Apoyando a Rebeca Delgado
Raúl Prada Alcoreza
Se sabe que es difícil salir al frente, colocarse en la posición crítica, cuando se está en la bancada oficial. La mayoría de esta bancada, especialmente, los grupos de poder, no lo permiten. Un miembro común de la “mayoría” parlamentaria considera que su labor es ser soldado, obediente, subordinado a las determinaciones de los clarividentes, la cúpula de la dirigencia “partidaria”. Este sentido común de “mayoría” desprecia la crítica, la considera una desmesura de libertad. Considera que el bloque, en este caso la bancada oficial, debe mantenerse unida, monolítica; concibiendo que la unidad se logra por disciplina y sumisión a los mandatos de las direcciones. A este sentido común de sumisión no se le entra en la cabeza que las decisiones deben ser discutidas y consensuadas, que debe haber una construcción colectiva de la decisión política. Están acostumbrados a obedecer sin chistar. Sin embargo, hay excepciones honrosas, que abren rutas a construir una unidad dinámica, no aparente, que sólo se puede generar a través del ejercicio crítico y autocrítico, buscando corregir los errores, en constante vinculación con los movimientos sociales anti-sistémicos, sin reducirlos a simples espectadores y aplaudidores de discursos en las concentraciones.
Rebeca Delgado ha vuelto a salir a la palestra en defensa de la Constitución y del proceso; esta vez lo hace declarando la inconstitucionalidad del fallo del Tribunal Constitucional (TCP) sobre la pretendida re-elección impuesta, sin respetar la norma constitucional. En contra de la algarabía de la cúpula de poder ha dicho que no se trata de estar contra la re-elección, sino de hacerlo como manda la Constitución: reforma parcial de la Constitución y referéndum constitucional. Esta es la única manera de fortalecer la candidatura de Evo Morales Ayma. Lo otro, lo que quiere hacer el llunkirio generalizado, es empujar al presidente a una re-elección inconstitucional, deslegitimada desde un principio, a pesar del fallo constitucional, que es un procedimiento legal, no legítimo. Aunque se diga que su fallo es inapelable; este legalismo, este procedimiento leguleyo, no está por encima de la Constitución, tampoco del pueblo que es dónde se deposita la soberanía. La Constitución se ha pronunciado; no se puede hacer una reelección sin reforma constitucional. Ahora le toca al pueblo pronunciarse.
Seguramente ahora Rebeca Delgado será atacada despiadadamente por los llunk’u. No saben hacer otra cosa. Dirán que se ha pasado a la derecha. No saben decir otra cosa. No discuten. Sólo acusan como inquisidores renovados. Están lejos de entrever que lo que hacen merma la fortaleza del proceso, corroe las fuerzas de defensa del proceso, debilita la candidatura del presidente, lo llevan a la desproporción de una imposición, que lo único que ocasiona es llevar el agua al molino de la derecha. En vez de convocar a las fuerzas en apoyo de una reforma constitucional, buscando consensos en la re-conducción del proceso, acumulando fuerzas perdidas, retomando un discurso legitimo, basado en la estructura de la Constitución. El llunk’u lo resuelve todo adulando al “jefe”, alabando al “jefe”, agazapándose a su figura. Cree que esa actitud indigna es “revolucionaria”. Un líder no requiere de este llunkirio, a no ser que sea vanidoso. Un líder requiere de crítica, pues el gobernar no es tarea fácil, menos cuando el gobernar debe desembocar en transformaciones estructurales.
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La política, menos la política que debe ser transformadora, se reduce al canto al “jefe”. Los problemas políticos no se resuelven con salmos. La política es debate, supone el debate, la asamblea, la deliberación, la conformación del consenso, que no es el resultado de la obediencia, sino precisamente de la discusión. En el caso que nos ocupa, que es, en el fondo, la re-conducción del proceso, pues está en crisis, que toca también, de manera particular, el tema de la re-elección, debe haber discusión y deliberación, sobre todo por lo que atinge a la Constitución. No se puede vulnerar la Constitución impunemente, sin traer consecuencias. Lo que ha hecho, primero la Asamblea Legislativa, luego el TCP, es desacreditar la Constitución con sus interpretaciones perversas y adulteradoras de los contenidos escritos del texto constitucional. Al final, la consecuencia es que la Constitución no valga nada, no defina ya nada. ¿No es este precisamente el objetivo de la derecha? El diablo no sabe para quien trabaja.
