Defensa de fondos. Con la firma de cinco alcaldes de las principales capitales del país, la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB) tiene listo un recurso de inconstitucionalidad abstracta contra cuatro artículos de la Ley Financial del Presupuesto General del Estado (PGE) 2013, y será presentado hoy, informó ayer el alcalde de La Paz, Luis Revilla.
Los Tiempos y ANF
Presentación del Presupuesto General del Estado 2013, el año pasado. – Apg Agencia
En noviembre de 2012, la AMB cuestionó la constitucionalidad de varios artículos. Uno de ellos es el parágrafo II del 28, donde se menciona que, a solicitud del Ministerio de Gobierno, se autorizaría al de Economía debitar de las cuentas fiscales de las Alcaldías los recursos no ejecutados en seis meses relacionados a la seguridad ciudadana.
Los alcaldes firmantes son: Luis Revilla, La Paz; Percy Fernández, Santa Cruz; Óscar Montes, Tarija; Moisés Shiriqui, Trinidad; y Moisés Torres por Sucre.
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La demanda se presentará ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en la ciudad de Sucre y pretende frenar la aplicación de los artículos 1, 11, 19 y 28 de la Ley N° 317 Financial. El documento señala que vulnera la autonomía municipal y ejerce “una verdadera confiscación de facto, un ejercicio discrecional de los recursos de los Gobiernos Autónomos Municipales en un acto de verdadero atentado constitucional”, según cita ANF.
El 11 de diciembre de 2012, se aprobó el Presupuesto General del Estado (PGE) del Sector Público para la gestión fiscal 2013 y otras disposiciones específicas para la administración de las finanzas públicas.
En un comunicado difundido el 27 de noviembre pasado, cuando ya se conocía el contenido de la Ley Financial 2013, ante los cuestionamientos de la AMB, el Ministerio de Economía aclaró que lo que se busca es garantizar la ejecución de los recursos, ante la lentitud en el gasto evidenciada los últimos años por parte de las gobernaciones y municipios, sin afectar “la distribución de los recursos (…), tampoco obstruye el uso de estos recursos y menos hará uso de los mismos”.
Entre sus argumentaciones, la AMB señala que, de acuerdo con la Constitución Política del Estado (CPE), los municipios tienen la condición de autonomías municipales sin necesidad de cumplir requisitos ni procedimiento previo.
También recuerdan que por el Artículo 272 de la CPE, los gobiernos municipales tienen amplia facultad y potestad de administrar por sí mismos sus recursos y no establece constitucionalmente potestad alguna delegada al Ejecutivo Central y menos al Ministerio de Economía para administrar sus recursos, por lo que la Ley 317 significa un retorno al centralismo.
“Falta de voluntad afecta inversión”
Erbol.- El investigador de la Fundación Jubileo, René Martínez, afirmó que la falta de voluntad y la capacidad técnica en los municipios son factores que impiden una mayor ejecución presupuestaria y el cambio de orientación de las inversiones a sectores productivos que generen mayores ingresos y empleos.
“Al parecer los municipios lo que saben hacer es infraestructura, las obras de cemento como se llaman, y al parecer no están poniendo ni la voluntad, ni tienen las capacidades técnicas para cambiar este patrón de hacer inversión pública en cemento hacia un patrón que genere ingresos y empleos e inversiones productivas”, señaló Martínez en declaraciones a Erbol.
Recordó que el discurso del Gobierno nacional, de cambiar la matriz productiva, hasta el momento no se concreta.