Lo objetivamente cierto es que comunidades campesinas tomaron el control violento de 18 minas (…) La consulta del Canciller español traduce las inquietudes no sólo de los extranjeros que quisieran invertir en Bolivia, sino también las de muchos empresarios bolivianos.
Editorial La Razón
El ministro de Relaciones Exteriores de España, Miguel Ángel Moratinos, acaba de pedir a su colega boliviano David Choquehuanca algunas precisiones sobre la seguridad jurídica que tendrán las inversiones extranjeras ahora que en Bolivia rige una nueva Constitución Política del Estado.
La anterior semana, y desde Madrid, la agencia de noticias EFE reportó que en un encuentro entre ambos cancilleres, Moratinos ´recalcó que es importante que se aclare el nuevo marco legal y económico que introduce la nueva Constitución de Bolivia de febrero de 2009´. El cable se basó en un comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de España.
La consulta del ministro español contribuye a revelar la razón por la que han caído las inversiones extranjeras en el país. Según estadísticas oficiales de Bolivia, las inversiones más afectadas por la nueva realidad creada por la vigente CPE fueron las del sector minero, que se derrumbaron en 84% respecto del 2008. Las inversiones en el sector petrolero siguen descendiendo, igual que las del sector agroindustrial y el sector manufacturero.
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Las inversiones de la española Repsol-YPF son determinantes para que Bolivia pueda aumentar la producción de gas natural para estar en condiciones de exportar a Argentina los 27,7 millones de dólares comprometidos en el contrato firmado por los presidentes Evo Morales y Néstor Kirchner. Las dudas sobre la producción desalentaron al Gobierno argentino, que cuestiona la conveniencia de concluir una conexión del Gasoducto del Noreste Argentino (GNA) con el sistema boliviano.
Las cuestiones del ministro español son precisas. El Gobierno español quiere saber si Bolivia, con la vigencia de la CPE, puede ofrecer a los inversionistas un “marco legal estable y que ofrezca seguridad jurídica”. En otras palabras, la nueva Carta Magna no ha resuelto la incertidumbre en el sector económico y, por el contrario, ha multiplicado las dudas de los mismos.
Es probable que Moratinos se haya referido al artículo 362, inciso I, según el cual todas las empresas petroleras que operen en el país sólo pueden hacer de prestadoras de servicios de YPFB. Una “norma transitoria”, incluida ex post en la CPE, dice que las empresas petroleras que tienen suscritos los 42 contratos vigentes con YPFB no deberán sujetarse a ese artículo.
Pero el ministro español podría estar aludiendo también al artículo 30 de la CPE, que establece el “derecho a la consulta previa obligatoria” a favor de los pueblos originarios respecto de la explotación de los recursos naturales. Esa es otra posibilidad. Pero lo objetivamente cierto es que algunas comunidades campesinas mencionaron a la nueva Constitución para tomar el control violento de 18 minas y ha llevado a los dirigentes de la CIDOB a declarar que cualquier operación económica que se proponga explotar recursos naturales en las tierras bajas del país deberá tener el visto bueno de los pueblos.
A partir de ese artículo, los “lecos” del norte de La Paz han hecho saber que no permitirán que operen equipos de exploración de las empresas YPFB y PDVSA si no han llegado, previamente, a acuerdos tributarios especiales con ellos.
La consulta del Canciller español traduce las inquietudes no sólo de los extranjeros que quisieran invertir en Bolivia, sino también las de muchos empresarios bolivianos.