El proceso del caso Rózsa está muerto, pero sigue caminando. Es el juicio “zombie” del gobierno de Evo Morales. Muerto jurídicamente, pero forzado políticamente a continuar andando.
Lo cierto es que nunca anduvo muy bien de salud. Desde su nacimiento, el juicio sufrió varias dolencias: ruptura del debido proceso, incumplimiento del principio de juez natural, destrucción de pruebas…
Tras la fuga del fiscal que llevaba el caso “terrorismo II”, Harry Suaznábar, y a la difusión de dos grabaciones de su colega encargado del “terrorismo I”, Marcelo Soza, donde detalla el montaje gubernamental de un falso tiroteo en el Hotel Las Américas y la inculpación de personas por motivos políticos, debe procederse a la extinción de la causa, máxime cuando pasaron más de tres años sin sentencia.
El caso Rózsa tendría que convertirse en el caso Soza, enfocando la investigación en las “maniobras envolventes” reveladas por el fiscal en el citado audio que, según dos peritajes internacionales, registra efectivamente su voz.
Pero sucede que, según dice el mismo Soza en la grabación, “se cae este caso y se cae Evo”. Esto, dado que el presidente confesó el día de la masacre que él “ordenó personalmente” el operativo.
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Al derrumbarse la ficción del terrorismo/separatismo únicamente queda en pie la tesis, ya entrevista o sugerida por un reciente informe de la ONU, de una ejecución extrajudicial por mandato presidencial…