El texto está en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia. Se está pidiendo a la Cancillería presupuesto para el trámite de extradición y compatibilización con un bufete de abogados del exterior.
Página Siete / La Paz, Bolivia
El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, en el Palacio. Archivo Página Siete.
El fiscal general Ramiro Guerrero informó ayer que está esperando la respuesta de la Cancillería a la solicitud de exhorto suplicatorio para la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus dos exministros, acusados de genocidio y otros delitos, que actualmente residen en Estados Unidos.
El 7 de mayo, Guerrero remitió a la Cancillería el documento para la entrega de Sánchez de Lozada y sus exministros Jorge Berindoague y Carlos Sánchez Berzaín a la justicia boliviana para que sean juzgados; sin embargo, hasta ayer no hubo respuesta.
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“En la solicitud pedimos a la Cancillería que nos ayude con el presupuesto para los contactos con la traducción oficial, el trámite para hacer el pedido de extradición y el tema de la compatibilización con un estudio jurídico, un bufete de abogados en Estados Unidos”, declaró Guerrero a la radio Fides.
La autoridad del Ministerio Público espera que le llegue una respuesta en los próximos días o esta semana para que formule la solicitud formal al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Ésta es la segunda vez que la justicia boliviana solicitará la extradición de Sánchez de Lozada, a través de un exhorto suplicatorio de 1.000 páginas aproximadamente, que deben ser traducidas del castellano al inglés.
La primera solicitud fue rechazada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en septiembre de 2012 por incongruencias en su contenido, como la compatibilidad de los delitos tanto en la legislación boliviana como en la estadounidense.
Bolivia pide la extradición de las tres exautoridades para que respondan en el país por las acusaciones de genocidio y otros que pesan en su contra en el juicio que se les sigue por la muerte de 67 personas en la denominada “masacre de octubre negro”, que se produjo en octubre de 2003.
El exmandatario y dos miembros de su gabinete huyeron a Estados Unidos y desde entonces viven en ese país; alegan que son inocentes de las acusaciones que pesan contra ellos.
El 17 de octubre de 2007, la Corte Suprema (ahora Tribunal Supremo de Justicia) enjuició a 17 exautoridades de la gestión de Sánchez de Lozada y declaró en rebeldía a Sánchez de Lozada y dos exministros por no presentarse en las audiencias.
Desde entonces el Ministerio Público fue habilitado para enviar los exhortos suplicatorios de extradición.
La Corte Suprema, el 30 de agosto de 2011, ya condenó a penas de entre tres y 15 años a dos exministros y a cinco excomandantes de las fuerzas militares involucrados en el caso.
Exautoridades acusadas por la masacre
Los sentenciados. El 30 de agosto de 2011, la Corte Suprema condenó a tres años de cárcel a los exministros de Trabajo Adalberto Kuajara (fallecido) y de Desarrollo Sostenible Erick Reyes Villa. También impuso una pena de 15 años para Roberto Claros Flores, Juan Véliz Herrera, Osvaldo Quiroga Mendoza, Gonzalo Rocabado y Luis Aranda Granados, todos excomandantes de las fuerzas militares.
En rebeldía. Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague huyeron a Estados Unidos. Mirtha Quevedo, Javier Tórrez, Jorge Torres Obleas y Dante Pinto, refugiados en el Perú.