La agenda preparada en una reunión de dirigentes indígenas realizada en Ecuador a principios del año y que fue ratificada durante la IV Cumbre de los Pueblos del Abya Yala que se efectúo en Puno, Perú, el pasado mes de mayo, ha comenzado a aplicarse con todas las consecuencias que ello implica.
Encuentro: los indígenas de América Latina en el Congreso que se realizó hace dos semanas en Puno*
En la reunión de Otavalo en el Ecuador, fue aprobada una estrategia dirigida a desestabilizar los gobiernos de Alan García en el Perú y Cesar Uribe en Colombia por considerarlos afines al neoliberalismo y contrarios a los intereses de los pueblos indígenas.
A esa reunión asistieron dirigentes masistas como Fidel Surco, ahora empresario del autotransporte, el ejecutivo de la Csutcb , Isaac Ávalos y la representante de las “Bartolinas” Leonilda Zurita.
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Uno de los puntos aprobados estaba relacionado con el uso de las reivindicaciones de los pueblos originarios para socavar a los gobiernos de Uribe y García. En Colombia, los pasados meses se produjeron movilizaciones reclamando la propiedad de los recursos naturales para los indígenas pero, felizmente, las consecuencias no fueron de la magnitud que hoy se debe lamentar de lo ocurrido en el Perú.
Esta agenda de la violencia fue ratificada en la IV Cumbre que se cumplió en Puno y a la que asistieron, además de Surco, Ávalos y Zurita, la ministra de Justicia, Celima Torrico que, precisamente, fue la portadora de una carta del presidente Evo Morales al encuentro. La misiva hoy en entredicho, entre otras cosas condena los Tratados de Libre Comercio y sostenía el siguiente lineamiento:
“Éste es el momento para que los indígenas, campesinos, los obreros, los jóvenes, los trabajadores, asumamos nuestro destino como pueblos; éste es el momento para que todos sepan que nuestra lucha no termina, que de la resistencia pasamos a la rebelión y de la rebelión a la revolución. Éste es el momento de la segunda y definitiva independencia»
El contenido de esta carta es, por decir los menos, imprudente, al hacer puntualizaciones específicas a sabiendas de que los gobiernos de Perú y Colombia, dentro de sus competencias, se adscriben a los acuerdos por los TLC. Seguramente el presidente Morales y el MAS reclamarían la hoguera para cualquier otro presidente o gobierno que se atreviera a enviar cartas como esta a eventos que se realicen en Bolivia, a excepción de Chávez y Castro, claro está.
Quien haya asistido a la «cumbre» de Puno, podía darse cuenta de lo que se estaba cocinando con el pretexto de la protección de los derechos de los pueblos indígenas y el financiamiento descarado de algunas ONGs europeas.
Lo sucedido este fin de semana en Bagua responde a un libreto meticulosamente elaborado donde no se dejó nada a la casualidad. El objetivo era mostrar a los indígenas como las eternas víctimas de un sistema opresor pero al parecer algo se salió de control y resulta que los muertos son en su mayoría policías y su comandante, salvajemente degollados por la turba de campesinos peruanos.
No se puede asegurar que el gobierno boliviano haya tenido una injerencia directa en los sucesos en la amazonía peruana, pero es evidente que Evo Morales ha visto con indisimulada satisfacción los hechos de violencia en un momento en que las relaciones con su colega peruano están al borde de la ruptura.
No es aceptable que esta «guerra» política entre Morales y García, alentada desde algunos países no vecinos, lleve a dos pueblos unidos por la historia, la geografía y la economía, a un distanciamiento cuyas consecuencias serán de lamentar mas temprano que tarde.
Evo inició la guerrilla verbal, debiera acabar con esta insensatez de una vez por todas y superando sus enconos políticos y personales, ubicarse a la altura del Presidente de Bolivia.
* Foto La Prensa