La Asamblea Ciudadana por la Reforma de la Justicia (ACRJ) propone un Pacto Nacional que involucre a la sociedad civil, para la designación de nuevos magistrados.
Juristas independientes y otros profesionales diseñaron una detallada propuesta para transformar el sistema judicial, en momentos en que la justicia boliviana parece atravesar una crisis terminal. Desde eju.tv conversamos con uno de los promotores de la iniciativa, el ex fiscal de distrito Francisco Borenstein.
eju.tv: ¿Qué es la Asamblea Ciudadana por la Reforma de la Justicia y cuáles son los ejes principales de la propuesta de reforma?
Francisco Borenstein: La Asamblea Ciudadana por la Reforma de la Justicia es una asociación civil sin fines de lucro constituida por ciudadanos de todos los departamentos de Bolivia, de diferentes profesiones y formaciones, con la finalidad de aunar esfuerzos destinados a que la justicia en nuestro país sea mucho mejor de lo que es hoy día.
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Esta reforma en pos de una mejor justicia se basa en que se tomen medidas inmediatas por parte del poder político, como el incremento del presupuesto destinado al poder judicial, aumento del número de jueces, selección de los postulantes a jueces con participación de la ciudadanía y control en el ejercicio de la función judicial.
¿Qué receptividad está teniendo la iniciativa en el gobierno y en la sociedad civil?
El poder político actual expresado en el MAS no manifiesta una real voluntad de realizar cambios que den independencia a la justicia, no se evidencia que el poder político cese en la instrumentalización y utilización para el logro de sus intereses.
En cuanto a la sociedad civil, luego de los penosos acontecimientos originados en el asesinato de dos señoritas, ha posicionado como de primera importancia la reforma de la justicia.
¿Qué relevancia tendría la próxima visita del relator de justicia de la ONU a Bolivia?
En lo personal, la presencia del señor García Sayán no va a generar ningún proceso de mejoría de la justicia en razón a que los organismos internacionales no son partidarios de involucrarse en la problemática de cada país. Los bolivianos somos perfectos conocedores de las falencias de la justicia y de la forma de cómo se debe solucionar.
La propuesta de la ACRJ
1.Propuesta.
Las y los profesionales que suscribimos este documento, de formación multidisciplinaria, proponemos al país un conjunto de medidas y acciones para enfrentar la grave crisis de la justicia que afecta al país, diferenciando dos momentos de intervención:
1.1.Acciones de arranque y viabilidad de la reforma.
Para darle viabilidad a la reforma de la justicia en Bolivia, proponemos:
i.Suscripción inmediata de un Pacto Nacional para la Independencia del Órgano Judicial, Tribunal Constitucional y Fiscalía General entre el Órgano Ejecutivo, los partidos políticos con representación parlamentaria, CEPB, COB y Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (CONALAB).
ii.Renuncia inmediata del Fiscal General y de los miembros titulares y suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.
iii.Designación rápida de nuevos magistrados(as) en base a:
a)Vigentes todavía las reglas constitucionales de la materia, convocatoria a elecciones judiciales a realizarse en un plazo no mayor a tres meses, posteriores a la renuncia de las y los magistrados actuales.
b)Encomendar a una Comisión Ciudadana –integrada por profesionales probos, de reconocido prestigio y solvencia moral– las tareas técnicas de la preselección de las y los postulantes a las distintas magistraturas; preselección entregada a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). La composición de esta Comisión será parte de la concertación del Pacto Nacional para la independencia de los servicios judiciales.
c)La ALP valida y sanciona la preselección técnica, cumpliendo el mandato del artículo 158, numeral 5, de la Constitución.
iv.Constituir mesas departamentales de diálogo y concertación de las reformas que deben introducirse a los servicios de justicia, con composición plural, democrática y multidisciplinaria. En las nueve mesas departamentales deberán conocerse, difundirse y analizarse las propuestas de los órganos Ejecutivo y Judicial, de Universidades públicas y privadas, de los colegios de abogados, CEPB, COB, grupos de profesionales independientes como el de este documento y la sociedad civil organizada.
v.La Mesa Nacional de Concertación deberá tener una composición plural, democrática y multidisciplinaria semejante a las mesas departamentales. Su temario comprenderá las conclusiones de las mesas departamentales y temas nacionales que deban discutirse en ese nivel.
1.2.Medidas en el ámbito de los cambios institucionales.
