El Gobierno podrá llegar a esa meta sólo si pone bajo su control total y absoluto los otros poderes, como el Judicial, el Legislativo, el Electoral y, finalmente, el poder de la prensa.
Editorial La Prensa
El presidente Evo Morales afirmó recientemente que su movimiento político ha tomado el control del ahora denominado Órgano Ejecutivo, pero que falta hacer lo mismo con los poderes Legislativo y Judicial para tomar el control total del Estado, que le permita ejecutar más ágilmente el cambio político que dijo haber iniciado cuando asumió la Presidencia en 2005.
Hace también poco tiempo, Morales se proclamó marxista, leninista y comunista, en una reunión que mantuvo con su par venezolano, Hugo Chávez, cuando desafió a la Organización de Estados Americanos (OEA) a expulsar a Bolivia de su seno como hizo con Cuba por su carácter comunista en 1962.
Estos elementos, sumados a las actitudes contra los Estados Unidos, como la expulsión del Embajador del país del norte, de la DEA y USAID del Chapare; las irregulares detenciones de opositores y presuntos opositores pandinos; el desacato a la Constitución Política que el mismo Morales impulsó y respaldó y otras actitudes intolerantes parecen señalar, sin temor a equivocarse, que Bolivia está enfilando, directamente, hacia un régimen, primero, similar al que Chávez impuso en Venezuela y, después, a uno más parecido con el que Fidel Castro estableció en Cuba.
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Desde el Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional podrá negarse esta posibilidad y sostener que éste es un régimen democrático. Pero lo que se dice y se hace desde el Gobierno genera la sensación de que se siguen los pasos políticos de Cuba, con todas aquellas violaciones a los derechos humanos y conculcación de libertades que ello implica.
El Gobierno podrá llegar a esa meta sólo si pone bajo su control total y absoluto los otros poderes, como el Judicial, el Legislativo, el Electoral y el poder de la Prensa. Ya otras reparticiones del Estado han perdido su condición de semiautónomas, o autónomas, como la Contraloría o las superintendencias.
Como se advierte, los pasos iniciales han sido dados. Se eliminó totalmente el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Constitucional, pese a la resistencia valiente de la vocal Silvia Salame que al final renunció porque con el presupuesto asignado no podía funcionar esa entidad cuya facultad es la de decidir si las acciones de funcionarios públicos y las normas que emiten son o no legales.
La Corte Suprema de Justicia también está paralizada por la suspensión de su presidente, Eddy Fernández, sometido a juicio en la Cámara de Senadores bajo acusación de haber demorado el juicio contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Este hecho dejó sin quórum al máximo tribunal de la nación.
El Gobierno tiene el control parcial del Órgano Legislativo con su mayoría en Diputados y apunta a coparlo en las elecciones de diciembre. Pero no habrá completado sus aspiraciones si no logra la sumisión de la prensa independiente, cosa que podría tornársele más difícil debido al profundo sentimiento de libertad que existe en los periodistas y medios de comunicación social.