Descontrol. Los llamados ‘pico blanco’ revenden los combustibles, seducidos en muchos casos por los narcos. El litro de gasolina se comercializa en Bs 5 y hasta en Bs 9, incluso después de la medianoche.
Hace un año eran 40 los puestos clandestinos de venta de combustibles desde San Carlos hasta Chapare y ahora son 76, según lo verificado por un periodista y un fotógrafo de EL DEBER durante tres días. Los funcionarios de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y los militares instalados en la zona no pueden controlar con eficiencia a los revendedores. Las autoridades anuncian un próximo operativo para poner orden.
Yapacaní y Chapare no son zonas alejadas para fiscalizar: Álvaro Ríos/analista energético
Se duplica el mercado negro para comercializar gasolina
DESDE SAN CARLOS HASTA CHAPARE.
Los revendedores del carburante masifican su presencia en la zona roja del narcotráfico. El litro del combustible cuesta desde Bs 5 hasta 9. Un director de la ANH admite problemas en el control
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Motos, camionetas y vagonetas lujosas compran el carburante a precios altos. Fotos: Agapito Paco
El Deber, Santa Cruz
Similar a los hongos, así se reproducen los comercializadores ilegales de gasolina a lo largo de 200 kilómetros en la principal carretera del país, Santa Cruz-Cochabamba. Sin miedo a la ley 100, a los militares ni a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), 76 revendedores, hace un año era 40, hacen de las suyas desde la ‘tierra del Divino Niño’ San Carlos (Km 110), en Santa Cruz, hasta el último rincón del Chapare, en Cochabamba.
Lo lucrativo del negocio atrae a los revendedores, pues el carburante es la ‘miel’ para el narcotráfico y para los que aún transitan en vehículos bárbaros por toda esa región. Si en un surtidor se hace fila para adquirir el litro de gasolina en Bs 3,74 y todo se hace en el marco de la ley, en los puntos ilegales se dispara entre Bs 5, 7 y 9 y es fácil adquirirlo violando toda norma.
Un equipo periodístico del diario EL DEBER recorrió durante tres días la ‘zona roja’ y constató que en las narices de los funcionarios de la ANH y de los militares, que supuestamente controlan la venta de combustibles, los denominados ‘pico blanco’ se han asentado a ambos lados de la carretera y comercializan el carburante inclusive después de las 24:00. Se estima que cada uno de ellos vende entre 50 a 70 litros cada día.
Antes de llegar a la localidad de San Carlos, distante 110 km de la capital cruceña, se observa tres negocios en los que se vende a Bs 5 el litro del carburante. Unos kilómetros más adelante, en Santa Fe de Yapacaní, hay seis puntos.
El centro de las operaciones se registra en Yapacaní, en el que, pese a la existencia de cinco surtidores, hay 24 revendedores ubicados a ambos lados de la carretera e incluso en el ingreso y salida de algunas estaciones de servicio.
Tomar fotografías o hacer una nota periodística parece misión imposible. Todos están atentos a las movilidades que paran en los lugares y que adquieren el combustible. Empero, cuando los mototaxistas cargan algunos bidones o llenan los tanques de sus motos, la gente se centra en el pago y se descuida algunos segundos, momento preciso para captar las imágenes.
El viaje continúa. Al pasar por Choré se detecta tres tiendas; en El Palmar, hay cuatro; en Villa San Germán, 10; en Nuevo Horizonte, cinco y en Ichilo, dos, todos ellos en Santa Cruz. El camuflaje de los negocios es perfecto. En unos se venden tarjetas telefónicas de Entel, de Viva y Tigo. En otros hay venta de lubricantes, gaseosas y coca.
Al ingresar a Cochabamba, en el cruce de Ichilo hay dos negocios, unos kilómetros más adelante en Entre Ríos se observa cuatro puntos de venta, mientras que en Ivirgarzama hay dos. Entre Chimoré y Villa Tunari existen cinco negocios; en Villa 14 de Septiembre, cuatro y la zona de Paracti, otros cuatro. Al igual que en los anteriores negocios, los vendedores se las ingenian para ofrecer la gasolina, pues algunos la camuflan con la venta de miel; otros con frutas e incluso se las oferta en los restaurantes.
A lo largo de esta ruta hay 11 surtidores, razón por la cual no se justifica bajo ningún motivo la venta ilegal de carburantes.
Subvención y ley
Cabe recordar que el subsidio estatal permite que el litro de gasolina cueste Bs 3,74, cuando su precio real es de Bs 9,51, lo que significa que el Tesoro General del Estado (TGE) paga los restantes Bs 5,51 por el producto. Este año se erogará $us 1.060 millones.
Hace dos semanas el presidente Evo Morales exteriorizó su preocupación por la fuerte subvención a los carburantes, aunque indicó que Chapare dejó de ser zona roja de la droga; sin embargo, en la zona hay comercio ilegal de carburantes.
En medio de esta situación, la ANH asegura que desde el año pasado hace operativos en diferentes zonas del país, pero, según los pobladores de los puntos visitados, no hay control. Ellos aseguran que existe una fiscalización de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) que pone énfasis en operativos antidroga.
En criterio del consultor Bernardo Prado Liévana, estas irregularidades confirman que pese a los anuncios y a las buenas intenciones la lucha contra el contrabando y contra el mercado negro de combustibles está lejos de ser ganada y eso se debe, en gran medida, a que la ley 100 tiene como rango de acción las zonas ubicadas a una distancia no mayor a los 50 km de algún punto fronterizo.
