Opositora fue “chicoteada”. Campesinos se ampararon en la “justicia comunitaria”. Es el cuarto caso de violencia política.
Escape: la diputada Flores, al momento de subir al vehículo que le permitió escapar de los comunarios
La Prensa:
Agresión a diputada Flores es el cuarto caso de violencia política
EL GOBIERNO Y LA FISCALÍA TODAVÍA NO TOMARON MEDIDAS CONTRA PRESUNTOS CULPABLES
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Derechos Humanos de Oruro presentará una queja ante la Prefectura y la Brigada Parlamentaria.
Oruro. La agresión a la diputada podemista Jheymi Flores es el cuarto caso de violencia política que se presenta en los últimos meses. Las víctimas sostienen que ni el Órgano Ejecutivo ni el Ministerio Público han hecho los esfuerzos necesarios para resarcir los daños.
Anteriormente, familiares del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, la ex diputada masista Marleny Paredes y el otrora dirigente indígena Marcial Fabricano fueron víctimas de ataques de sectores afines del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Ayer, durante una conferencia de prensa en Oruro, Flores anunció que presentará denuncias en el Ministerio Público y en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores en contra del prefecto orureño, Alberto Luis Aguilar, y del presidente de la Brigada Parlamentaria de ese departamento, Hediberto Lázaro (MAS). En caso de no obtener resultados, acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El 29 de mayo, en ambientes de la Brigada Parlamentaria de Oruro, la diputada fue agredida por comunarios del distrito indígena de Culta (provincia Avaroa). Flores denunció que, “por la negligencia del prefecto Aguilar”, su departamento perdió 145 kilómetros cuadrados de territorio con Potosí.
Los indígenas le exigieron, según la congresista, que se retracte de la acusación, pero ella se negó a hacerlo, lo que generó la reacción violenta. Flores tuvo que salir a empellones, “entre chicotazos y golpes”, para subirse a un vehículo que la alejó del predio parlamentario.
“Ya he presentado la denuncia al Ministerio (Público) y lo voy a hacer ante instancias internacionales. En confabulación, y de manera premeditada y alevosa, el presidente de la brigada (Heriberto Lázaro) junto con el prefecto Aguilar han sido cómplices del atentado”.
Lázaro rechazó las acusaciones de Flores y calificó el hecho de “show político”. Advirtió de que la diputada Flores “sólo busca protagonismo”. “Asumiremos defensa porque ella no puede denunciar intento de asesinato contra mi persona y el Prefecto. Rechazamos las acusaciones”.
En un comunicado oficial, la Brigada Parlamentaria de Oruro determinó que las agresiones a Flores serán investigadas por el Ministerio Público.
Los ataques fueron rechazados por la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Oruro, Clotilde Calancha, quien anunció una representación ante la Prefectura y Brigada Parlamentaria.
“No se puede concebir que a nombre de justicia comunitaria se pueda agredir a ciudadanas y peor que las autoridades que estaban presentes en ese momento no hayan hecho nada para frenar estos excesos”.
A la agresión a Flores se suman los casos de vejaciones y expropiación de propiedades sufridas por la ex diputada disidente del MAS Marleny Paredes (3 de marzo) y por el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas (7 de marzo).
La Fiscalía, pese a existir las denuncias correspondientes, aún no ha identificado a los responsables y tampoco ha viabilizado la devolución de sus viviendas. “Éstos son actos de venganza que nadie castiga, porque son grupos del oficialismo”, denunció Víctor Hugo Cárdenas, quien informó a La Prensa que la Fiscalía está cerca de imputar a cuatro de los principales instigadores. “Pero nuestra vivienda tomada hace más de tres meses aún no ha sido devuelta, pese a que los comunarios de Sank’ajawira la tienen abandonada”.
Miembros de la comunidad de Chicalulo, Yungas, agredieron a Paredes y ocuparon una pequeña propiedad que tiene en la zona. El caso fue cerrado por la fiscal Rosalía Alarcón (de Coroico) porque no se presentó a declarar en la primera audiencia. La ex diputada masista dijo que no asistió por la “falta de garantías para volver a los Yungas”.
La denuncia ante la CIDH fue presentada formalmente el 27 de mayo. El expediente del caso también fue enviado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El caso de los 50 latigazos al dirigente indígena Marcial Fabricano (8 de mayo), pese a haber sido presentado al Ministerio Público, tampoco ha derivado en la imputación a los autores de la agresión.
El constitucionalista Carlos Alarcón sostuvo que estos excesos cuestionan la viabilidad de la nueva Constitución Política del Estado. “Estas agresiones la condenan al fracaso porque se cometen bajo su cobertura jurídica con la excusa de la justicia indígena”. Alarcón sostuvo que estos “delitos” son “violatorios a los derechos fundamentales de las personas, vigentes en tratados internacionales”, hecho que puede derivar en demandas internacionales contra el Estado. Según el jurista, el Ejecutivo se convierte en “promotor de las agresiones” al no pedir que se sancione a los responsables.
Examen forense prueba ataque a parlamentaria
El examen forense al que se sometió la diputada de Podemos Jheymi Flores, tras la agresión sufrida el 29 de mayo en las oficinas de la Brigada Parlamentaria de Oruro, determinó un impedimento de diez días.
Un medio orureño informó que el reporte final elaborado por el médico forense adscrito a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) dice que se constató “la presencia de dolor a la palpación en el lado posterior de la cabeza, dolor a la palpación en arco costal posterior de quinta costilla derecha y de cara lateral derecha del tórax”.
Asimismo, se constató “equimosis rojiza de cuatro a cinco centímetros en el hombro izquierdo y excoriación de tres centímetros en cara posterior de tercio medio de antebrazo izquierdo”. Luego de este examen físico, Flores recibió un certificado forense por diez días de impedimento.
En la oportunidad, Israel Flores, hermano de la diputada suplente, también sufrió las agresiones de los comunarios del distrito indígena de Culta (provincia Avaroa), población limítrofe con el departamento de Potosí, quienes salieron en defensa del prefecto Alberto Luis Aguilar después de que Jheymi Flores cuestionara la gestión de éste.
“Mi hermano también ha sido agredido físicamente por los comunarios sin que el prefecto Aguilar y el presidente de la Brigada, Heriberto Lázaro, hagan nada por defendernos”.
Israel Flores, entrevistado por medios televisivos, dijo que recibió “golpes de chicotes en la cabeza y en la espalda; empujones y puntapiés en las extremidades inferiores”. El hermano de la diputada recibió atención médica en la clínica Cristo Rey, donde le curaron las heridas en su cabeza. Le dieron 20 días de impedimento.
Repercusiones
“No hemos podido salir, había un diputado del MAS que se reía, no podíamos defendernos, ellos eran más de 60 personas. Querían que me retracte para no afectar la gestión del prefecto Aguilar y como yo no quise, me agredieron, y para demostrarlo tengo el informe del médico forense”.
Jheymi Flores
Diputada de Podemos
“Hay instancias llamadas por ley y la propia Constitución Política del Estado que deben velar por los derechos de los ciudadanos bolivianos, y no quiero imaginar que se haya puesto limitaciones a las instancias de la justicia, y para eso están las autoridades: para hacer justicia por igual para todos los bolivianos”.
Marcial Fabricano
Líder indígena
“Definitivamente, en Bolivia no hay justicia, porque nadie dijo nada cuando los campesinos me flagelaron y se entraron a mi propiedad, donde todavía permanecen. Por eso estoy recurriendo a instancias internacionales para hacer respetar mis derechos ”.
Marleny Paredes
Ex diputada disidente del MAS