La Observación Ciudadana de la Democracia (OCD) realizó el seguimiento y recabó información sobre los 16 habilitados.
Fuente: El Deber
Finalmente, después de revisar las 66 carpetas de los candidatos habilitados, la Comisión Mixta de Constitución verificó que solo 16 pasarán a la fase de entrevistas y examen que empezará el sábado. La convocatoria a candidatos logró el concurso de 198 ciudadanos, de los cuales 72 presentaron todos sus documentos; luego de la fase de impugnación quedaron en carrera 66 y ahora ya solo quedan 16 postulantes; lo que significa que solo el 8% de los ciudadanos que se registraron llegó hasta esta fase.
En esta etapa de calificación de méritos, los postulantes debían acreditar en su hoja de vida tres parámetros: méritos, capacidad profesional y trayectoria en derechos humanos. La Observación Ciudadana de la Democracia (OCD) realizó un seguimiento de todo el proceso y pudo recabar información sobre quiénes son los 16 habilitados. EL DEBER presenta la trayectoria de cada uno.
La abogada Luisa Antonia Chipana Ubaras, fue una de las tres personas que logró el puntaje perfecto, es decir, cumplió los 10 requisitos: en 2008 fue directora de Régimen Penitenciario en Pando; luego pasó a la Defensoría del Pueblo donde trabajó por cinco años. En 2015 ingresó a la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés) donde estuvo trabajando hasta diciembre de 2021.
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A lo largo de su trayectoria profesional se especializó en la resolución de conflictos e hizo una maestría en Derechos Humanos. Presentó certificados de al menos 17 cursos sobre defensa de Derechos Humanos, derechos en las cárceles y contra la violencia a menores y mujeres.
Pedro Callisaya Aro también es abogado y fue director nacional de Derechos Reales hasta febrero de este año; antes se desempeñó como Vocal de Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Entre 2016 y 2017 fue Especialista en Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh, por sus siglas en inglés); mientras que entre 2010 y 2012 fue jefe Nacional de la Unidad de Servicios a la Ciudadanía de la Defensoría del Pueblo.
El tercer postulante que alcanzó los 10 méritos exigidos fue, Ramiro Leonardo Iquise Pally, nacido en Potosí, se identificó como quechua y vive en la ciudad de El Alto. Es abogado y se vinculó con el Estado desde 2009 cuando ingresó a trabajar a la Alcaldía de El Alto como jefe de unidad de protección a la persona con discapacidad.
Dos años después ingresó al Ministerio de Justicia y permaneció en su cargo por casi dos años. En junio de 2011 ingresó a la Defensoría del Pueblo donde trabajó los siguientes 11 años ocupando distintos cargos. Renunció el 31 de marzo de este año.
Luego vienen los candidatos que cumplieron nueve de los diez requisitos. Se trata de Marco Antonio Loayza Cossío, vinculado a la Defensoría del Pueblo desde 2010, donde ingresó como consultor, pero logró otros puestos como jefe de gabinete en 2012, luego fue designado como Defensor Adjunto de Atención a la Ciudadanía, hasta 2016.
Ese mismo año ingresó como consultor a la Oacnudh y estuvo hasta 2017, de ahí pasó a la ONG Coordinadora de la Mujer y luego a otra ONG, la Fundación Construir, donde desarrolla sus actividades.
Jafeth Esteban Mamani Yanarico, abogado y maestro normalista, es docente catedrático en la escuela superior de formación de maestros Warisata. Trabajó como profesional en la dirección general de formación de maestros en el Ministerio de Educación desde el 2021 hasta enero de 2022, estuvo vinculado siempre a la formación docente y fue facilitador de la Defensoría del Pueblo.
Porfirio Machado Guisbert encabeza el grupo de los que cumplieron 8 requisitos, es abogado paceño, es el jefe nacional de asuntos jurídicos del Senasag, oficina que depende del Ministerio de Desarrollo Rural, donde ingresó a trabajar desde 2021. Estuvo como expositor en distintas organizaciones rurales y según su hoja de vida escribió 13 libros. La mayor parte de su trayectoria lo desarrolló en instituciones de la ciudad de El Alto y la universidad de esa urbe.
Rimmy Calle Choquecallata, también habilitado con el cumplimiento de 8 requisitos. Llama la atención su clasificación porque según su hoja de vida es vicepresidente de la comisión política de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), su mandato empezó este año y concluirá en 2023.
Entre 2016 y 2018 fue secretario de los pueblos indígenas en la Central Obrera Departamental de Oruro, por ese cargo también debía ser inhabilitado, pero los legisladores dejaron pasar esos dos datos. Esos cargos lo inhabilitaban como candidato, pero está en la fase de entrevistas.
El tercer candidato con 8 requisitos cumplidos fue, Santiago Condori Apaza, aunque de esta persona no existen antecedentes, pues es el único que fue rehabilitado después de la etapa de impugnación.
Rubén Julio Estrada Candia aprobó con 7 requisitos, se trata de un abogado que desde 2007 está vinculado al Gobierno, trabajó en cuatro ministerios, Trabajo, Gobierno, Presidencia y Salud, ocupando distintos cargos, aun así llegó a esta fase.
En el caso de Lydia Apaza Quispe, con siete requisitos aprobados, está vinculada a las organizaciones campesinas que apoyan al Gobierno. En su hoja de vida destaca su trabajo como asesora legal de dos municipios: Guaqui y Jesús de Machaca; en este momento es abogada particular y fue facilitadora de cursos en las ONG, CDIMA y CIPCA.
Claudia Andrea Calvo Campos encabeza el grupo de los que aprobaron con el mínimo de seis requisitos. Según su hoja de vida fue directora de relaciones internacionales del municipio de Sucre hasta 2021 y antes de eso fue asesora legal en la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (Cofadena) hasta 2019.
Wilber Choque Cruz calificó en primera fase pese a que es autoridad electa en 2017 y la convocatoria prohibía la presentación de las autoridades electas ocho años antes, desde 2017 solo pasaron cinco años. Trabajó en varias entidades del Estado desde 2002, luego de ejercer como Consejero de la Magistratura tuvo un cargo en la Defensoría del Pueblo hasta 2019.
Evelín Patricia Cossío Márquez no trabajó en el Estado, destaca su trabajo como asesora de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), fue abogada de los dirigentes como Franclin Gutiérrez.
Marcelino Marco Antonio Lucero León nació en Sucre, pero vive en Santa Cruz, es abogado, trabaja en la Caja Nacional de Salud regional en este departamento, ocupa el cargo de jefe de Asesoría Legal. Entre 2017 y 2018 estuvo como asesor de la unidad jurídica del ministerio de Salud, en 2010 trabajó en la Defensoría del Pueblo, como Responsable Nacional del Programa de DDHH de las Personas Adultas Mayores.
Juan Patricio Quispe Mamani es otro de los dirigentes habilitados, actualmente es presidente de la Asociación de Familiares Caídos por la Defensa del Gas Asofac-DG en la ciudad de El Alto, es estudiante de ciencias políticas en la universidad de El Alto.
El décimo sexto candidato habilitado es Juan Revollo Valencia, lingüista, potosino, desempeña sus tareas en ese departamento, es docente, publicó un libro y estuvo de expositor en distintas entidades del Estado.