Ronald Balderrama*
Recordatorio
La comunicadora Hanali Huaycho Hannover falleció tras sufrir varias heridas cortantes durante un ataque de su esposo, el policía Jorge Clavijo Ovando, que se dio a la fuga. Otra mujer quedó gravemente herida por un ataque de su pareja. La periodista Hanali Huaycho fue agredida en presencia de su hijo de cinco años, que quedó huérfano.
Opiniones
La violencia intrafamiliar que se registra en los hogares bolivianos supera en gran medida a otros casos de delitos, según los datos oficiales proporcionados por la Policía Boliviana. El elevado índice de violencia intrafamiliar es un aspecto de preocupación para el Viceministerio de Seguridad Ciudadana, que ya elaboró un plan con el fin de brindar mejor atención a quienes sufren este flagelo. “Estamos trabajando en la estructuración de una ruta crítica de atención integral para la prevención, atención y rehabilitación de víctimas de la violencia intrafamiliar”, explicó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Miguel Vásquez.
Concepto: violencia intrafamiliar
“Se entiende por violencia intrafamiliar a toda acción u omisión, ejercicio de poder cometido por algún miembro de la familia en contra de otro y que pone en peligro la integridad física, emocional, sexual, moral y social de las y los afectados”.
Dato histórico
En el segundo semestre de 2009, 13.000 mujeres denunciaron haber sufrido violencia: 2.169 por mes, 87 por día, 11 cada hora; y esta no es la dimensión real de la violencia en Bolivia, puesto que estos datos sólo representan los casos de mujeres que lograron denunciar, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y VIO (2010).
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El informe oficial de la entidad del orden establece que en 2011 se registraron 606,7 casos por cada 100 mil habitantes en Bolivia; y en cuanto a delitos se refiere fueron 573,5 casos por cada 100 mil habitantes. El índice de violencia intrafamiliar aumentó en 2011 en comparación con la gestión 2010, cuando se registraron 536,1 casos por cada 100 mil habitantes y 556,1 casos de delitos.
A lo largo de la historia la mujer boliviana ha vivido en situación de desigualdad y maltrato, aún en nuestros días y a pesar de innumerables esfuerzos conjuntos Bolivia encabeza el ranking de violencia contra la mujer en 13 países latinoamericanos, según el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (Cidem).
Un análisis realizado por el Centro de Estudios de la Mujer revela que durante 2012 una mujer perdió la vida, cada tres días, a causa de la violencia doméstica.
Situación legal
El pleno de la Cámara de Diputados de Bolivia aprobó el 27 de febrero de 2013 la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia. Los últimos datos estiman que en Bolivia 8 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia en algún momento de su vida.
La Ley 243 contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres cumple hoy un año de vigencia, en medio de críticas sobre su aplicabilidad y los recientes casos referidos a esta temática. La ley se aprobó el 28 de mayo de 2012 y como principal característica creaba dos nuevos tipos penales, contra el acoso político hacia las mujeres y contra la violencia política a las mujeres, el primero que tiene una sanción de dos a cinco años de cárcel y el segundo de tres a ocho años de presidio.
La diputada Marcela Revollo (MSM) denunció ayer que la ley no cumplió su fin inmediato, que es sancionar a aquellas personas que cometan violencia o acoso político hacia las mujeres, citando los casos de las concejalas Juana Quispe, del municipio paceño de Ancoraimes, y Daguimar Rivera, de la población beniana de Guayaramerín.
Quispe fue víctima de un asesinato en marzo de 2012, mientras que Rivera sufrió el mismo destino tras haber denunciado hechos de corrupción en el municipio de Guayaramerín. “Hemos conocido de cerca los casos de Quispe y de la concejala de Guayaramerín (esta última) que fue asesinada de la manera más fría y violenta. Sin embargo, en ninguno de los casos, a más de un año y teniendo esta ley ya aprobada en la Asamblea Plurinacional, no ha cumplido su función de identificar y sancionar a los responsables”, denunció la legisladora.
Al respecto, la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Karina Marconi, indicó que existen “avances” en la reglamentación de la ley por parte del OEP, pero existen varias instituciones públicas, como ministerios, gobernaciones y alcaldías, que no han adecuado sus reglamentos a las disposiciones establecidas en esta ley. “Respecto de la reglamentación hay varias instituciones que faltan por cumplir en torno a la reglamentación. Se ha identificado que el Órgano Electoral ha ido revisando algunos eventos sobre todo para recoger insumos en relación con la incorporación a los estatutos y reglamentos de los partidos políticos y respecto a la habilitación de suplentes”, dijo.
