Después de 10 años de lucha, las víctimas de las dictaduras por fin lograron un compromiso del Gobierno para que reciban una reparación. Su líder anunció que serán vigilantes de su cumplimiento.
-
Victoria López en una entrevista con Página Siete, el miércoles.
A unos pasos del lugar donde estaba la carpa está ella, Victoria López, sentada en una de las bancas de El Prado paceño y con nostalgia en su corazón. En los últimos 10 años ese lugar representó el símbolo y la trinchera de su lucha por lograr atención del Gobierno y reparación para todas las víctimas de las dictaduras. Finalmente, se logró un avance.
El Gobierno se comprometió, mediante un convenio, a reparar a un grupo de las víctimas y a revisar los expedientes de otro, que es la mayoría.
La presidenta de la Plataforma de Luchadores Sociales Sobrevivientes de las Dictaduras considera que es un gran paso que se dio, por el que también las víctimas cedieron y levantaron la carpa donde hacían vigilia permanente; sin embargo, anunció que ella, la dirigencia y todos los integrantes de la plataforma vigilarán que las autoridades cumplan con todos los puntos del acuerdo, de lo contrario piensan regresar a la carpa.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
¿Cómo recibieron este convenio firmado por el Gobierno?
Ha sido el final de una lucha. Hace prácticamente un año, con el ministro de Justicia Iván Lima, que hemos estado trabajando en mesas técnicas, hemos tenido momentos muy difíciles, discusiones muy serias, muy fuertes y al final con medidas de presión.
Hemos acordado firmar este acuerdo en vista de que las anteriores autoridades, ministros y ministras que pasaron, nunca nos han escuchado. Ahora hemos visto por conveniente acordar y firmar un documento.
Este acuerdo llega después de una serie de tropiezos con algunas leyes y gestiones.
Sí. El 11 de marzo de 2004 se aprueba la Ley 2640, que es la ley madre; establece un resarcimiento excepcional a víctimas de la violencia política en períodos de gobiernos inconstitucionales, pero esta ley no es una reparación integral, lo que nosotros buscábamos. La reparación integral para las víctimas consiste en que nosotros tenemos derecho a la verdad, a la memoria, a la justicia, a la reparación y a las garantías. Esos son los pilares. La reparación consiste en la restitución, la indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
¿Qué pasó luego de esta ley?
Sale una primera comisión, que saca la convocatoria para que presentemos nuestros expedientes. Hemos sido más de 7.000 los compañeros que presentamos. Pero esa comisión comenzó a descalificar, a depurar a muchos compañeros. Lo único valorable es que publicó una separata donde estamos 6.221 compañeros clasificados. Estando vigente esa ley, a esa comisión la anularon y crearon la Comteca, y fue peor porque nos pidieron más requisitos, pero imposibles de presentar como salvoconductos, pasaporte de salida y de ingreso. Cómo eso es posible si muchos compañeros han tenido que huir clandestinamente.
Nos pidieron certificado médico forense de los compañeros que han sufrido lesiones, pero es inadmisible porque después de tantos años las mujeres que hemos sido ultrajadas y violadas cómo vamos a presentar certificados y testigos. ¿Acaso con testigos nos han ultrajado?
Por esos motivos esta segunda comisión comenzó a desclasificar a la mayor parte de los compañeros. Después, a los dos años de esta ley, en el gobierno de Evo Morales, sacan otra ley, la 238, en la que califican a 1.714 personas de los 6.221, quedamos más de 4.000 al margen.
Algunos han podido presentar, otros no y eso significó la desclasificación. Nos dicen que las pruebas no son fehacientes.
¿En este convenio, a qué se comprometió el Gobierno?
En el acuerdo dice que saldrá una ley que la tiene que presentar ya nomás el Ministerio de Justicia, ya está hecho el documento, para que se revisen esos expedientes que han sido desclasificados. Es una revisión extraordinaria, por única vez, habrá una comisión revisora interministerial, de los ministerios de Gobierno, de Salud y de Justicia, pero nos ha costado hacerles aceptar que como víctimas también tenemos que estar presentes en esa comisión con derecho a voz y voto, nos dijeron que no podemos ser juez y parte. Hemos insistido y logramos tener voz en la comisión.
¿En qué tiempo se tiene que aprobar la ley?
En tres meses ya tiene que presentarse la ley y a los 30 días se tiene que comenzar a revisar los expedientes. Queremos que ese trabajo sea apresurado, ellos han fijado un año, pero es mucho. Al final de ese tiempo la comisión tiene que emitir un informe. Propusimos que sean seis meses.
Ése es el compromiso al que se llegó con las personas cuyos expedientes fueron desclasificados. ¿Qué pasa con las víctimas que entraron dentro de la reparación?, ¿qué ganaron ellas?
Para las 1.714 personas se aprobó la ley. Es decir, con la Ley 238 ya les pagaron un 20%, ahora les pagarán el 80%, de acuerdo con la clasificación que ellos han hecho. No es para todas las víctimas. Son casi 100 mil bolivianos que están sacando del TGN. Para ellos sólo es el resarcimiento económico, nada más. En cambio, los aún no clasificados estamos pidiendo que tenemos derecho a la verdad, a la memoria, a la justicia también.
¿Cuántos años lucharon en las carpas?
Son 10 años que hemos estado en las carpas, hemos sufrido tres atentados terribles y 50 compañeros han fallecido. No podíamos seguir viendo que nuestros compañeros mueran. Ninguno de los tres atentados se ha investigado.
¿Cuándo sucedieron esos tres atentados?, ¿cómo fueron?
