El ministro de Hidrocarburos y Energía, Franklin Molina, aseguró que no descansará hasta que las personas que denunciaron supuestos hechos de corrupción en un proceso de contratación en Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) estén tras las rejas. Hizo estas declaraciones poco antes de confirmarse la firma de mencionado contrato entre la empresa estatal y la privada Carlos Caballero S.A. por 50 millones de dólares.
«Vamos a iniciar todas las acciones que corresponden ante la justicia y no voy a quedar tranquilo hasta que las personas que tienen que ver con estas falsas acusaciones estén tras las rejas”, sentenció Molina en una entrevista con Cadena A la noche del martes.
La autoridad se refería a las denuncias realizadas en las últimas semanas por varias personas, de forma verbal y a través de documentos, sobre supuestas irregularidades y delitos cometidos por funcionarios públicos en el proceso de adjudicación de la planta de tratamiento de agua en el salar de Uyuni, obra clave para el posterior funcionamiento de la planta industrial de carbonato de litio.
Estas declaraciones realizadas por empresas, una exfuncionaria y un aparente sindicato de trabajadores fueron difundidas por la diputada de Comunidad Ciudadana Luciana Campero.
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El miércoles pasado, Campero y otros diputados de oposición denunciaron por recibir sobornos y otros delitos de corrupción al ministro Molina (como autor) y al presidente de YLB, Carlos Ramos (como cómplice).
Molina manifestó su molestia. Aseguró que él no incurrió en ningún delito y añadió que ya denunció a Campero ante el Tribunal de Ética de la Cámara de Diputados por «difamación». Asimismo, añadió: «Vamos a ir tras estas personas que lo único que hacen es hacer acusaciones falsas y difamar».
El Ministro advirtió que hay actores detrás de estas acusaciones que tienen intereses por el litio, por lo cual, según él, ya hubo un «golpe de Estado» en 2019.
Ante estas amenazas, Campero reiteró sus denuncias y enfatizó que no fue sólo ella quien difundió las supuestas irregularidades en YLB, pues incluso el senador del MAS Santos Ramos habló de ellas y pidió detener la contratación hasta que las mismas sean aclaradas.
La diputada dijo que su denuncia penal ya fue sorteada al fiscal Carlos Cortez. Añadió que cumplió con su obligación de fiscalización y advirtió que, aunque se haya firmado el contrato, los delitos de corrupción no prescriben.
«Sabemos que desde el Ministerio de Hidrocarburos se llevan adelante los negociados para beneficiar a las mafias del MAS y no vamos a dar un solo paso atrás», advirtió.
El contrato se firmó la semana pasada
El contrato entre YLB y la empresa Carlos Caballero S.A. para la construcción y puesta en marcha de la planta de tratamiento de agua, por 50 millones de dólares, se firmó el 29 de julio, informó ayer la empresa estatal a través de una nota de prensa.
De acuerdo a esta nota, el mismo fue firmado en el marco de transparencia y normativa legal. Sin embargo, no fue hasta ayer que se hizo pública la firma del mismo.
Otras cuatro empresas quedaron al margen: CRIG/ECEC, CMEC, Jiangsu Geology & Engineering, y Sinohydro Corporation. La selección fue en base a costo, calidad y propuesta técnica, añadió YLB en su nota de prensa.