He escuchado un argumento que llama la atención; se pregunta: ¿Por qué tenemos que respetar las disposiciones transitorias acordadas con la derecha y propuestas por ella? No se trata de respetar algo que ha propuesto la derecha y se ha terminado de acordar con ella, sino se trata de respetar lo que ha quedado en la Constitución aprobada por el pueblo boliviano y promulgada por el presidente. Lo que se tiene que entender es que la Constitución es, al final de cuentas, la construcción dramática del pacto social, incluso después de la aprobación de la Constitución de Oruro.
Aunque los constituyentes debemos desaprobar la intervención del poder constituido, el Congreso convertido en constitucional, el haber vulnerado los atributos ilimitados del poder constituyente, revisando la Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente, de todas maneras, ocurrió de este modo el camino a la aprobación y la promulgación de la Constitución. Se revisó el 30% de la Constitución aprobada en Oruro. La Constitución aprobada por el 64% del pueblo boliviano fue la Constitución revisada por el Congreso. Una vez aprobada y promulgada no se puede pedir volver a los artículos modificados del texto de Oruro. Esto implica desconocer la Constitución aprobada. Esta actitud es peligrosa y atentatoria en contra de la Constitución. La responsabilidad política, la defensa del proceso, radica en la defensa de la Constitución aprobada y promulgada. Una actitud distinta, manipular la Constitución a gusto y antojo, destruye la base constitucional del proceso de cambio. Esta destrucción de la Constitución es destrucción del proceso, diga lo que se diga, incluyendo el estrambótico argumento de acudir a la voluntad del constituyente, voluntad que no se respetó en todas las leyes promulgadas, además de no respetar el núcleo estructural de transformaciones estructurales exigidas, como la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico, como el cumplimiento de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, la prohibición de exportar materias primas, la no mercantilización de los recursos naturales, más bien destinados al vivir bien, el pluralismo jurídico, la construcción de la economía social y comunitaria con enfoque sustentable.
Los otros argumentos pergeñados por los voceros oficialistas, asambleístas y funcionarios, y por el TCP, ya los discutimos en otros textos publicados y difundidos[1]. Lo que haremos ahora es dos cosas; primero, apoyar la valiente actitud crítica de Rebeca Delgado, enfrentando al llunkirio generalizado, enfrentando a la cúpula del poder, encaramada, sin legitimidad alguna, medrando de la sombra del caudillo. Poniendo en mesa el insostenible fallo del TCP, ratificando la fatua “interpretación” de la Asamblea Legislativa, que hace malabarismos inconcebibles para dar la vuelta a los artículos constitucionales pertinentes. Lo que pone en mesa Rebeca Delgado es la usurpación de una cúpula palaciega de la representación del proceso, la impostura de este entorno respecto a lo que corresponde a los movimientos sociales, el haberse apoderado del proceso de cambio, que es un producto histórico y político colectivo. También pone en mesa las contradicciones profundas del proceso, así como el haber atentado contra el MAS, contra su competencia a deliberar y a intervenir en las decisiones políticas. Dejando en claro que no está contra la reelección sino contra la forma perversa como se quiere lograrlo. Por otra parte cuestiona la conducción e influencia negativa del vicepresidente, quien sería responsable de esta orientación autoritaria y antidemocrática, además de desconocer la competencia de los movimientos sociales, derivando en una especie de despotismo ilustrado.
