Mientras en el Día de la Mujer manifestantes en todo el mundo pedían que se respeten y amplíen sus derechos, en Guatemala el Congreso dio varios pasos atrás en materia de igualdad, aprobando una ley que endurece las penas de cárcel por aborto, prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo y la educación sobre diversidad sexual.
La llamada Ley para la protección de la vida y la familia fue aprobada tras casi cinco años de debates en el Congreso. Su principal pilar es la defensa de un modelo nuclear de familia, siempre con un padre y una madre. De ahí que una de sus principales puntas de lanza sea la lucha contra el aborto: cualquier mujer que sufra un aborto espontáneo o intente acabar con su embarazo se expone hasta 25 años de cárcel.
Hasta 50 años de prisión podrá recibir la persona que la haya ayudado a abortar. El aborto terapéutico, el único posible legalmente en Guatemala, estará ahora más restringido.
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Además, se prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo y se sanciona toda institución que promueva modelos de vida fuera de la heterosexualidad.
Una batalla por la inconstitucionalidad
La oposición de izquierda critica una ley que criminaliza la homosexualidad y viola los derechos de la mujer. «Se le están violentando derechos humanos a importantes sectores de la población. Esta ley es absolutamente discriminatoria y es una ley que incita al odio», añadió el diputado Walter Félix, del partido izquierdista URNG.
«Esta ley en realidad debería llamarse ley para encarcelar y matar mujeres. Es una de las cosas más descaradas que están haciendo en esta Legislatura y encima de todo, lo hacen en el Día de la Mujer «, fustigó Samuel Pérez, del grupo de centroizquierda Semilla.
Desde la oposición se apunta a que el texto sería inconstitucional por vulnerar los derechos de dos colectivos, las mujeres y los homosexuales. Lo mismo opina el procurador de derechos humanos, Jordán Rodas. Este martes acompañó al pequeño grupo de mujeres que protestó ante el Parlamento de Guatemala contra la ley y anunció una batalla para que el texto sea declarado ilegal por la Corte de Constitucionalidad.
