Es que nadie, ni la propia CNE, confía en el actual Padrón Electoral. Hasta el propio Presidente del organismo admitió irregularidades nada menos en el 30% de sus datos.
Editorial La Prensa
Diversos hechos oscurecen el panorama respecto de las elecciones de diciembre. Tenemos, en primer lugar, lo relativo al reemplazo del viejo Padrón Electoral por uno nuevo, totalmente expurgado de datos falsos y, lo que es más importante, sujeto a control biométrico aplicable también al voto ciudadano en las urnas.
Es mucha la incertidumbre que denotan analistas y dirigentes de la oposición de que ambas cosas puedan realizarse en el plazo previsto. Incrementaron drásticamente la circunstancia de que el Gobierno se valiera de su mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados para hacer sancionar una ley que dispone que las elecciones generales se realicen de todos modos el 6 de diciembre, aun cuando no se disponga de un registro electoral en las condiciones anteriormente señaladas.
La gente del oficialismo alega que de tal forma no se hará otra cosa que acatar la Carta Magna en actual vigencia, la cual prescribe que la consulta se realice en la fecha señalada… Si finalmente se adoptase esta vía, tendríamos en diciembre resultados electorales que sólo aceptaría el oficialismo, por lo cual la crisis política ingresaría en una fase de altísima y riesgosa conflictividad. Es que nadie, ni la propia Corte Nacional Electoral, confía en el actual Padrón Electoral. Hasta el Presidente del organismo admitió irregularidades nada menos en que en el 30% de sus datos.
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Otro de los temas que generan inquietud es el relativo a las campañas electorales y el libre ejercicio del sufragio del voto en las zonas rurales. De Achacachi parten reacciones adversas a que la oposición realice allí acciones de proselitismo. El Alcalde del lugar advierte que, para entrar en la zona, los candidatos de la oposición deben pedir permiso, suponemos que a los denominados “ponchos rojos”.
Por su parte, el Prefecto masista de Cochabamba trató de justificar tan inaceptables restricciones a una democracia basada en la legitimidad del voto ciudadano.
Lo grave es que tan censurables actitudes, asumiendo rango de consigna, pueden operar efectos miméticos en otras zonas rurales del país, donde el MAS dispone de “movimientos sociales” casi totalmente cerrados a la tolerancia y respeto al adversario, características de una mentalidad comunitaria que, insuflada de territorialismo “partidario” (masista), cae como anillo al dedo a los ultraindigenistas que desde el Gobierno organizaron a estas masas…
En toda democracia, restringir el derecho de los demás a hacer campañas electorales en cualquier lugar del país constituye un delito que se debe sancionar. El Gobierno, ante los hechos referidos, a lo único que atinó fue a esbozar explicaciones que no convencen a nadie. Esto es lo que acredita las de un alto cargo gubernamental en sentido de que estamos ante “hechos aislados” por parte de “intolerantes” que no comprometen al MAS, ignorando que los casos de violencia masista contra los opositores, muchos de ellos “indígenas”, suman y siguen en el país.