Los temas en discusión fueron humanitarios, de aprovisionamiento y logística. Señalan que se recaudaron $us 2 millones para Rózsa. La juez Betty Yañíquez retoma el caso de presunto terrorismo.
Sospechoso: el general retirado Lucio Áñez (derecha) deja la FELCC cruceña junto a un familiar, el 14 de mayo
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La Prensa
Los miembros de la estructura militar y de apoyo de la milicia se reunían en dos stands de Fexpocruz.
El general en servicio pasivo Lucio Áñez Ribera admitió, en sus declaraciones al fiscal Marcelo Soza, haberse reunido al menos en tres oportunidades con Eduardo Rózsa Flores, presunto líder de una milicia separatista, y con los integrantes del grupo irregular para analizar temas referidos a la defensa de Santa Cruz, “porque los campesinos querían ingresar a la ciudad”.
En un operativo policial cumplido la madrugada del 16 de abril en el hotel Las Américas, de Santa Cruz de la Sierra, Rózsa murió junto con sus camaradas Micheal Dwyer, irlandés, y Árpád Magyarosi, rumano, en tanto que fueron capturados con vida el húngaro Elöd Tóásó y el boliviano-croata Mario Tádic Astorga.
Ese hecho dio lugar a una investigación dirigida por el fiscal paceño Marcelo Soza, ante quien Áñez prestó declaraciones el 14 de mayo en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la capital cruceña.
En esa ocasión, el ex general explicó: “En el mes de octubre de 2008, en Santa Cruz existía un estado de zozobra, había una amenaza constante, porque los campesinos querían ingresar a la ciudad, cortaron rutas y se enfrentaron con grupos de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC). Llegaron hasta Montero”, a 60 kilómetros de esa capital.
Áñez dijo haber sido buscado por la presidenta del Comité Cívico Femenino, Julia Parada, “para pedir ayuda, nos buscaron a los militares jubilados, porque la Prefectura no estaba apoyando”.
El ex oficial confunde las fechas, pues el pretendido cerco a Santa Cruz de la Sierra se levantó el 16 de septiembre, cuando comenzó el diálogo entre el Gobierno y la oposición, después de que en la “media luna” se produjeran tomas de instituciones estatales y acciones coordinadas contra el Gobierno, que éste calificó como un intento de golpe de Estado cívico-prefectural.
Según él, sólo recomendó asegurar el aprovisionamiento de medicamentos, alimentos, agua, gas y vituallas, en general, porque “era lo único que se podía hacer”.
Aunque no especificó quiénes, dijo que “ellos querían que alguien los aliente. Ante esta situación tomé contacto con diferentes personas, una de ellas era el señor Rózsa. Me dijo que tenía medios para desplazarse, para llevar alimentos y heridos”.
Aseguró que conoció el boliviano-croata-húngaro en esa oportunidad, “debió ser a fines de noviembre” de 2008, y mencionó que “fue él que se me acercó y tomé nota de su teléfono”.
En la declaración firmada por el militar en retiro consta que en enero de 2009 el ex unionista Alcides Mendoza Mazabi “me dijo que existen elementos armados entre San Julián y San Ramón, yo le dije que no tenía medios” para desplazarse a esa región para comprobar ese extremo.
Mendoza Mazabi fue aprehendido en un operativo hecho en Santa Cruz el 28 de abril.
Empero, “me acordé del ofrecimiento de este señor Rózsa y le dije que lo acompañe para verificar” esa denuncia en la Chiquitania. “Para ese cometido yo llamé al señor Rózsa (…) Después me enteré que no hubo nada”. Casi a continuación, Áñez Ribera agregó: “En la segunda quincena de enero se apareció Rózsa. Trajo una serie de revistas sobre una entrevista que había hecho sobre Che Guevara. Ese día apenas lo reconocí”.
“Me dijo que era periodista y quería una entrevista (…). Yo tenía una duda de por qué esta persona me buscó, no me dijo que era periodista en principio”.
Puntualizó que después lo citó a una reunión en la que le haría la nota.
“Al llegar al lugar me encontré con personas que no conocía y me retiré”.
Posteriormente, el ex militar refirió que hubo otras reuniones con los integrantes de la milicia y su entorno que “probablemente fueron en Fegasacruz, no recuerdo bien. Fui porque Rózsa me citó para la entrevista”.
