Seis meses después de que fuera aprehendido el coronel Maximiliano Dávila, el Gobierno reveló que sigue en análisis el pedido de EEUU. Bolivia por su parte, tiene pendiente un pedido de extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
Fuente: El Deber
Seis meses después de que fuera aprehendido el coronel Maximiliano Dávila, el Gobierno reveló que sigue en análisis el pedido de detención preventiva con fines de extradición que presentara el Gobierno de Estados Unidos, confirmó el Canciller Rogelio Mayta en conferencia de prensa.
“La embajada de Estados Unidos nos ha hecho llegar lo que sería la complementación a las observaciones que planteamos para que puedan cumplirse las formalidades, y en la actualidad, nosotros seguimos en el proceso de revisión, nuestra instancia de división jurídica está en la revisión de ese cumplimiento”, dijo el jefe de la diplomacia boliviana.
El 23 de enero de este año se detuvo al coronel Maximiliano Dávila en la fronteriza ciudad de Bermejo, luego que se conociera que la DEA lo estaba buscando por tráfico de drogas y de armas en ese país. El 2 de febrero, una semana después de esa aprehensión el gobierno de EEUU solicitó la detención preventiva con fines de extradición del ex jefe antidrogas de Evo Morales.
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Entre febrero y junio de este año la Cancillería recibió el pedido de detención preventiva, el Gobierno boliviano le dijo que había errores que debían ser corregidos por las autoridades estadounidenses; la embajada recibió el pedido de corrección y así lo hizo; luego presentó el pedido con las correcciones exigidas desde Bolivia y ahora ese trámite sigue en la Cancillería.
“No hay una solicitud todavía de extradición del señor Maximiliano Dávila, había una solicitud de detención preventiva con fines de extradición que nos llegó esa solicitud, hace ya un tiempo”, dijo brevemente el Canciller Mayta.
Octubre de 2003
El pedido estadounidense está vinculado al que hace Bolivia sobre la extradición del expresidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, por los sucesos de octubre de 2003, junto con su exministro, Carlos Sánchez Berzaín. Curiosamente el actual Canciller, Rogelio Mayta, fue el abogado de las víctimas de la ‘Guerra del Gas’, quienes solicitaron la extradición de Sánchez de Lozada.
También el Gobierno boliviano ensayó el pedido de extradición del exministro, Arturo Murillo, por los sucesos de 2019. La exautoridad guarda detención en un penal de Florida por el pago de sobornos y desde la delegación estadounidense informaron que según las leyes de EEUU, si un Gobierno solicita la extradición de una persona que está siendo sometida a la justicia de ese país, debe esperar la conclusión de la condena y recién podrá solicitar la extradición respectiva.
Así sucedió en el caso del también exministro Luis Arce Gómez, que fue entregado por el Gobierno del MIR a EEUU que lo buscaba por delitos de narcotráfico. Arce cumplió su condena en el país del norte y luego llegó a Bolivia en 2009 y cumplió su condena por la muerte de Marcelo Quiroga Santa Cruz en el golpe de 1980.