La chilena inicia este lunes una visita de una semana por China en la que irá a Xinjiang, lugar de represión de la minoría musulmana uigur. Una visita vigilada muy de cerca. Estados Unidos y otros países califican de genocidio el trato recibido por esta minoría por parte de Pekín, pero las esperanzas de que se pueda llevar a cabo una investigación internacional profunda son escasas.
“Desde 2005, ningún Alto Comisionado de la ONU ha podido viajar a China para constatar el estado de los derechos humanos. Es la primera vez también que una Alta Comisionada podrá ir a la región uigur. Así que es cierto que esta visita es histórica”, explica a RFI Zemeretay Harkin del Congreso Mundial Uigur.
Las organizaciones de derechos humanos temen que las autoridades chinas usen esta visita para blanquear la violación a los derechos de la minoría uigur. Zemeretay Harkin deplora que hace tiempo que su organización intenta reunirse con Bachelet sin éxito. Los responsables de la ONU intentan desde 2018 que el gobierno de Pekín les autorice “un acceso libre y significativo” a la región de Xingiang.
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Bachelet y su equipo tienen previsto ir a Urumqi y a Kashgar, en la región uigur, así como a Canton, en el sur de China. En el programa de esta visita hay un encuentro con “altos funcionarios nacionales y locales”, según indicó la oficina la semana pasada. Pero el margen de maniobra va a ser muy reducido, según alerta Harkin.
“Esta visita es problemática porque está claro que desde el principio el gobierno chino no iba a dar carta blanca y total independencia a la Alta Comisionada y su equipo. En estas circunstancias, nos preguntamos si la visita será útil. El gobierno chino lo va a usar como propaganda, van a elegir los lugares y van a coreografiar la visita”, denuncia. Un temor que comparte Maya Wang, investigadora en Human Rights Watch. “El gobierno chino puede manipular la visita para blanquear los graves abusos”, advierte.
Represión sistemática contra la minoría uigur
Desde 2017, se acusa a Pekín de llevar a cabo una represión sistemática contra los uigures y otras etnias musulmanas en la región, como los kazajos. Las asociaciones de defensa de los Derechos Humanos denuncian que el gobierno chino ha encerrado a más de un millón de personas en campamentos de reeducación.
Pekín desmiente esta cifra y explica que se trata de “centros de formación profesional” destinados a combatir el radicalismo islamista después de una serie de atentados atribuidos a grupos uigures.
En los últimos años, según investigadores universitarios y uigures instalados en el extranjero, las autoridades de Xinjiang han abandonado las medidas de represión severas para concentrarse en el plano de desarrollo económico.
“En la actualidad, ya no hay muchas pruebas visibles de la represión, dice a la agencia de noticias francesa AFP, Peter Irwin de la ONG Uyghur Human Rights Project. Grupos de defensa alertaron de la vigilancia omnipresente del Estado y del miedo a las represalias que impedirán que los uigures puedan hablar libremente al equipo de Naciones Unidas.