Como se puede ver se trata de temas fundamentales relativos a la defensa del proceso. No se pueden soslayar los temas puestos en la mesa por Rebeca Delgado, quien exige un debate a la bancada del MAS. Son temas ineludibles, que no se resuelven con el barato electoralismo al que han caído los del ejecutivo, la directiva de la Asamblea Legislativa, los órganos de poder del Estado y las dirigencias sociales cooptadas. El proceso no se reduce, de ninguna manera, a la compulsión electoral. El proceso es de cambio, de transformación estructural e institucional. La realización del proceso depende de la participación social, de la movilización, de la materialización de la revolución democrática y cultural, que no se puede reducir a la demagogia de los discursos, pues esta revolución se efectúa por la transferencia del poder a la sociedad movilizada. Las organizaciones sociales, los movimientos sociales anti-sistémicos, las organizaciones indígenas, los sindicatos de trabajadores, los constituyentes consecuentes, los intelectuales críticos, las organizaciones feministas, de defensa de los derechos de la mujer y los derechos de las subjetividades diversas, además de otras organizaciones de defensa de las distintas generaciones de derechos constitucionalizados, incluyendo los derechos de los seres de la madre tierra, debemos apoyar a esta voz valiente, que defiende la posibilidad del cambio contenida, como germen, en la Constitución. La crítica de Rebeca Delgado es una convocatoria al pueblo a defender su proceso.
La otra cosa que vamos a hacer es un análisis de coyuntura, lo que se juega en esta coyuntura. La mayoría de los analistas va coincidir que ya se trata de una coyuntura electoral. ¿Es así? ¿Se reduce el acaecer politico de la coyuntura a la dimensión electoral? Déjenos disentir con esta apreciación. Es cierto que ingresamos a la compulsa electoral en lo que queda de los dos años, de aquí y ahora para delante, hasta fines de 2014; también es cierto que el gobierno no dejó nunca de hacer campaña electoral; ha reducido la política al electoralismo. Los llamados partidos de oposición se encuentran en campaña para las elecciones nacionales, esto desde la campaña por las elecciones del departamento del Beni, ganadas por la oposición. Las mismas organizaciones sociales, como la COB, parecen haber caído en la misma compulsión electoral, cuando anuncian formar el partido de los trabajadores, el instrumento político se los trabajadores, empero, lastimosamente orientado hacia las elecciones de 2014. Lo mismo ocurre con el CONAMAQ, que también ha decidido formar un instrumento político; también desafortunadamente pareciendo orientarse a responder a la concurrencia en las próximas elecciones. Aunque en estos dos últimos casos, el de la COB y el de CONAMAQ, el proyecto de instrumento político no pueda reducirse a la coyuntura electoral, de todas maneras está como emplazando a descender hacia el electoralismo, cayendo en el campo gravitacional votante. Sin embargo, todas estas consideraciones no son suficientes como para terminar caracterizando a la coyuntura como electoral.
Estos dos últimos años, hacia el 2014, forman parte de la segunda gestión de gobierno del presidente Evo Morales Ayma. Se trata de dos gestiones que forman parte de lo que se ha venido llamando el proceso de cambio, de la revolución democrática y cultural. Sobre todo la segunda gestión se ha caracterizado por entrar en contradicción con la Constitución, con el proceso, con el pueblo y con las organizaciones indígenas. Se puede considerar la segunda gestión gubernamental, el lapso que le toca, como relativo a la crisis del proceso de cambio, cuando el propio proceso entra en profundas contradicciones. Entonces estos dos últimos años son claves en lo que respecta a la realización del proceso o, de lo contrario, a la experiencia dramática de su periclitación. Por eso, preferimos caracterizar la coyuntura como relativa a la intensificación de la crisis del proceso, a la radicalización de las contradicciones profundas del proceso, al desenlace de los enfrentamientos entre las fuerzas sociales, que resisten a la restauración del Estado-nación – las organizaciones indígenas, desde la perspectiva de la descolonización; las organizaciones de los trabajadores, desde la perspectiva salarial y de la recuperación del llamado salario diferido, la jubilación -, contra las fuerzas mayoritarias estatales y gubernamentales que optaron por el realismo político y el “pragmatismo”, que cada vez más se evidencia como descarnado oportunismo.
