Para nadie es desconocido que esta Provincia del Departamento de Cochabamba se ha convertido en un lugar donde el imperio de la ley no se aplica, la presencia del Estado es inadvertida y donde las fuerzas del orden, para la lucha contra el narcotráfico, poco o nada pueden hacer para cumplir su trabajo, frente a la población que en su mayoría se dedica al cultivo de la hoja de coca y que supone que es su derecho subsistir sin importar el destino y el uso legal e ilegal que se le da a la hoja milenaria; el representante en Bolivia de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDC), Cesar Guédes, el 2011, afirmó que el 94% de la producción de coca del Chapare no pasa por el mercado legal de Sacaba sino que se desvía al narcotráfico, han pasado 11 años y, al parecer, nada de ello ha cambiado.
Pero no solo eso, sino que además los miembros de los sindicatos y federaciones de cocaleros han tomado como suyo el poder político a partir de la asunción a la presidencia del Estado de Evo Morales, el 2005. Es evidente que ese poder político implicó también una presión mayor por lograr mayores beneficios para este sector, hecho que se evidenció en la aprobación de la Ley No. 906 General del Coca, en el año 2017, que autorizó la producción de coca en esa zona hasta 7.700 hectáreas, sabemos todos que ese número es referencial y que la realidad muestra una mayor producción, pero no solo ello, sino que su peso político se muestra también en la Asamblea Legislativa, con Leonardo Loza como Senador y Andrónico Rodríguez como Presidente de la Cámara de Senadores.
El poder del sector cocalero va más allá, ya que en su región rige un autogobierno y se ha convertido en un lugar donde existe una “guardia o policía sindical”, ese fue el lugar donde el ex presidente Morales se atrincheró cuando renunció a la Presidencia del Estado, producto del fraude electoral perpetrado el 2019, protegido por los cocaleros y donde las fuerzas del orden no son reconocidas para ejercer su autoridad ya que la policía sindical y la población en general, según manifiestan, no confía en las instituciones del orden legalmente establecidas como es la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas. Esa situación llama la atención y hace que cuestionemos al poder político vigente, toda vez que va en contra de lo legalmente establecido y da lugar a pensar que existen otros intereses creados al margen de la ley, ejerciendo acciones de hostigamiento, presión e incluso amedrentamiento en contra de la población que muchas veces prefiere callar.
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Esta zona también es considerada como zona roja por la actividad ilícita del narcotráfico y la trata de personas, las cifras del Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, muestran que en la gestión 2019 el cultivo de coca en el Chapare representó el 40% (3.509 ha.) del total del Trópico de Cochabamba (8.769 ha.) y solo el 23% de la producción de coca del Trópico de Cochabamba pasa por el mercado legal de Sacaba, es tal la situación, que por ejemplo en operativo realizado en fecha 14/01/2020 por la Fuerza Especial del Lucha Contra el Narcotráfico, durante siete horas, en esa región del trópico, se encontraron 15 fábricas activas de producción de drogas y en el mes de abril del mismo año se incautaron cinco camiones de alto tonelaje con 43.000 litros de gasolina para la fabricación de droga y que habían salido con permisos de la Alcaldía de Villa Tunari para transportar fruta y reingresaron con precursores, según los medios de comunicación. Entonces no cuesta nada comprender cómo este grupo corporativista necesita del poder político para reproducirse y alentar su actividad, sin importarles que la producción de coca, que es desviada al narcotráfico y convertida en cocaína, dañe a nuestra sociedad. Por lo tanto, solo queda formar a nuestros jóvenes para que le digan no a las drogas, frente a esta creciente actividad ilícita y que es alentada por un incremento en la producción de la hoja de coca desde las esferas del poder. Correspondería que el Gobierno haga cumplir la norma y el Estado de derecho en esa región, sin embargo no lo hará ya que Morales en representación del sector cocalero fue presidente del Estado, a la vez presidente de las Seis Federaciones de Productores de Coca del Trópico de Cochabamba y actualmente jefe del partido del gobierno de turno, entonces muy poco podemos pedirle al gobierno del Movimiento Al Socialismo, ya sabemos que su lealtad política debe ser pagada hacia este sector, así lo hizo anteriormente Morales mandando construir estadios en Chimoré, Ivirgarzama y Shinahota, instalaciones que ni siquiera podrían llenar los mismos por la escasa población que tiene cada Municipio, un Centro de Alto Rendimiento, una Villa Olímpica y un Aeropuerto Internacional en Chimoré el cual se ha denunciado que el 13 de marzo de 2021 se realizaron 36 vuelos siendo que el mismo estaba sin autorización para operar.
Comprendamos como pueblo boliviano que no podemos estar sometidos a grupos corporativistas, que utilizan el poder político para beneficio propio y alientan una actividad ilícita como es el narcotráfico a través de la producción de coca excedentaria, debe terminarse la prebenda y el clientelismo político, por eso es importante reconstruir el Estado boliviano a partir de la aplicación y el cumplimiento de las normas, pero sobre todo mirando hacia un futuro provisorio para nuestra sociedad para no convertirnos en un país con ciudades violentas, donde el narcotráfico se cobre vidas y se degenere nuestra sociedad. Por ello alentamos a que las nuevas generaciones de nuestro país, tomen conciencia de la importancia que implica recuperar la democracia para lograr un desarrollo económico con bienestar, pero sobre todo con una sociedad moralmente solvente y con principios, no olvidemos que una sociedad sin valores está condenada a desaparecer.
Dr. Henry Omar Montero Mendoza
Senador por Santa Cruz