La aprobación de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia fue impulsada y acelerada por el oficialismo poco después del asesinato de la periodista Hanalí Huaycho, a manos de su esposo, el ex – teniente de Policía Jorge Clavijo; hecho ocurrido el 11 de febrero.
Esta iniciativa legal incorpora al ordenamiento jurídico vigente la figura penal del feminicidio con una condena de 30 años de cárcel sin derecho a indulto. Además eleva de dos a ocho años la sanción por el delito de homicidio por emoción violenta. Fija 18 tipos penales por los cuales será procesado la o las personas que ejerzan violencia en contra de la mujer, entre ellos aborto forzado con hasta ocho años de cárcel; lesiones gravísimas, hasta 12 años de cárcel; lesiones graves y leves, con tres años de trabajos comunitarios; violación, con un máximo de 20 años de prisión; y violación de infante niño, niña o adolescente con penas de prisión de 20 a 15 años.
Además está el abuso sexual con condenas de 10 a 15 años de cárcel; rapto, entre cuatro a ocho años de presidio; violencia familiar o doméstica, mientras que la esterilización forzada será condenada con penas de entre cinco a 20 años.
Opinión
Cuando existe violencia en la familia no debe ser ocultada, ya que existen instituciones públicas y privadas que brindan apoyo con orientación especializada como ser los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM), Gestión Social de la Gobernación, Brigada de Protección a la Familia; Cidem, Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, Unidad Móvil de Atención Psicológica de la Asociación CUNA.
Los costos sociales y económicos de la violencia contra la mujer son enormes y repercuten en toda la sociedad. Las mujeres pueden llegar a encontrarse aisladas e incapacitadas para trabajar, perder su sueldo, dejar de participar en actividades cotidianas.
Los costos económicos de la violencia se calculan a partir de la menor participación de las mujeres en el mercado laboral, menor productividad en el trabajo y mayor ausentismo; la violencia también genera menor capacidad de ahorro e inversión.
La violencia doméstica tiene un impacto potencial sobre la capacidad futura de los niños para conseguir un empleo adecuado, ya que los niños que vienen de hogares violentos suelen tener escaso rendimiento escolar, en Latinoamérica, la edad promedio de deserción escolar es de 9 años en caso de existir violencia intrafamiliar, contra 12 años en caso de no contar con ella.
A pesar de la gravedad del problema, no sólo a nivel nacional sino internacional, y aunque no son pocos los esfuerzos conjuntos de asociaciones y organizaciones nacionales e internacionales, la violencia en contra de la mujer es uno de los males que aquejan a las sociedades de todo el mundo, quizás sea la educación la única salida para asegurar un mañana el respeto y la igualdad sean no sólo atribución de unos cuantos sino un común denominador de la mayoría.
El hecho de ver lo que acontece en nuestra sociedad con diferentes casos de maltrato, violaciones, como discriminaciones que sufren las mujeres, refuerza la idea de que Bolivia vive una carente crisis de valores, que van mucho más allá de simplemente valores familiares, sino valores culturales donde las Leyes son cuestionables, y donde la convivencia pacífica entre individuos se va disgregando.
Está claro que gran parte de la sociedad lucha contra este tipo de cultura autoritaria y machista, por otra parte, la acumulación de valores y normas han sido la base de los pilares para construir una tolerancia a nivel cultural, pero que lastimosamente en los últimos años han sido cuestionadas por un tinte ideológico que recae en lo absurdo, generando polaridad en cualquier esfera de la sociedad y por ende en cualquier individuo que piensa o mal entiende que generar critica es generar confrontación, y este tema recae en las mujeres que pese a las leyes que se trata de implementar siguen siendo víctimas de acoso y mucha violencia.
Las nociones para dar solución a un problema cultural deben ser de características homogeneizadoras, integrales, ya que si no se concientiza desde la raíz de los núcleos familiares, sociales, culturales, educacionales e ideológicos y por supuesto estatales, todo esfuerzo es y será improductivo, las Leyes tienen que girar a un sentido distinto para que la justicia verdaderamente sea imparcial y se consiga resultados verdaderos. Este tema es muy vital para la seguridad de cualquier mujer, ya que en nuestro Estado se fomentan actitudes machistas y patriarcales donde filmar, abusar, amedrentar e intimidar a una mujer pareciese ser cosa natural, este tipo de hechos no son algo natural, y tienen que tener sanciones reales, para el bien te todas y todos los bolivianos.
Estimado lector: ¿Cree usted que las leyes aprobadas tienen un verdadero efecto en prevenir, e impedir las agresiones que sufren las mujeres por parte del sector masculino?
*Politólogo
DeBolivia