La crisis de la justicia en Bolivia puede y debe ser enfrentada con la adopción de las siguientes medidas:
i.Incremento racional y progresivo del presupuesto del Órgano Judicial hasta un 3% del PGE a través de las gestiones 2022, 2023 y 2024. Y el del Ministerio Público hasta el 1% en el mismo lapso de tiempo. Los flujos crecientes de recursos serán desembolsados en función de planes y proyectos destinados a resolver los diferentes temas señalados en el anterior punto 3.
ii.Concertar una metodología de designación de las y los jueces basada en calidad académica y meritocracia.
a)En el caso de las y los magistrados de los órganos cupulares de la justicia el método debe dejar atrás los graves defectos, constatados en la práctica, de los sistemas de selección y designación previstos en la Constitución de 1967, reformada en la década de los años 90´s, y en la de 2009, vigente aún. En este entendido la organización y la experiencia de la Comisión Ciudadana propuesta en el anterior punto 8.1.iii.b) sedimentará una valiosa experiencia para la concertación.
b)Tratándose de los tribunales departamentales y de los jueces públicos, la Escuela de Jueces y la Carrera Judicial deben consolidarse como el mecanismo fundamental para la formación, designación y evaluación de los administradores de justicia. Lo propio la Carrera Fiscal en el Ministerio Público.
c)Iniciando la descentralización administrativa de los servicios de justicia, designación de los jueces públicos de cada distrito judicial a cargo del Tribunal Departamental de Justicia, previa preselección técnica y ética, con control ciudadano.
iii.Buscando viabilizar un primer escenario de participación y control social a las actividades jurisdiccionales, proponemos:
a)Disponer mediante ley que todos los juzgados y tribunales del país remitan a una central computarizada creada al efecto, copia de cada una de las sentencias que emitan, dentro de los dos días siguientes a su dictación.
b)La central computarizada será administrada por el sistema de universidades públicas y su gestión estará a cargo de la Facultad de Derecho de cada una de ellas.
c)El objetivo de la central será facilitar el estudio y comparación de las sentencias con sus precedentes y la jurisprudencia nacional e internacional, tarea realizada por los estudiantes de derecho de cada Facultad, bajo la dirección del catedrático de Práctica Forense, o del equipo de docentes que designe cada Unidad.
d)En caso de que en la comparación y estudio se identificase duda razonable sobre los fundamentos de la sentencia y/o se constate la presencia de indicios de la posible comisión del delito de prevaricato, la Facultad de Derecho o la unidad podrá remitir los antecedentes a conocimiento del Ministerio Publico para el procesamiento respectivo.
1.3.Autonomía de la DAF del Órgano Judicial y la Escuela de Jueces.
El mes de junio de 2021 el Presidente Luis Arce Catacora envió a la ALP el Proyecto de Ley N° 212-20, buscando introducir, a través de su sanción, varias reformas al Órgano de Justicia. Considerando que algunos de los cambios propuestos en ese proyecto, en realidad, persiguen reforzar la subordinación del Órgano Judicial al poder político, los profesionales abajo firmantes hacemos conocer un enérgico rechazo a los puntos X y XII del artículo 2 de ese proyecto de ley, cuya finalidad no es otra que la de concentrar en manos del Presidente del Órgano Ejecutivo la designación, a través de la ALP, de la máxima autoridad ejecutiva de la Dirección Administrativa y Financiera del Órgano Judicial y de la Directora o Director de la Escuela de Jueces. Si el Ejecutivo insiste en introducir esos cambios, quedará en evidencia que no busca reformar la justicia cualitativamente, sino someterla más todavía.
Bolivia, 2 de febrero de 2022
NÓMINA DE INTEGRANTES DEL GRUPO
La Paz: Mateo Laura, Lucio Gonzales, Fausto Arce, Carlos Böhrt Irahola.
Santa Cruz: William Herrera, Francisco Borenstein, Jimena Ugrinovic, Osvaldo Gil, Eliana Roca, Consuelo Roca, Susana Seleme, Ricardo Fernández.
Cochabamba: José Luis Baptista Morales, Alberto Vargas, Marcelo Claros.
Sucre: Arturo Yáñez, Pedro Gareca.
Oruro: Jorge Miranda, Ángel Irusta, Edwin Quilo.
Tarija: Sonia Llanos Llanos, Nilson Valdez, Eduardo Alberto López.
Beni: José Alfredo Figueroa.
Edición y entrevista: Emilio Martínez
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