El precenso está previsto para junio. En La Paz consideran que poco se puede hacer con la movilidad migratoria.
Fuente: ANF
La Alcaldía de El Alto y las Juntas Vecinales de la urbe preparan para junio un precenso de habitantes para evitar que su población se empadrone en otros municipios el 16 de noviembre; además, analizan posibles sanciones económicas y tres días antes de la jornada del Censo Nacional de Población y Vivienda, cerrarán fronteras.
“Hemos pedido, ellos (Federación de Juntas Vecinales) también han referido que hagamos un precenso en la ciudad del El Alto, a través del municipio, junto a la Fejuve y cada presidente de zona. Esto nos va a dar un parámetro de cuánto más o menos tenemos en población, nosotros vamos a sacar medidas drásticas, así sea con ley municipal, de cerrar nuestras fronteras tres días antes; porque si se van a censar en sus pueblos, van a perjudicar a El Alto”, informó a la ANF el Secretario Municipal de Gestión Institucional de la Alcaldía de El Alto, Rury Balladares.
El Gobierno nacional fijó mediante Decreto Supremo 4546 que el Censo Nacional de Población y Vivienda se realizará el 16 de noviembre de 2022. Para este fin, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), actualiza la cartografía territorial y prevé ingresar a la etapa final desde junio.
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Balladares explicó que el precenso arrancará en junio y para los preparativos, la alcaldesa de esa urbe, Eva Copa, se reunirá el miércoles con representantes vecinales. El empadronamiento precensal de El Alto demandará la participación de funcionarios municipales, dijo la autoridad edil.
“Hemos mandado al INE una nota firmada por la alcaldesa Eva Copa para coordinar las actividades precensales y hemos adjuntado mapas del Instituto Geográfico Militar de El Alto, donde, a través de la ley 2337 (de delimitación de la provincia Murillo en La Paz), dan nuestra delimitación de todo El Alto. Estamos mandando la actualización de todas las zonas de los 14 distritos”, agregó el funcionario municipal alteño.
La migración para el censo también es una preocupación en el municipio de La Paz. La Alcaldía de esta urbe encara la socialización y sensibilidad en los habitantes, pero “poco se puede hacer”, dijo el secretario Ejecutivo de la municipalidad paceña, José Carlos Campero. “Las personas, constitucionalmente tienen libertad de movilidad, es algo que desde el punto de vista democrático apoyamos, pero lastimosamente muchas personas se van a sus pueblos y a sus ciudades a hacerse censar. Es algo que la verdad, fácticamente, tenemos muy poca posibilidad de hacer algo”, agregó.
En cambio, la alcaldía alteña prevé aplicar sanciones a organizaciones sociales o personas que migren de la ciudad el día del censo. “Hablaban los dirigentes de la Fejuve, incluso, zona que no se cense, que no estén con sus habitantes, (se deberá) castigarlos con sus POAs (Plan Operativo Anual), los diez años que no van a tener eso. Tiene que salir en esta reunión de coordinación (que tendrán el miércoles). Como Gobierno Municipal vamos a sugerir que sean sanciones drásticas”, dijo Balladares.
El cierre de fronteras también es otra acción que asumirá el municipio. El secretario de la comuna alteña adelantó que la administración de Copa tiene la facultad autonómica de aplicar una ley local para restringir salidas y tener el apoyo de la Policía Nacional, tres días antes de la jornada del Censo Nacional.
Balladares y Campero coincidieron en que, por consecuencia de menos población en el censo de 2012, ambos municipios perdieron cada uno cerca de 500 millones de bolivianos que debían percibir por la distribución de recursos del Tesoro General de la Nación.
El exviceministro de Descentralización, Fabián Yaksic dijo a la ANF que los gobiernos subnacionales y el INE deberían activar una campaña de sensibilización e información para que la población tome conciencia sobre la necesidad de hacerse censar en el domicilio donde vive habitualmente.
“Una campaña para evitar que esa gente que tiene domicilio habitual se cense en sus casas en provincias, su casa en alguna área rural; alguna vez, lo que sucede es que esta gente cree que con eso van a beneficiar a su municipio donde ha nacido, que no necesariamente es el lugar habitual de su vivienda. Eso perjudica al municipio donde habitualmente reside”, afirmó la exautoridad especializada en el ámbito de autonomías.
Por su lado, el exministro de Autonomías, Hugo Siles, dijo también a esta agencia de noticias que el reto para los subgobiernos es crear condiciones para que la población se mantenga en la región, por ejemplo, generar empleo.
“Tienen que preocuparse en aspectos cotidianos de prestación de servicios o de regulación. En todo caso, como quieren los municipios, alcaldes, tienen que preocuparse por el desarrollo económico, de crear condiciones para que la población se mantenga, haya oportunidades de trabajo. En la última década, la infraestructura pública del país permitió que en muchos municipios se generen fuentes de trabajo”, sostuvo la exautoridad nacional.
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