El ex oficial aseguró que “por curioso” acudió a una reunión en el stand de Cotas.
Mendoza aseguró que Shiriqui se opuso al plan
En declaraciones prestadas a la fiscal Sandra Kúnkar, del equipo de investigadores paceños, el ex unionista Alcides Mendoza Mazabi, alias “Comandante Mojeño”, sostuvo que el alcalde de Trinidad, Moisés Shiriqui, se opuso a los planes de la milicia.
Contó que Eduardo Rózsa “me citó para una reunión con una delegación que llegaba de Trinidad. Llegaron Chichi Velasco (un blanquito) y el coronel de Ejército Zoilo Salces, y por parte de Santa Cruz estaba el general Lucio Áñez, Hugo Achá, Alejandro Melgar”, el mencionado líder del grupo irregular “y yo entre medio y ahí se elaboraron muchas cosas”.
Se planificó que Beni se sumaría a la organización y que “Rózsa sería el encargado de dirigir en Trinidad”; el 14 de febrero se produjo otra reunión en la laguna beniana Tapacaré.
“Allí fueron y se reunieron con todas las autoridades benianas. El alcalde Moisés Shiriqui se opuso, pero Hugo Achá le dijo que era por los cuatro viajes que había hecho a Venezuela, hubo un intercambio de palabras que fue cortado por Rózsa, estuvo Alberto Melgar del Comité Cívico, entre medio el coronel Salces. Llegaron (…) y Rózsa me dijo que le había ido mal en Trinidad (…) y me dice: ‘No sé qué vamos a hacer, camarada’”.
Mendoza Mazabi sostuvo que quien organizaba los grupos armados en Beni era Salces, “pero no están tan armados, porque todos tienen (rifles de) salón, no vi armas de grueso calibre”.
El “Comandante Mojeño” dijo que era “el nexo entre el “Capitán Bruno” (Juan Carlos Guerder Bruno, aprehendido el mismo día) y Rózsa, a quien cuatro días antes de su muerte le entregué las cacerinas hechizas”. Confesó que se apartó del grupo porque “el ‘Capitán Bruno’ me comentó que tenían la intención de matar al prefecto” Rubén Costas.
Cardenal dice que declarará
Mediante un comunicado, el Arzobispado de Santa Cruz informó que el cardenal Julio Terrazas está dispuesto, si fuera necesario, a declarar ante la Fiscalía por el atentado que sufrió su residencia en la capital cruceña en las primeras horas del 15 de abril.
El documento refiere: “Su Eminencia, el Cardenal, en representación de la Iglesia víctima del atentado, tiene la disposición de responder a lo que se requiera y, en consideración a su delicada salud, su investidura y su dignidad cardenalicia, lo haría por escrito, en estricto cumplimiento al estado de derecho”, a pesar de que en el momento de producirse el ataque con explosivos, Terrazas no se encontraba en su residencia.
Sin embargo, la jerarquía eclesiástica asegura que casi dos meses después de registrarse ese hecho terrorista contra el inmueble de la Arquidiócesis de Santa Cruz, “informamos que a la fecha no se ha recibido citación alguna de la instancia judicial encargada de esclarecer el hecho”.
Las investigaciones de la Policía determinaron que los restos de los explosivos encontrados en el lugar coinciden con el material hallado en el stand de Cotas, donde la milicia dirigida por Eduardo Rózsa Flores había establecido su base de operaciones y logística.
La nota es firmada por la Oficina Jurídica eclesiástica.
Datos
Lucio Áñez Ribera recordó que su domicilio fue objeto de un atentado terrorista.
El general en retiro fue víctima de ese ataque en una de las últimas dictaduras militares.
Por esa razón, aseguró que no podría vincularse a grupos que fomentan el terrorismo.
Señalan que se recaudaron $us 2 millones para Rózsa
Situación • El líder del supuesto grupo irregular habría estado a 5 metros de Morales.
La Razón
El líder del supuesto grupo irregular, Eduardo Rózsa, mencionó que se recaudó de diferentes instituciones cruceñas cerca de dos millones de dólares para financiar sus actividades, reveló el involucrado en este caso Alcides Mendoza, en parte de sus declaraciones ante la Fiscalía.
