Medidas. Periodistas analizan en acudir al Tribunal Constitucional u organismos internacionales para defender sus derechos.
Regulación y control sistemático de los medios. Coinciden expertos en ciencias jurídicas, ante la imposición y las advertencias de sanción del Estado a la prensa en leyes, proyectos y decretos promulgados por el gobierno de Evo Morales y del MAS.
Algunos ejemplos son los que establecen el artículo 16 de la norma Antirracismo y Toda Forma de Discriminación y el artículo 24 del proyecto de Ley Contra la Violencia a la Mujer, entre otros.
Además de lo que establece el Decreto Supremo 1486 Contra Trata y Tráfico de Personas en sus artículos 9, 11 y 14, donde además de obligar a los medios de emitir publicidad, en caso de incumplimiento hay sanciones económicas.
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Normativas que según los abogados consultados, hay nomás una restricción a la libertad de información en el país por entidades gubernamentales.
Hay distorsión con fines políticos. El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Gabriel René Moreno (UAGRM), Manfredo Menacho, dijo que el Gobierno nacional está distorsionando la libertad de expresión con fines políticos.
Lamentó que no se maneje esa situación dentro de los fines normativos que puedan regular el derecho de la información.
Menacho recalcó que la libertad de expresión es un tesoro fundamental, pero la limitación dentro de los marcos legales, es cuando se pretenda atentar contra la vida, el honor y los derechos de las personas.
Derecho a la información veraz. Mientras que el constitucionalista Saúl Paniagua, aseveró que se debe preservar el derecho a informar y ser informado de una forma veraz.
“La Constitución Política del Estado (CPE) provee el derecho a la libertad de opinión y es un elemento fundamental para la potestad del Gobierno en regular a los medios”, puntualizó.
El jurista y docente de la UAGRM, aclaró que dentro de la potestad estatal de regulación, el Gobierno tiene la obligación de respetar el derecho de la libertad de expresión.
Recomendó que si los medios sienten que se les vulneró sus derechos, pueden acudir al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y si no hay respuestas a organismos internacionales.
Restricción sistemática. Para el presidente del Colegio Departamental de Abogados de Santa Cruz, Marcelo Arrázola, hay una clara restricción de los derechos de informar.
“Con las distintas normas aprobadas, el Gobierno está coartando la libertad de expresión de los medios de comunicación”, enfatizó Arrázola.
Mencionó que esas acciones atentan contra los principios constitucionales de los hombres y mujeres de la prensa escrita, oral y televisiva.
Sugiere a los representantes de los obreros de la información, acudir al TCP, solicitando el respeto a sus derechos constitucionales de informar con libertad.
Volver a insistir a la OEA. Por su parte, Ronald Grebe, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), dijo que el gremio debe insistir ante la OEA, sobre los abusos constantes del Ejecutivo. “Ya estuvimos con la Relatora de la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, creo que podemos volver a insistir, “teniendo en cuenta que ella se comprometió volver a Bolivia”, puntualizó Grebe.
Lamentó que a nivel nacional no se haya avanzado, a pesar que se denunció que este tipo de medida solo favorece al régimen gubernamental masista.
Es necesario una denuncia internacional. Ramiro Echazú, exsecretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Prensa, comentó la necesidad de denunciar a nivel internacional, la vulneración a los medios de Bolivia.
Aseveró que no hay una instancia nacional donde se denuncie el control y atentado a la libertad de expresión, que se supone debería estar vigente en un Estado democrático. “Esta restricción se comprueba con una serie de leyes que están vulnerando el derecho de la libertad de prensa y de expresión de los ciudadanos”.
Alertas en la defensa. Roberto Carlos Hurtado, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz, manifestó estar en alerta ante cualquier acción de control a los medios y en defensa de la libertad de expresión. Dijo que en coordinación con la Confederación, están trabajando con las armas legales, para acudir ante el TCP, e incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a “Reporteros Sin Fronteras”, para denunciar atropellos de los derechos de los periodistas del país por el Gobierno actual.
Las obligaciones y sanciones a los medios
Ley contra el racismo y toda forma de discriminación (ley 045)
Artículo 16.- El medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento, sujetos a reglamentación.
D.S. 1486. Contra trata y tráfico de personas.
Artículo 14. (Sanciones). Los medios de comunicación que incurran en infracciones administrativas, serán sancionados de la siguiente forma:
a. La primera vez, con una multa de UFVs (Unidad de Fomento a la Vivienda) 5.000 a UFV’s 15000. b. La segunda vez, con una multa de UFVs15.000 a UFV’s 25.000.
c. La tercera vez y siguientes, la multa será incrementada en un tercio en relación a la última sanción.
Proyecto ley integral contra la violencia a la mujer. Artículo 24. (Obligación de los medios de comunicación).- Los medios de comunicación adoptarán las siguientes medidas:
1. Adoptar los Códigos de Ética y otras medidas de autorregulación, en relación a la difusión de contenidos discriminatorios vinculados a la violencia hacia las mujeres o que refuerzan o justifican la tolerancia o que atenten contra los derechos de las mujeres.
Las restricciones en las normas
Ley Antirracismo. Los artículos 16 y 23, provocaron una movilización nacional de los trabajadores de los medios de comunicación social, con marchas y huelgas de hambre en el 2010 e incluso se firmaron libros pidiendo la reforma que nunca se hizo.
Ley de régimen electoral. En su artículo 82. parágrafo II, establece sanción a los medios que se atrevan a publicitar candidaturas del órgano judicial del país. Elección que se realizó en octubre del 2011, en aquella oportunidad ganó el voto nulo.
Ds 1486. Con este Decreto Supremo, nuevamente los medios en el ojo de la tormenta con sanciones de 5 mil a 25 mil Unidades de Fomento a la Vivienda (UFVs) en caso de incumplimiento sobre su obligación contra la Trata y Tráfico de Personas.
Proyecto contra la violencia a la mujer. Se les exige a los medios televisivos normas de autorregulación sobre el contenido de su programación para evitar atentar contra la dignidad de las mujeres del país.
Fuente: El Día