La actual gestión municipal observa el accionar de la Justicia por no dar celeridad a este caso que involucra al exalcalde del Movimiento Al Socialismo (MAS).
La gigante infraestructura inutilizada en Cochabamba. Foto: La Razón-archivo
El Juzgado de Sentencia 3 de Cochabamba suspendió el juicio oral en contra del exalcalde de es municipio Edwin Castellanos y otros coacusados por el caso del colapso del puente ubicado entre la Avenida 6 de Agosto e Independencia, ejecutado durante la gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS).
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Fue suspendido el juicio “con un argumento que llama poderosamente la atención; para la juzgadora, el no haber presentado un perito de parte de la defensa les causaría indefensión, cuando este perito fue propuesto en 2018 y ustedes saben que si yo propongo algún acto propositivo de prueba es mi deber coadyuvar para que se efectivice”, explicó el secretario de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, Boris Fiorilo.
El funcionario cuestionó el accionar de la Justicia y afirmó que el trato no es igualitario, ya que, en su criterio, el alcalde Manfred Reyes Villa, quien enfrenta más de 17 procesos que arrastra desde que fue prefecto del departamento, no es juzgado en igualdad de condiciones.
“Vemos con profunda preocupación que para nosotros no hay verdad, no hay investigación y menos justicia, y peor castigo; sin embargo, nosotros sí estamos siendo perseguidos en toda línea política posible”, reclamó Fiorilo.
El Gobierno Municipal de Cochabamba se querelló en 2015 contra Castellanos y sus colaboradores Osvaldo Delgadillo Gonzales, Nelson Vega Aguirre y Sergio Rodríguez, y además del gerente de la constructora Álvarez, Víctor Hugo Álvarez Iriarte. Sergio Coca, asesor jurídico de la municipalidad, confirmó la formalización de la denuncia.
Castellanos y los tres funcionarios públicos están sindicados por los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
El 22 de octubre de 2015 la plataforma del Viaducto, que costó Bs 13,4 millones, colapsó. Desde esa fecha, la infraestructura quedó inutilizada y los restos continúan en pie.