“Según sé por voz propia de Rózsa, se dice que se recaudó dos millones de dólares y esa plata era de muchas instituciones”, declaró Mendoza, quien además señaló a Hugo Achá, representante de Humans Rights Foundation en Bolivia, como una de las personas que gestionaba el financiamiento para el grupo.
Además, sostuvo en sus declaraciones, a las que tuvo acceso La Razón, que Achá, Juan Kudelka (gerente de la aceitera IOL), Mario Bruno (ex gerente del Comité Cívico), entre otras personas, pagaron los viajes de Rózsa.
“Yo no vi quién le daba plata, pero sé que se lo daban en la Prefectura”, afirmó Mendoza.
Por otra parte, Ignacio Villa Vargas —considerado testigo clave y “soplón” del grupo— aseguró en sus declaraciones ampliatorias a la Fiscalía que Rózsa viajó a Beni, Pando y a zonas del altiplano, sin precisar los destinos.
En estos viajes al altiplano, “Eduardo (Rózsa) comentó que estuvo a cinco metros del Presidente (Evo Morales) y que su seguridad, a más de 100 metros no existía”, afirmó Villa en sus declaraciones del 21 de mayo.
Para la comisión multipartidaria que investiga el caso, Achá y Alejandro Melgar son del grupo intermedio de financiadores. Melgar habría comprado, según reveló el diputado César Navarro, pasajes para ocho miembros del grupo. El padre de Melgar, Johnny Melgar, lo descartó.
El viceministro de Gobierno, Marcos Farfán, informó el miércoles que cerca de 40 millones de dólares se desviaron a las actividades de Rózsa. El fiscal Marcelo Soza dijo desconocer este hecho.
Se trató de un homónimo
El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, reconoció ayer que compraron pasajes aéreos para Jorge Hurtado, un jugador de ajedrez, y no para Eduardo Rózsa, quien también usaba ese nombre en sus actividades.
La Asociación Departamental de Ajedrez —recordó— solicitó 11 pasajes al Servicio Departamental de Deportes para que viajen Hurtado y otros deportista a La Paz, a un torneo nacional en agosto del 2007.
“Esta es una evidencia de la perversidad del Gobierno y la poca falta de ética y responsabilidad”, afirmó Costas en alusión al presidente de la comisión multipartidaria que indaga el caso de terrorismo, César Navarro, quien habría denunciado que la Prefectura pagó pasajes de Rózsa.
“No han conseguido ni un tipo de prueba en dos meses (de indagación). Están amedrentando a una serie de personas y ante esta situación no les queda más que hacer este tipo de difamaciones en riesgo que mellan la honorabilidad de los ciudadanos”, dijo. Redacción Santa Cruz.
La juez Betty Yañíquez retoma el caso de presunto terrorismo
LA CORTE DE JUSTICIA DE LA PAZ DECLARA IMPROCEDENTE RECUSACIÓN DE ELÖD TÓÁSÓ
Juez: Betty Yañíquez volvió a tomar el caso de presunto terrorismo y notificó con su decisión a las partes
La Prensa
Para las 10.30 de hoy está programada la audiencia cautelar a la que se someterá Ignacio Villa Vargas.
La juez Betty Yañíquez retomó ayer la competencia en el proceso de presunto terrorismo ya que la Corte Superior de Justicia declaró improcedente la recusación planteada por la defensa del húngaro Elöd Tóásó.
La magistrada aún no ha sido notificada con el recurso de inhibitoria formulado por el magistrado cruceño Hernando Tapia, por lo que continuará al frente de este caso.
Desde el 16 de abril, cuando la Policía desarticuló la presunta célula separatista dirigida por el boliviano-croata-húngaro Eduardo Rózsa Flores en el hotel Las Américas de la capital cruceña, la administradora de justicia conoció el caso y su primera actuación fue autorizar el allanamiento del stand de Cotas en la Feria Exposición.
Efectivos de dos unidades de élite de la institución del orden mataron a Rózsa, al irlandés Michael Dwyer y al rumano Árpád Magyarosi, y capturaron con vida al húngaro Elöd Tóásó y al boliviano-croata Mario Francisco Tádic Astorga.
El 25 de abril, una audiencia de anticipo de prueba, que debió dirigir la juez Yañíquez, fue suspendida porque la defensa de Tóásó la recusó, por lo que el proceso estaba en el despacho de la juez Marcela Siles.
