El Decreto 0138, en contra de la Constitución, tiene la apariencia de un decreto reglamentario, pero tiene todos los elementos para convertirse en el instrumento del amedrentamiento político y puede acarrear severas consecuencias contra la institucionalidad y la democracia.
Editorial La Razón
El gobierno del presidente Evo Morales ha aprobado el Decreto 138 con el argumento de combatir al terrorismo y preservar la unidad del país. En este país, acostumbrado a orientarnos por referencias textuales o numéricas, el 138 se sumará con seguridad a otros: la Ley 1008 o el Decreto 21060.
Tiene la apariencia de un “decreto reglamentario”, pero reúne todos los elementos para convertirse en el instrumento del amedrentamiento y puede acarrear severas consecuencias contra la deteriorada institucionalidad del país y la democracia.
Tras el operativo que acabó con tres presuntos terroristas en la ciudad de Santa Cruz, el Gobierno se puso a trabajar en una medida para castigar “sin misericordia” a quienes ponen en riesgo la unidad del país, en palabras del vicepresidente Álvaro García. Y el martes 20, el presidente Evo Morales advirtió que se procedería a incautar los medios de comunicación que hubieren respaldado o respalden en el futuro acciones que se pudieran calificar como “separatistas”. Fueron el marco para el decreto que autoriza a los fiscales a solicitar la incautación de patrimonio, instrumentos y medios de los imputados, posibles implicados y cómplices de delitos o conductas terroristas.
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Los mismos portavoces del Gobierno señalan que el Decreto 0138 es una “medida preventiva”, respaldada en convenios internacionales sobre la lucha contra el terrorismo, en la Constitución Política del Estado y el Código Penal, por lo que “no se está inventando nada”. Pese a esas afirmaciones, abogados consultados por La Razón señalan que el texto de la norma viola la Constitución al menos en sus artículos 109, que establece que “los derechos y garantías sólo podrán ser regulados por ley”; el 116, que consagra la presunción de inocencia y que “cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible”, y el 123, que precisa la retroactividad de las leyes. Además se estaría afectando el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que señala que “toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente y que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”.
Este diario ha manifestado en reiteradas oportunidades su rechazo a cualquier forma de terrorismo y reafirma esa posición. El caso Rózsa debe ser esclarecido y sancionado; sin embargo, el Gobierno de Bolivia está en aquella premisa que intentó imponer George Bush: “O estás conmigo o estás con el terrorismo”.
El temor surge no sólo por el texto del decreto sino también por declaraciones del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien aconseja no ser “defensor de oficio” de los presuntos terroristas. Es decir, afecta el principio del derecho a la defensa y censura la posibilidad de reclamar por los derechos humanos de los encausados. Esto a pesar de que, como se ha visto en el caso Rózsa, hubo acciones precipitadas que dañan a la investigación, como la eliminación del principal implicado.
Adicionalmente, el Decreto 0138 crea jurisdicciones especiales al establecer que los casos de terrorismo o contra la soberanía tendrán como ámbito de jurisdicción procesal la ciudad de La Paz, aunque hayan sido cometidos en cualquier otra región del país. La Paz se ha convertido en lugar de detención de los adversarios del régimen. En otras palabras, el fin del Decreto 0138 es amedrentar. Es decir, el terrorismo se combatirá con terror.