrorista liderada por Eduardo Rózsa Flores, al determinar que existen nexos entre esta persona con posibles actos irregulares.
Villa abandonó las oficinas del Instituto de Investigaciones Forenses tras más de tres horas de brindar sus declaraciones informativas al fiscal Sosa. El imputado no brindó declaración alguna a los medios de prensa, mientras abordaba un radiotaxi, junto a su abogado y el policía custodio.
El fiscal no ordenó la detención de Villa por su delicado estado de salud. Durante el interrogatorio vomitó seis veces y se aplicó una inyección de insulina en el vientre.
Por su parte, el representante del Ministerio Público suspendió la declaración de Ronald Suárez, representante de la empresa de juegos CorHat, que acudió en calidad de sospechoso por supuestos vínculos con el grupo de Rózsa.
Sin embargo, el abogado Otto Ritter, defensor de Suárez, dijo a la Agencia de Noticias Fides que su cliente no tenía ninguna relación con la supuesta célula desarticulada el 16 de abril en Santa Cruz.
En la jornada
– Posición. La empresaria Katherine Rabczuk aseguró ayer en la Fiscalía que sólo participó en las movilizaciones autonómicas como una militante de la causa y no como dirigente del movimiento. Dijo conocer a Alcides Vargas, a quien calificó de irresponsable.
– Oficialistas. Parlamentarios del MAS esperan que el fiscal Marcelo Sosa, que investiga el caso de terrorismo, intervenga las casas de juego que supuestamente financiaron a la presunta célula terrorista.
– Críticas. El concejal alteño Roberto de La Cruz rechazó el decreto supremo referido a la confiscación de bienes a sola sospecha de la Fiscalía contra personas que financien actividades terroristas.
– Movilización. Jóvenes cruceños marcharán hoy a partir de las 15:00, por la unidad del país, la restitución del Tribunal Constitucional, el respeto a los derechos humanos y para pedir un alto a la persecución política.
Cotas busca renovar su imagen
La Cooperativa de Telecomunicaciones de Santa Cruz (Cotas) intenta dar con su presidente interino una vuelta a la página por los inconvenientes que vivió el último mes por la supuesta aparición de armas en el stand que alquila a la Fexpo.
La aprobación de la licencia por 60 días a su presidente, Juan Carlos Velarde, sorprendió en las últimas horas, ya que se produce en plena etapa de investigación por la desarticulación de una presunta célula terrorista que operaba en la capital cruceña.
Oficialmente se conoció que el máximo ejecutivo solicitó licencia hace una semana y que el directorio se la aceptó el martes. Velarde está en EEUU y su licencia durará dos meses.
Asimismo, el directorio de la Cooperativa también resolvió licenciar, el 12 de mayo, al delegado del Consejo de Vigilancia Luis Hurtado, que fue mencionado en la investigación de la Fiscalía como una de las personas que pagó el hotel en el que se alojaban el boliviano-croata-húngaro Eduardo Rózsa, el irlandés Michael Dwyer y el húngaro Árpád Magyarosi, que fueron abatidos en el operativo policial del 16 de abril en el hotel Las Américas, donde también resultaron apresados el boliviano-croata Mario Tadic y el rumano-húngaro Elöd Tóásó.
Según fuentes de Cotas, Hurtado fue apartado para que asuma su defensa en este proceso.
Cotas, como marca y prestadora de servicio, está por encima de las personas que ocupan cargos, dijo una fuente, a tiempo de adelantar que se intentará dar un golpe de timón a la cooperativa.
Gobierno: un juez decidirá incautaciones
El vicepresidente Álvaro García Linera informó ayer de que sólo un juez decidirá el destino final de un bien que sea incautado por el Ministerio Público a quienes cometan delitos relacionados con el terrorismo.
«El decreto de confiscación establece que encima de ciertas bases probatorias, el fiscal puede establecer la incautación, que también se encuentra en el Código Penal, y luego el juez, al finalizar el juicio, establecerá la devolución de la propiedad o si procede la incautación definitiva que deviene en expropiación que la decide el juez», dijo García Linera.
Por su lado, el dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista David Sejas anunció que convocarán al desacato al Decreto Supremo 0138 en caso que algunos funcionarios del Gobierno y de dirigentes vinculados al oficialismo con antecedentes supuestamente delictivos que hasta el lunes no renuncien a sus funciones.
Según Sejas, dentro del gabinete del presidente Evo Morales hay personas con antecedentes terroristas, en alusión al Vicepresidente, así como un militar que enfrentó un juicio por atentar contra un canal de televisión en Yacuiba. Asimismo, el unionista mencionó al concejal cruceño Oswaldo Peredo, que participó con el grupo guerrillero liderado por Ernesto Che Guevara.