Entonces la caracterización de la coyuntura puede asumirse no tanto desde la perspectiva del futuro inmediato, las elecciones, como desde el pasado mediato, el proceso de cambio. Desde esta segunda perspectiva, de más largo alcance, más bien ponderada por las exigencias de transformaciones estructurales e institucionales, se puede evaluar mejor lo que se juegan en el lapso de los dos años que siguen adelante. Se juega, por decirlo de un modo dramático, el destino del proceso, la reconducción del proceso. Si el bloque popular, que ha abierto este proceso, después de seis años de luchas sociales (2000-2005), la movilización prolongada, no logra re-articularse, re-dinamizar su potencia, impulsar nuevamente el desplazamiento de sus fuerzas, re-conduciendo el proceso, retomando los mandatos de los movimientos sociales anti-sistémicos, de las naciones y pueblos indígenas originarios, del pueblo boliviano, recuperando el programa político, inscrito en la Constitución, el proceso terminaría languideciendo en las convalecencia decadente de un electoralismo, postrado en la cama de enfermo terminal, que no es más que la simulación de la democracia. La responsabilidad del bloque popular es reposicionar a los movimientos sociales antes de las elecciones de 2014. Si esta tarea queda en el camino, si, por último, el gobierno “pragmático” termina imponiendo su visión de “realismo político”, sometiendo a las organizaciones sociales por medio del prebendalismo y el clientelismo, habría terminado de clausurar las posibilidades efectivas del proceso de transformaciones, decayendo en la misma práctica política de todas las elites gobernantes, que lo único que hacen es conservar el poder. La estrategia gubernamental se reduce a este vulgar objetivo.
Disyuntivas del momento político
¿Cuál es el estado de situación de las fuerzas en juego? No tanto en lo que respecta a la capacidad de la convocatoria electoral, que de todas maneras hay que hacerlo, sino en lo que respecta a su relación con el proceso de cambio, su relación con las tareas a cumplir, las transformaciones estructurales e institucionales. Comenzaremos con las fuerzas políticas que deberían impulsar el proceso de transformaciones y profundizarlo.
El MAS, la fuerza política mayoritaria, que ha ganado las dos elecciones “nacionales” consecutivas, la de 2005 y la de 2009, que debería ser la fuerza que garantice el cumplimiento de la Constitución, se ha embarcado en una actitud justificadora de todo lo que hace el ejecutivo, incluyendo, claro está, las decisiones inconstitucionales que ha tomado. La fuerza casi incontenible manifestada durante el 2005, llegando a prolongarse hasta el 2009, en todas las elecciones habidas, incluyendo el revocatorio de mandato, la elecciones para la constituyente, la elección de prefectos, primero, y después de gobernadores, atravesando las elecciones municipales, avanzando en las elecciones de aprobación de la Constitución, llegando a las elecciones de 2009, se encuentra mermada en su convocatoria, disminuida en su credibilidad.
El desencanto de la gente se ha evidenciado en la complicada experiencia de la segunda gestión de gobierno. La derrota sufrida por el MAS en la elección de magistrados, frente al voto nulo, mostró que el partido de “mayoría” ya no era una mayoría. La derrota sufrida en las elecciones para la gobernación del Beni, a pesar de la encuesta de IPSOS que le daba la victoria, duplicando el voto del adversario, también muestra que el MAS no logró ser mayoría en este departamento amazónico, a pesar de los ingentes recursos desplegados y esfuerzos inmensos emprendidos, incluso poniendo al propio presidente en la campaña. El descrédito generalizado, sobre todo en las ciudades, particularmente del occidente, ha disminuido grandemente la confianza de la gente, des-cohesionando la capacidad organizativa en los barrios. Las organizaciones sociales de influencia, como las de los trabajadores, la de los mineros, de los cooperativistas, además de los gremios y otras asociaciones, han tenido conflictos con el gobierno. La percepción positiva de que se trata de “nuestro gobierno” ha cambiado. Ya no se piensa así. Se tiende a acercarse a la opinión negativa de que se trata de un gobierno parecido a los demás gobiernos. Es posible que esta no sea la situación en el área rural, donde más bien se nota una tendencia a seguir afirmando una percepción positiva. Sin embargo, en este caso, faltaría hacer un mapeo más detallado. En resumen, podemos decir que el MAS ya no es el partido o movimiento incontenible que parecía serlo a un principio. Estos vestigios no pueden ser sustituidos por la propaganda y la publicidad desmedida, a la que se empeña el gobierno, queriendo cambiar la situación, con la pujanza ilusoria de los medios de comunicación.
