Expertos: Los juicios a Aramayo son ilegales e inconstitucionales

Fuente: paginasiete.bo

Yolanda Mamani Cayo / La Paz

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Los 259 procesos judiciales contra el exdirector del Fondo Indígena Marco Antonio Aramayo, el único procesado por el desfalco de los recursos de la entidad estatal y su detención preventiva de siete años, son ilegales e inconstitucionales, coincidieron cuatro abogados penalistas y constitucionalistas.

Mientras Aramayo se debate entre la vida y la muerte en un coma diabético, como resultado de una crisis por efecto de una “tortura sistemática”, como dice su defensa, los juristas identifican la violación de por lo menos tres artículos de la Constitución Política del Estado (CPE) y otros tres del Código de Procedimiento Penal (CPP).

“La Constitución Política del Esatado establece la garantía del debido proceso. No es legal que una persona enfrente más de 250 procesos por un mismo tema. Es ilegal, anticonstitucional y va contra los derechos humanos que una persona esté detenida preventivamente durante siete años”, afirmó a Página Siete el abogado constitucionalista Marco Baldivieso.

El experto agregó que la cantidad de procesos abiertos contra Aramayo refleja la “saña” del Órgano Judicial y del Ministerio Público utilizados como “instrumentos al servicio del poder”.

El abogado constitucionalista Williams Bascopé Laruta  agregó que este hecho muestra “la cara más miserable e indolente de la justicia y la manipulación de la misma por parte de los políticos”.

“Esto es lo más abominable y canallesco que el MAS le hace a alguien que es del propio MAS y es un insulto y desprecio a la vida”, señaló Bascopé. Agregó que lo mínimo que procede es que los que imparten justicia determinen detención domiciliaria por la salud de Aramayo.

Vulneraciones

Los juristas identifican la vulneración de tres artículos de la CPE: el parágrafo II del artículo 117: “Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho”.

El parágrafo II del artículo 115: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”.

También mencionan el artículo 15 y el 114 que prohíben todo tipo de tortura. La defensa de Aramayo denunció que desde hace siete años es sometido a una “tortura sistemática” por parte de la justicia y la Fiscalía.

Entre las vulneraciones al CPP identifican la violación al artículo 4: “Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho”, el artículo 45: “Por un mismo hecho no se podrá seguir diferentes procesos aunque los imputados sean distintos”.

También se menciona el artículo 6: “Todo imputado será considerado inocente y tratado como tal en todo momento, mientras no se declare su culpabilidad en sentencia ejecutoriada”. Aramayo no tiene sentencia ejecutoriada y está siete años detenido de forma preventiva.

Investigación

Tanto Baldivieso como Bascopé manifiestan que este hecho sin precedentes en la historia judicial del país debe ser investigado en instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque afirman que con los 259 procesos penales, su detención preventiva y su estado crítico de salud, el Estado vulnera sus derechos humanos.

“Este hecho debe hacerse conocer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque no se le está dando un trato digno a un ciudadano que ha denunciado corrupción”, afirmó Bascopé.

Por su lado, Baldivieso reprochó a los partidos de la oposición, a la Defensoría del Pueblo, a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y a los activistas que todos estos años “han dejado solo” a Marco Aramayo.

Estrategia

Para el abogado Eduardo León, los más de 250 casos contra Aramayo por un mismo hecho es una estrategia del entorno del expresidente Evo Morales y su exministra Nemesia Achacollo, a quienes ve como los principales responsables, junto a dirigentes campesinos del MAS del desfalco millonario del Fondo Indígena. El objetivo sería “hacer perder” la causa principal entre cientos de juicios y que el proceso se extinga para los verdaderos responsables.

“Este es un acto de prevaricato y un consorcio que hay entre jueces, abogados y fiscales que procuran cubrir a los responsables de este caso, como Nemesia Achacollo. Debió ser procesado Evo Morales y todo su gabinete por aprobar con un decreto la posibilidad de dar recursos estatales por supuestos proyectos a simple firma”, afirmó León.

El abogado Eusebio Vera, quien defendió en los primeros años a Aramayo, afirmó que le iniciaron procesos hasta por “delitos” que había cometido Achacollo y que no tienen ninguna relación con Aramayo.

“El único pecado o delito en materia penal fue que el señor Aramayo denunció de forma pública todos los actos de corrupción que denunció desde el año 2012. La justicia, los fiscales y todos los que fueron directores del Fondo Indígena se ensañaron con él simplemente por haber denunciado corrupción”, afirmó Vera.

Tanto León como Vera coincidieron al señalar que en el caso de desfalco del Fondo Indígena, el Ministerio Público debe investigar al exministro de Economía y actual presidente del Estado, Luis Arce, porque todos los recursos públicos para esta entidad eran otorgados con conocimiento y licencia del actual jefe de Estado.