Abogados: el decreto es transgresor
Investigación. Según constitucionalistas, el decreto 0138 pasa por encima de las normas internacionales de defensa de los derechos humanos. El Gobierno dice que no es retroactivo
Proceso. El director jurídico del Ministerio de Gobierno, Rubén Gamarra, aclaró que el decreto 0138 no es retroactivo
Henrry Ugarte A. | El Deber
En criterio de abogados y politólogos, el Decreto Supremo 0138, que aprobó el miércoles el Gobierno para incautarse de los bienes de personas vinculadas con la comisión de los delitos de terrorismo, sedición y alzamiento armado, viola la Constitución Política del Estado (CPE) y transgrede normas internacionales referidas a la defensa de los derechos humanos.
Sin embargo, el Ejecutivo, a través del viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, insistió ayer en que la norma aprobada en gabinete “no es un acto abusivo ni fuera de la ley, sólo es un desarrollo de normas internacionales y nacionales vigentes”.
La opinión del viceministro no es compartida por el ex presidente del Tribunal Constitucional José Antonio Ribera. Según él, el decreto restringe derechos fundamentales de los ciudadanos y bajo el justificativo de la lucha contra el terrorismo, introduce dos delitos, que podrían dar margen para reprimir a los actores sociales que difieran con el Gobierno.
“La delimitación de jurisdicción (que los procesos se lleven a cabo sólo en La Paz) contradice todos los estándares internacionales de protección al debido proceso ante un juez natural, competente e imparcial”, argumentó Ribera.
Dentro del análisis, el constitucionalista tarijeño Alberto López divide el decreto en dos partes: en lo formal y en el aspecto de fondo. Sobre el primer punto cree que la norma restringe y sanciona la libertad ciudadana del derecho, y sobre el tema de fondo opina que los afanes totalitarios llevan al Gobierno a violar la CPE. “Ninguna Constitución en el mundo abre el paraguas para que los gobernantes tomen decisiones sin límites; aquí se trata de la búsqueda del poder ilimitado e incontrolado”, dijo López.
Sobre el decreto, el politólogo Jorge Lazarte afirmó que es una violación a la CPE, pero a la vez es una realización de la Carta Magna porque facilita la inculpación de hechos contenidos en la norma. “En el fondo se trata de una anticipación peligrosa de lo que podría darse si el Gobierno arrolla en las elecciones de diciembre y consigue los medios para ejecutar todo el texto constitucional”, alertó.
Para el constitucionalista Carlos Alarcón, el decreto no sólo viola la CPE, sino también los tratados internacionales de Derechos Humanos.
Observaciones del Senado
Violación de la CPE. El decreto es inaplicable porque el juez o el fiscal, en el momento de pretender aplicarlo por un caso concreto, necesariamente debe aplicar la CPE y las leyes penales por ser normas superiores.
Principios. Viola el principio de separación de poderes y funciones establecido en el art. 12 de la CPE, que es la base de la democracia. De acuerdo con el art. 122, este decreto es nulo de pleno derecho.
Garantía. Viola la garantía constitucional del debido proceso contenida en el art. 116 de la CPE, que recoge el principio de presunción de inocencia y la afirmación de que toda sanción debe fundarse en una ley.
Retroceso. Según el presidente del Senado, Óscar Ortiz, el decreto viola el principio de irretroactividad de la ley, ya que de acuerdo con los tratados internacionales, la ley sólo puede ser aplicada para lo venidero.
Campo. La norma viola las reglas de la competencia territorial, echando por los suelos el principio de improrrogabilidad de la jurisdicción penal, estableciendo de hecho tribunales especiales.
Privados. Viola el art. 56 de la CPE, ya que atenta contra la propiedad privada, que es patrimonio no sólo individual, sino también familiar, desprotegiendo y atentando contra la estabilidad de la familia boliviana.
El Gobierno acepta debate por la norma
El Gobierno de Evo Morales aceptó ayer debatir con los empresarios privados de Bolivia el decreto que permitirá incautar los bienes de los implicados en casos de terrorismo, informó el portavoz presidencial, Iván Canelas.
Canelas afirmó que el Gobierno acepta ir a «un debate en torno a la unidad nacional y en contra del separatismo y del terrorismo».
Evo Morales aprobó un decreto que permite incautar el patrimonio de los implicados en casos de terrorismo, sedición o alzamiento armado.
La norma suscitó las críticas de la Confederación de Empresarios Privados, cuyo presidente, Gabriel Dabdoub, propuso un «debate de ideas» y la elaboración de una ley para establecer las confiscaciones. /EFE