En resumidas cuentas, el MAS, que no llegó a ser nunca un instrumento político de las organizaciones sociales, que se convirtió más bien en un instrumento electoral del ejecutivo, no es, lastimosamente, una garantía para continuar y profundizar el proceso, a pesar de su todavía significativa convocatoria electoral. Pasando del MAS a las organizaciones sociales, ¿qué pasa con lo que fue la base orgánica del proceso de cambio, del proceso constituyente, y de la defensa del proceso, qué pasa con las organizaciones sociales?
El Pacto de Unidad se ha roto con el conflicto del TIPNIS, las organizaciones campesinas apoyan al gobierno, y las organizaciones indígenas se colocan en posición crítica. La COB se encuentra movilizada por reivindicaciones salariales, en defensa de una jubilación digna, que no es otra cosa que salario diferido, en contra los métodos monetaristas de transferir la solidaridad a los trabajadores, desentendiéndose el Estado de apoyar con un fondo adecuado en la perspectiva de una jubilación digna para todos. Revisando las posiciones de las organizaciones campesinas, las llamadas “trillizas”, la CSUTCB, la CNMCIOB “BS”, las “bartolinas”, la confederación de mujeres campesinas, y la CSCIB, los colonizadores, llamados ahora interculturales, no es posible encontrar allí una garantía para la profundización del proceso. Lo que se tiene, en vez de esto, es un apoyo incondicional al gobierno. Puede que las bases, las comunidades campesinas, los sindicatos de base no estén de acuerdo con este posicionamiento de la dirigencia; empero, esto no se puede saber, a ciencia cierta, hasta las elecciones de las nuevas dirigencias, en los Congresos postergados.
Este panorama nos muestra que las fuerzas de la re-conducción del proceso son todavía escasas, como para acometer la tarea de envergadura que se propone. Lo que se ha mostrado es franqueza crítica, una compresión perspicaz de los peligros en los que se bate el proceso. Esta perspectiva crítica se ha manifestado en varios documentos, declaraciones y pronunciamientos de movilizaciones. El documento de re-conducción del Pacto de Unidad, acordado en Cochabamba, el Manifiesto de re-conducción de intelectuales críticos, dirigentes y el CONAMAQ, la plataforma de lucha de las VIII y IX marchas indígenas en defensa del TIPNIS, los pronunciamientos de distintas movilizaciones regionales, que ponen en el tapete los problemas del proceso, así como las plataformas reivindicativas de los trabajadores asalariados. Empero, esta razón, así lo diremos, no es suficiente para re-conducir el proceso. La razón no es fuerza de por sí, requiere convocar, requiere realizarse en movilización, en alianzas de fuerzas, en articulación del bloque popular, en fuerza política, en el sentido de la acción y la incidencia. ¿Cómo se logra cambiar esta correlación de fuerzas?
Las otras fuerzas políticas y sociales, que no están con el proceso de cambio, aunque hayan terminado de pactar con el gobierno, como los empresarios privados, tienen su propio proyecto, que, en términos sintéticos, llamaremos el de terminar con el proceso de cambio. Están los llamados partidos de oposición, a excepción del Movimiento sin Miedo (MSM), que no podemos decir que está contra el proceso, pues ha participado en un momento, como aliado del MAS, tanto en el proceso constituyente, así como en las dos elecciones “nacionales”. Tiene su propia perspectiva del proceso, que llamaríamos más bien institucionalista. No vamos a discutir aquí la interpretación que tiene el MSM del proceso; esto lo dejaremos para otra ocasión. Lo que interesa ahora es anotar dos cosas; una, que lo que llamamos derecha está interesada en conformar un frente amplio de oposición para hacer frente al MAS; la otra, que el MSM está interesado en conformar un frente alternativo de centro. Por lo que toca a la primera opción no se puede esperar otra cosa que la terminación del proceso (Termidor); por lo que toca a la segunda opción, en el mejor de los casos, se puede esperar la institucionalización constitucional de lo que hasta dónde ha llegado el proceso; sin embargo, es muy difícil esperar su profundización. Una perspectiva radical no se encuentra en la visión del MSM.