No obstante, Prado considera que la recién creada Dirección de Operaciones de Interdicción de Hidrocarburos, dependiente de la ANH, puede ser un elemento fundamental para llenar ese vacío legal porque prevé un rango de acción que abarca toda la geografía boliviana.
Surtidores
La Asociación de Surtidores (Asosur), a través de la gerente regional de Santa Cruz, Susy Dorado, indicó que sus asociados se limitan a acatar la ley y a vender combustibles con facturas. Argumentó que la fiscalización y control de la comercialización ilegal corresponde a la ANH y a Sustancias Controladas. “La obligación es del ente regulador. Así como nos controlan a las estaciones de servicio, así debe fiscalizarse el comercio ilícito”, dijo la ejecutiva del sector
Lugares de comercialización ilegal del carburante
Plan contra desvío de combustibles
La Dirección de Operaciones de Interdicción de Hidrocarburos anunció el combate del uso ilegal de carburantes en los puntos estratégicos del país. Esta repartición fue creada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
"Son una serie de delitos que tienen su origen en el desvío de combustible", afirmó el director de Operaciones, Jaime Cuéllar, posesionado hace dos semanas, al indicar que este negocio tiene "conexión con el narcotráfico y la explotación ilegal de madera".
Esta dirección tendrá a su cargo a un grupo operativo de efectivos compuesto por miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía destinados a ejecutar acciones contra el desvío de combustibles en cualquier punto del país. Empero, la entidad no especifica la fecha para actuar. El director nacional de la ANH, Gary Medrano, no pudo ser contactado.
Por otro lado, según la página web del ente regulador, el Centro de Procesamiento de Datos de la ANH comenzó a recibir información sobre la compra-venta de combustibles en algunas estaciones de servicio, pues ya está funcionando el programa B-SISA.
Los operativos en 2012
1 Millón de litros incautados
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) informó de que en 2012 ejecutó 134 operativos, se incautó de 66 vehículos, remitió a 110 personas al Ministerio Público, confiscó 1.736 cilindros de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y 1 millón de litros de combustibles que pretendían desviarse al contrabando.
Droga incautada en 2012
Según datos de la Felcn, en 2012 se incautó de 34 toneladas de cocaína en diferentes regiones del país.
La comercialización en el país
De forma diaria YPFB despacha 12.100.000 litros de gasolina a las diferentes estaciones de servicio del país. Durante este fin de semana se acumularon 7.700.000 litros adicionales, con el objetivo de evitar problemas de desabastecimiento.
Diésel
Los despachos habituales de diésel oil en el territorio nacional llegan a 15.450.000 litros, según los informes de la estatal petrolera, que garantiza la provisión en el país.
Entrevista
“Es complicado operar en la zona”
Nelson Lamas Rodríguez | Responsable de la ANH, unidad Santa Cruz
Hemos observado que no hay control en la venta ilegal de gasolina prácticamente a lo largo de 200 kilómetros desde San Germán hasta Chapare.
¿Qué hace la ANH?
Venimos realizando operaciones en la zona y se coordina de manera interinstitucional para operativizar en esas localidades, pero tiene sus complicaciones. El año pasado hemos actuado e intervenimos una estación de servicio.
Sin embargo, en lo que corresponde al lado de Santa Cruz, la gente vende libremente el combustible a ambos lados de la carretera…
Es complicado operar en la zona, pero, como le digo, vamos a coordinar acciones con el Ejército y con el comando conjunto. Como ANH hacemos operativos en lo referente al control de los camiones cisternas desde el punto de salida hasta los surtidores. Por otro lado, la estación de servicio Coca ha pasado a manos de YPFB, esto por un tema de abastecimiento. Había un informe de que el surtidor no operaba de acuerdo con el reglamento.
¿Qué pasa con el resto de los puntos ilegales que se masifican hasta Chapare?
Estamos detrás de los grandes acopiadores. Es diferente tener conocimiento de las personas que venden 40 litros de gasolina sobre la carretera que saber de la gente que comercializa miles de litros. Vamos a controlar todo. No es fácil hacer operativos en esa zona
Análisis
Hay que llegar al fondo del asunto
Álvaro Ríos | Analista energético
En primer lugar, nos parece que la investigación de EL DEBER da en el clavo de que solo en ciertos lugares de nuestra querida patria se fiscaliza estrictamente la comercialización ilegal de derivados del petróleo.
En segundo lugar, y mucho más importante, sería bueno conocer de nuestras autoridades investidas por ley que, a partir de esta investigación periodística, se informe claramente para qué usos se destina esta gasolina en las localidades de Yapacaní y del trópico cochabambino.
Otra arista es que nuestros hidrocarburos están tremendamente subsidiados y los que pagamos impuestos estamos subsidiando, además, estos usos en puntos ilegales de comercialización. Nos preguntamos si la ANH e YPFB conocían de esta comercialización al margen de la ley, ya que Yapacaní y Chapare no son zonas alejadas o inaccesibles para realizar una adecuada fiscalización. YPFB, la ANH y otras instituciones tienen mucho que informar al país sobre esta nueva irregularidad en nuestro sector de hidrocarburos. Es preciso que se llegue al fondo de este asunto y que no quede en nada, como los escándalos de corrupción de la planta de Río Grande que son investigados por los medios de comunicación. Nuestra justicia, que está en la mira de todos los bolivianos, tiene acá un nuevo desafío en el que nos debe demostrar que se va a investigar independientemente y sancionar a los responsables externos e internos.