Este martes se presentará de manera oficial el informe elaborado por el relator especial. La corrupción, la poca preparación de jueces y fiscales, y una demora de los procesos son los principales argumentos
Juan Manuel Ijurko
El relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados en Bolivia, Diego García-Sayán, presentará su informe final este martes en Ginebra, sede de la Comisión, a las 10:00 hora local (04:00 hora de Bolivia). El esperado documento resume las innumerables entrevistas sostenidas con autoridades políticas, judiciales y sociales.
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La radiografía que presenta García-Sayán analiza diversos aspectos de un sistema de administración de justicia deficiente. Son 20 hojas, más de 125 puntos de reflexión y un gran abanico de recomendaciones. En su informe revela un hacinamiento del 349.8% de las cárceles del país, la corrupción, la falta de jueces institucionalizados y otras falencias.
La visita del relator especial se realizó del 15 al 22 de febrero de 2022 para «examinar, en espíritu de cooperación y diálogo, la situación de la administración de justicia, su independencia» y otros factores relacionados con el ordenamiento jurídico del país.
Su informe deja datos y afirmaciones destacadas, algunas de las cuales se las presentamos a continuación:
1. «Los patrones de injerencia en el órgano judicial que el país arrastra de larga data no han sido erradicados».
2. «El 47% de los 1.134 jueces en la jurisdicción ordinaria desempeñan sus funciones de modo transitorio». Además, «el 65% de los juzgados (son 865) se encuentran en capitales».
3. «En 2020, cada juez conocía un promedio de 530 causas«.
4. La defensora del pueblo manifestó al relator que «el país cuenta con apenas 51 defensores públicos». Por su parte, el Servicio Plurinacional de Defensa Pública asegura que «son 99 municipios de los 339 que hay en el país» los que cuentan con esta ayuda en las defensas.
5. Observa la bicefalia (existencia de dos cabezas) entre el Consejo de la Magistratura y la Dirección Administrativa y Financiera del Tribunal Superior de Justicia «para ejercer el control y fiscalización». También describe la «confusión en cuanto a las competencias de cada jurisdicción» como parte de un problema que sufren las víctimas.
6. El «abuso de la figura de inconstitucionalidad» provoca una carga de trabajo en el Tribunal Constitucional Plurinacional. Las demandas que llegan al TCP «frenan los procesos» que se desarrollan en los juzgados.
7. La administración de la Justicia vive «un gran rezago procesal» debido al «anacronismo de gestión de tribunales, deficiente formación de jueces y fiscales, así como a la corrupción».
8. «Una causa en el órgano judicial puede tomar hasta 10 años en resolverse».
9. «La corrupción referida es un problema serio. La desconfianza que existe en la justicia se acrecienta por «la extorsión de jueces, fiscales y autoridades penitenciarias». El informe habla de «temor de las víctimas para denunciar » estos hechos.
10. Fruto de esta corrupción, denuncia, se produce la excarcelación de presos. Hace alusión al caso del feminicida Richard Choque Flores. «Un procedimiento exprés corrupto, basado en un informe médico falso» viabilizó su liberación.
11. Bolivia cuenta con «27 juzgados y tribunales especiales para casos de violencia contra la mujer» que se encuentran «sobresaturados por la carga procesal».
12. También alude a las víctimas de las masacres de Sacaba, Senkata y la zona sur paceña durante el último trimestre de 2019. «Lamento profundamente que hayan pasado más de dos años esperando justicia».
13. En marzo de 2021, los 20 recintos penitenciarios urbanos con capacidad para 5.346 personas contaban con una población recluida que ascendía a 18.703 personas. «La tasa de hacinamiento es de 349.8%» denuncia García-Sayán.
14. «El 64.10% de las personas privadas de libertad estaban bajo detención preventiva». La cifra supera el 70% cuando se trata de mujeres. El informe también alude a la dificultad que padecen las defensas que deben presentar ellas mismas las pruebas procesales.
15. «Solo el 30% de los fiscales ingresó de conformidad con la carrera fiscal». El país cuenta con 575 fiscales según el documento.
16. «El 43% de las causas de la carga procesal del Ministerio Público en 2020 corresponde a delitos de violencia contra la mujer«. El 13% a delitos de robo, el 10% a lesiones graves y leves.
17. «La falta de una carrera judicial es un aspecto crítico que atenta contra la calidad del sistema judicial y su independencia; a ello se suma a la alta proporción de jueces transitorios».
18. «Baja legitimidad dada la escasa participación del electorado» para definir a las autoridades judiciales. «La mayor parte de los votos fue en blanco», recoge el informe de García-Sayán.
19. El relator también expresó su preocupación por «fuertes presiones políticas y mediáticas» y «amedrentamiento que sufren los operadores de justicia, incluso indica que serían varios los jueces encarcelados y procesados por presión del Ministerio de Gobierno.
20. Sobre la situación de la exmandataria Jeanine Áñez, indica que su caso pone de manifiesto problemas estructurales de la administración de
justicia como la generalización de la detención preventiva. Recuerda que todas las personas procesadas tienen derecho a un juicio justo y a todas las garantías procesales que establecen los instrumentos internacionales y la normatividad boliviana. Para toda persona privada de libertad, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar su integridad y salud.
21. El presupuesto asignado en los últimos tres años a todo el sector justicia, incluido el Ministerio Público, no ha llegado ni al 0,50 % del total del presupuesto nacional. Estos recursos tan limitados no permiten sustentar una institucionalidad fuerte y, en especial, remuneraciones adecuadas que atraigan a las personas más calificadas y prevengan la corrupción.
Este es el documento:
Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Saván* by Beatriz Avalos Ribera on Scribd