¿Podrá la derecha conformar un frente amplio? ¿Podrá este frente amplio contar con la convocatoria electoral como para ganar las elecciones al MAS? Es muy difícil saberlo ahora. A lo que apunta la derecha es a beneficiarse con el voto en contra, con el desencanto de la gente, sobre todo de las ciudades, no necesariamente de apoyo a sus partidos, a su frente amplio. Tal como va la marcha de las cosas, si continúa el deterioro del gobierno y su descrédito, sobre todo en las ciudades, puede llegarse a una situación parecida a la que busca la derecha. ¿Hará algo el MAS para parar el deterioro de su imagen y la descomposición de su credibilidad? Para tener la posibilidad de hacer algo por lo menos hay que ser consciente de lo que pasa; empero, si, en vez de atender a una evaluación objetiva, se insiste en la ilusión de la propaganda y la publicidad, entonces la propia posición de autosatisfacción presumida se convierte en un mecanismo en contra, en la navaja del haraquiri. Sin embargo, no hay que olvidar que, para nosotros, ya no se trata de ganar las elecciones, aunque sea por un margen exiguo, pues de este modo tampoco no se resuelve el problema, la crisis del proceso. Tampoco se trata de perderlas, sino definitivamente de otra cosa: de la re-conducción del proceso antes de las elecciones de 2014. Pues se trata de realizar y materializar las transformaciones contenidas en la Constitución.
Volviendo al tema, a la relación de las fuerzas con las dinámicas del proceso, vemos que el mayor peso de las fuerzas se inclina por desentenderse del proceso mismo, dejando que éste siga su propia espontaneidad, que a estas alturas ya es la de su caída. A estas mayoritarias fuerzas lo que les interesa es o conservar el poder, en un caso, o recuperar el poder perdido, en otro caso, o, si se quiere, institucionalizar lo que hay, en un tercer caso. ¿Cómo se puede recrear el campo popular para que pueda re-conducir el proceso?
Primero, tiene que darse un sentido compartido de que la tarea es la re-conducción, pues no va haber otro proceso en mucho tiempo; el proceso “real”, existente, es éste, que vivimos, con todas sus dramáticas contradicciones. No basta que algunos críticos estén convencidos de esto. Segundo, es indispensable la renovación de las dirigencias campesinas, la convocatoria a Congresos de las organizaciones sociales, donde, además de las delegaciones representativas, se debata ampliamente las perspectivas del proceso y las responsabilidades en la coyuntura. Tercero, re-articular el bloque popular, ampliando incluso su convocatoria a los pequeños y medianos empresarios, buscando consenso de los sectores medios, que se han mantenido reacios al proceso. Cuarto, intervenir el gobierno, formar un gobierno provisional revolucionario, encargado de la re-conducción, acompañando esta medida con movilizaciones generales, en la perspectiva de la revolución cultural, obligando al Congreso a cumplir con la Constitución, re-encauzando la legislación hacia la elaboración participativa de leyes fundacionales. Logrando de esta forma un reposicionamiento del bloque popular. Quinto, deben ser las organizaciones sociales, el conjunto del bloque popular, las que debatan y decidan que se hace para las elecciones de 2014.
