A lo largo de sus dos periodos de gobierno (uno “pre-refundacional” y otro “post-refundacional”, para usar la confusa lógica del TCP), Evo Morales se ha caracterizado por expulsar del territorio nacional a personas y entidades que no son de su agrado.
Comenzó expulsando a la agencia antidrogas norteamericana, la DEA, máxima prioridad del trust cocalero del Chapare. Salida que ha sido seguida por un crecimiento exponencial de la presencia de organizaciones internacionales del narcotráfico en Bolivia (FARC, PCC, cárteles mexicanos).
Luego vinieron las expulsiones de inversores, ya fueran del sector hidrocarburos, la minería, el agro y la aeronavegación. Operación que se realizó mediante diversas herramientas de hostigamiento judicial y fiscal, incluyendo en algunos casos la estatización.
El efecto de esta salida de inversores ha significado, en el primer rubro mencionado, una paralización en la exploración de nuevos campos, que compromete el futuro del negocio gasífero para el país.
Siguió la expulsión del embajador de los Estados Unidos, Phillip Goldberg, elegido por el gobierno como “cabeza de turco” por la ola de protestas regionales en el Oriente y Sur, a raíz de la confiscación de un porcentaje del IDH.
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También han sido expulsados centenares de bolivianos, como los pandinos que buscaron refugio en Brasilea y Epitaciolandia cuando el gobierno evista decretó el Estado de Sitio y la militarización en su departamento.
Son, de acuerdo a cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de 600 los ciudadanos de Bolivia asilados en el exterior.
Y hablemos también de la migración económica, otro tipo de expulsión tácita o silenciosa, que ante la escasa creación de fuentes de trabajo obliga a los bolivianos a salir en busca de un porvenir, cayendo muchas veces en manos de las redes de tráfico de personas.
Súmese a esto la reciente expulsión de la cooperación norteamericana, Usaid, probablemente como cortina de humo para desviar el debate sobre la irregular habilitación de la segunda reelección presidencial por un sesgado Tribunal Constitucional.
Poco le importó al régimen que la mencionada agencia haya invertido 2.000 millones de dólares en proyectos de desarrollo con alto impacto social…