Observan irregularidades en el embargo. Tres organizaciones que aglutinan a medios y periodistas consideran que el embargo es un amedrentamiento. El Gobierno no ha emitido declaración.
La prensa desconfía de la medida contra el periódico
Trabajadores de El Diario iniciaron una vigilia fuera del edificio que fue embargado por el SIN, en defensa de sus fuentes de trabajo. Foto AFKA.
EL DEBER
Varios sectores de la prensa nacional expresaron ayer su preocupación y desconfianza por las presuntas irregularidades con que habría actuado el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) al embargar ayer los bienes de El Diario en la ciudad de La Paz, por una deuda de más de Bs 128 millones.
Los organismos señalan que no se cumplen las normativas vigentes, que existe un amedrentamiento al sector y ven una señal política y peligrosa.
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Juan León, director de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), organización que aglutina a los medios, manifestó que cualquier argumento que impida el trabajo de un medio de comunicación tiene como consecuencia inmediata “una limitación al derecho a la libertad de expresión, opinión e información”, asegurando además que si se impide al diario emitir sus publicaciones “atentarán contra una libertad fundamental para la democracia”.
Además, afirmó que más allá de la razón justa o no de la medida administrativa, se critica de manera enérgica la forma en que se ha actuado. “Esto es dar una señal política y peligrosa porque de alguna manera significa un amedrentamiento a un medio”, dijo.
Ronald Grebe, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), indicó por su parte que, además de expresar su solidaridad con los 200 trabajadores que se verán afectados por el embargo, el SIN no ha cumplido con las normas y solo hizo un embargo simbólico, porque no hubo ninguna advertencia, citación o conminatoria previa.
“Tenemos que tomar la palabra del periódico afectado, como que no se han cumplido las normativas y por lo tanto hay irregularidades”, señaló, aunque evitó señalar que haya amedrentamiento de parte del Ejecutivo.
Entre tanto, Antonio Vargas, presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), desconfía de “ciertas irregularidades” respecto al procedimiento del embargo, como la inexistencia de notificación previa, no hay una persona depositaria de los bienes afectados y tampoco existe una lista de lo que se embargó.
“También vemos con preocupación la denuncia de El Diario de que sufría un ‘estrangulamiento económico’ a través de cartas que hacían llegar a sus principales anunciantes para que ya no lo hagan en este matutino”, lamentó.
Se buscó insistentemente a la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, pero no contestó su teléfono móvil. Más temprano, ante el requerimiento de los medios, se excusó y dijo que no tenía comentario al respecto
LOS PROBLEMAS
1 Juicio. En agosto de 2012, el Gobierno de Evo Morales anunció que abriría un juicio penal en contra de la agencia de noticias Fides y los periódicos paceños Página Siete y El Diario.
2 El motivo. “Evo dice que si se hambrea en el oriente es por flojera", titular coincidente en los tres medios, fue la causa de la acción en contra de los medios, que al final se diluyó.
3 Otro caso. El martes 9 de diciembre de 2008, el diario paceño La Prensa tituló en su portada que “Evo negoció ‘luz verde’ con los contrabandistas dos meses antes”.
4 Juicio. La nota se refería a la denuncia del paso irregular de 33 camiones con mercadería supuestamente de contrabando en Pando. El Gobierno se querelló contra el medio. Tampoco prosperó.
Nunca hemos estado en contra de Evo
Pedro Glasinovic / Periodista
La relación de la prensa con el Gobierno del presidente Evo Morales siempre fue difícil. Desde que él asumió el cargo, acusó a los periodistas de ser sus enemigos y de complotar contra él.
Nos acusa de estar en su contra, nada más falso. Con 35 años de experiencia en este oficio puedo afirmar que nunca hemos estado en contra de un Presidente o de un gobierno democrático. Sí de los dictadores, eso es evidente, y lo demostramos a través de la historia. Este es un exceso que tensionó las relaciones con los medios, que no hacen otra cosa que cumplir con su trabajo, que es informar lo que realmente está sucediendo.
Dentro de eso, probablemente se inscribe lo que ocurre con El Diario, considerado por el Gobierno como un medio de derecha, calificado como opositor. Más allá del pago de impuestos, la razón fundamental del embargo, pareciera que existe una intención de acallar a un medio, lo que no solo significaría dañar a los dueños, sino dejar sin trabajo a más de 130 personas, lo que generará un problema social y un mal precedente.