En conclusión, si bien la coyuntura aparece aparentemente como electoral, el fondo de su espacio-tiempo, de sus dinámicas moleculares, la malla que sostiene las significaciones políticas puestas en juego, es la que tiene que ver con las tendencias encontradas del proceso. El reducir el proceso a la compulsión electoral, el reducir la defensa del proceso a la defensa del gobierno, el reducir la continuidad del proceso a la re-elección, además de la forma grotesca, impuesta, manipuladora, como se la quiere efectuar, vulnerando la Constitución misma, es ya un síntoma de la enfermedad crónica. Esta actitud reduccionista nos muestra que no se ha comprendido el sentido histórico-político del proceso; se lo ha interpretado como una simple toma del poder, con la consecuente pulsión de conservación del poder. Esto denota, en el mejor de los casos, como un cambio de élites, es decir, como si se tratara de ocupar el lugar del otro, el lugar del patrón, en vez de demoler con la estructura de poder y dominación heredada. Esta concepción avara de la política se complementa con la concepción mercantil de la política[2].
La disyuntiva en la coyuntura es dejarse arrastrar por el punto de convergencia, las elecciones de 2014, o lograr hacer emerger el substrato de la coyuntura, que es el proceso mismo, por lo tanto la responsabilidad con el proceso. Si ocurre lo primero, como hemos dicho, el proceso muere, aunque gane el MAS; se hace más evidente si pierde. Si ocurre lo segundo, se abre la posibilidad de re-conducir el proceso, por lo tanto de continuar por la única vía posible de la continuidad, la profundización y radicalización del proceso. Empero, como el desenlace no depende de los buenos deseos sino de la incidencia de fuerzas, entonces el desenlace estriba en la direccionalidad de las tendencias, de las capacidades, de la disponibilidad, del sentido de las fuerzas. ¿Para modificar la correlación de fuerzas del momento, qué tendrían que hacer las fuerzas que apuntan a la re-conducción? Convencer a las fuerzas más próximas que este es el camino. Estamos entonces en un momento crucial del debate; empero, cuando las fuerzas “mayoritarias” no quieren debatir, descalifican el debate, se tapan los oídos y cierran los ojos, se hace más difícil la tarea. Por lo tanto, como condición indispensable, se trata de romper este monopolio de silencio impuesto.
Otra ilusión gubernamental es creer que por medio del control total se puede modificar e incluso invertir esta tendencia de desgaste y deterioro político. Este control se desplazaría en distintos planos; control de los aparatos de Estado, de los órganos de poder, principalmente del Congreso; control de las organizaciones sociales, a través de la cooptación de las dirigencias; control de la opinión pública, copando los medios de comunicación de masas, no sólo estatales, sino privados, a través de su compra; control del partido y de la militancia, también de los funcionarios, exigiendo lealtad y sumisión, comprometiéndolos por medio de circuitos prebéndales y redes clientelares. Lo que hace el control es, unas veces, retrasar el desgaste y el deterioro, otras veces, incluso lo apresura, pues radicaliza las contradicciones. El control supone vigilancia y censura, incluso puede desencadenar la represión, en el peor de los casos; acompañando a la subordinación de los dispositivos institucionales, que deberían ser democráticos e independientes; buscando de este modo el cumplimiento celoso de la voluntad del ejecutivo. Sin embargo, el control no sustituye la experiencia de la gente, sus ánimos, sus predisposiciones, sus percepciones; lo que hace es poner en duda, montarse artificialmente en los ánimos de la gente, tratando de incidir en ellos, buscando inducir otros estados de ánimo. La incidencia del control no arraiga, a no ser que se dé en lapsos prolongados de largo plazo; incluso, en este caso, el arraigo no es profundo, cualquier crisis puede desprender sus efectos, entonces la gente puede salir del estupor. Por eso, el optar por el control total es una ilusión del poder. Ante el deslizamiento del desgaste, deterioro y descomposición política, lo mejor es corregir los errores, atender las causales de la corrosión, tocar las raíces de los problemas; no ocultarlos.
[1] Ver de Raúl Prada Alcoreza La constitucionalidad a la deriva. Horizontes nómadas; La Paz.
[2] Ver de Raúl Prada Alcoreza La concepción mercantil de la política. Bolpress 2013; La Paz.