Sin embargo, la Corte Superior de La Paz desestimó la recusación y dictó ayer la resolución de aceptación del caso.
El actuario de ese juzgado, Franz Contreras, explicó que “el caso está radicando en este juzgado y se notificará con esa resolución a las partes para que presenten sus solicitudes”.
El despacho de Siles había programado la audiencia de medidas cautelares a la que debió ser sometido Ignacio Villa Vargas, alias “El Viejo”, para esta mañana a las 10.30.
Los colaboradores de esta juez indicaron que la nueva sesión debe ser presidida por Yañíquez, aunque ayer no pudo confirmarse la información.
Recurso de inhibitoria
El 30 de mayo pasado, el juez cruceño Hernando Tapia emitió un recurso de inhibitoria contra la juez Siles a fin de que remita el caso a la jurisdicción cruceña; sin embargo, la magistrada paceña no se pronunció.
Según los actuarios de ese juzgado, el recurso debe ser resuelto ahora por la jurista que reasumió la dirección de las investigaciones correspondientes.
Contreras explicó que para que Betty Yañíquez se pronuncie sobre la inhibitoria debe ser notificada por Tapia.
El recurso surge por una solicitud que hicieron en conjunto el ex presidente del Comité Cívico de Santa Cruz Branko Marinkovic; el presidente de la Federación de Empresarios Privados cruceños, Pedro Yovhío; el presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Guido Náyar; el representante de la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz Limitada (Cotas), Ruf Mulker, y el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Wálter Mauricio Roca.
Tapia pide en su memorial que “el mencionado juez (Marcela Siles) (…) se inhiba de seguir conociendo dicha causa y suspenda toda actuación procesal conforme al artículo 12 del Código de Procedimiento Civil y,.a su vez, remita a este despacho judicial actuaciones originales”.
El documento también ordena al fiscal Marcelo Soza que remita el cuaderno de investigaciones al fiscal cruceño Óscar Flores para que las indagaciones se desarrollen en Santa Cruz.
El reclamo se basa en el hecho de que en Santa Cruz de la Sierra se produjeron los principales actos sujetos a la investigación que dirige Soza.
No obstante, el representante del Ministerio Público paceño respondió que mientras la Corte Superior de Justicia de La Paz no resuelva el recurso de inhibitoria, continuará sus labores de averiguación de la verdad, según lo prescriben la Ley del Ministerio Público y el Código de Procedimiento Penal.
Fiscal de Distrito maneja informes de inteligencia
El fiscal Marcelo Soza negó que se hubiera revisado el contenido de los equipos informáticos secuestrados a los integrantes de la milicia tanto en el hotel Las Américas como en la caseta de la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas), ubicada en el campo ferial cruceño, por lo que no se puede decir que se conoce a quienes respaldaban económicamente a Eduardo Rózsa Flores.
Consultado en torno a las informaciones proporcionadas por el fiscal de Distrito, Jorge Gutiérrez Reque, en sentido de que ya se conoce, con base en las 27.678 páginas contenidas en esos soportes electrónicos, a los verdaderos financiadores, dando a entender que la milicia tenía un “consejo supremo” compuesto por cinco personas que se encargaban de esa tarea, el fiscal Soza indicó que siendo tan grande el volumen de los documentos hallados en los equipos aún no han sido analizados.
Una fuente de la Fiscalía, empero, reveló que si bien los peritos informáticos abrieron los equipos, los investigadores no pueden acceder al contenido de éstos porque necesitan contar con unos conectores especiales; en ese sentido, actualmente llevan a cabo las gestiones del caso para adquirirlos a la brevedad posible.
Por el momento, los datos están contenidos en dos discos duros que presentan el mencionado inconveniente técnico.
Los investigadores de la Fiscalía comunicaron a los integrantes de la comisión multipartidaria de la Cámara de Diputados que investiga el caso de presunto terrorismo, que para acceder a una copia en formato electrónico de esos documentos necesitan un disco duro de 750 gigabytes, dada la enorme cantidad de información.
Los equipos secuestrados el 16 de abril en Santa Cruz consisten en seis computadoras, teléfonos celulares, flash memories y máquinas fotográficas.