La carpa se ha instalado el año 2012. Al año siguiente, en febrero, nos destrozaron las carpas de campaña que teníamos y se ensañaron conmigo, tengo 14 puntadas en la cabeza y el brazo derecho fracturado por los golpes que recibí.
Era Carnaval y en el Ministerio de Justicia estaban celebrando, estaban con música y bebidas; de ahí salieron personas y una de ellas se acercó y destruyó las carpas. Salí a ver qué pasaba y de inmediato me dieron un golpe en la cabeza, me tiré al piso y me seguían golpeando. Un compañero me arrastró hasta la carpa grande para salvarme.
El siguiente año, en la misma fecha, incendiaron la carpa. Habíamos construido un ambiente con calaminas y techo de plástico, donde guardábamos lo más importante de la plataforma de la vigilia; teníamos fotocopias de los expedientes para iniciar la demanda internacional, teníamos publicaciones de prensa, computadoras, máquinas de escribir, todo, incluso nuestros alimentos. Todo se quemó. No sé cómo hicieron que el techo se incendie primero.
El tercer atentado pasó el 29 de octubre de 2019, cuando se generó la convulsión en nuestro país. Nuestro presidente Julio Llanos estaba ahí, salió a ver qué pasaba con esas marchas y ahí lo agarraron los campesinos y mineros, lo golpearon y atentaron contra su vida, de tal manera que murió en el hospital después de mucho sufrimiento. Para nosotros ha sido un asesinato.
Ninguno de estos atentados se investigó, han encontrado a los culpables y no los imputan.
Tuvimos en febrero de este año una audiencia con el fiscal departamental (William Alave) vía Zoom. Cinco minutos nos dio y le pedimos que de una vez inculpen a los responsables de la muerte de Julio Llanos; nos dijo que iba a hablar, había una comisión de dos fiscales, pero hasta ahora no pasa nada.
¿Ese pedido llegó al presidente Luis Arce?
Sí, se lo hemos planteado el día del convenio. Le pedimos que no queden impunes estos crímenes, estos tres atentados, y también le dijimos que estos crímenes cometidos por los dictadores en Bolivia, cometidos desde el 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982 no pueden quedar en la impunidad.
Nos dijo que sí, que se va a trabajar en eso y le hemos hecho ver que (Luis) García Meza es el único que ha sido juzgado y no ha cumplido su sentencia; él no ha estado en (en la cárcel de) Chonchocoro, él no ha estado ahí, lo llevaron al hospital militar donde vivió en libertad y no cumplió su sentencia.
Por otro lado, hay que hacer notar que los militares de esa época son jubilados y ocupan cargos de cónsules o cargos administrativos en el Gobierno y eso no puede ser, tienen que ser sancionados como corresponde.
¿Cree que de alguna manera se hará justicia con esta firma de convenio y el compromiso del Gobierno?
Sí, queremos que aquí se haga eso. La Paz siempre ha sido cuna de valientes y tumba de tiranos. Aquí se tiene que construir el primer museo de la memoria de Bolivia. En todos los países donde se ha aplicado el Plan Cóndor los gobiernos han trabajado bien para sus víctimas y también para la sociedad, porque se han construido museos en los lugares de tortura que son administrados por las mismas víctimas. Aquí no se hizo nada, eso también está en el acuerdo, aquí se construirá un monumento a Julio Llanos, nuestro presidente, en representación de todas las víctimas.
¿Entonces, bajo este compromiso ustedes están confiados y tienen esperanza en el Gobierno?
Nosotros les dijimos que vamos a ser celosos, cuidadosos de que se cumpla el acuerdo y si falla el acuerdo y empiezan a incumplir, vamos a volver a instalar las carpas. Nos dijeron que van a darnos un ambiente para realizar nuestras reuniones, estamos esperando eso.
¿Usted considera que la intervención del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIE) ayudó a que el Gobierno acelere de alguna manera una respuesta para ustedes?
Sí. Nos hemos reunidos con las personas que hicieron el informe y dijeron que iban a hacer el seguimiento correspondiente. Hemos tenido dos audiencias en la CIDH tambien. Viajaron dos compañeros y el Estado se ha comprometido a reconstruir la Comisión de la Verdad, volvieron y se olvidaron. Por eso no confiábamos en lo que ofrecían, pero ahora nos dijeron que se comprometen y nos preguntaron si vamos a ceder en levantar las carpas, les dijimos que sí, pero con ese acuerdo cumplido. Hemos pedido que los garantes sean la prensa, la Iglesia católica y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos que nos ha estado acompañando.
Confiamos en la palabra del Presidente, hay mucho por trabajar después de que salgan estas leyes. Tienen que sacar una ley, pero también se tiene que aprobar una reparación integral.
Con el gobierno de Arce se logró un gran avance. ¿Qué pasó en la anterior gestión, la de Evo Morales?
Con este Gobierno ha sido positivo el resultado, porque en la anterior gestión yo le puedo decir que nos pusieron tres cruces y nos han olvidado. Incluso el señor Héctor Arce (exministro de Justicia) ha trabajado a puertas cerradas como queriendo cerrar los ojos ante la realidad, ese trato nos han dado.
Hubo el compromiso de don Evo Morales, cuando era diputado, hizo el compromiso. Él se olvidó de eso y sacó una ley para una parte de las víctimas, eso ha generado división y discriminación entre nosotros.
Es una deuda histórica que tiene el Estado con quienes han muerto o han quedado en situaciones muy difíciles.
¿Después de 10 años, qué sensación tiene al ver este espacio vacío, ya sin la carpa de las víctimas de las dictaduras?
Mucha tristeza, una sensación muy triste, hasta las lágrimas, porque ha sido el lugar de vida, de sufrimiento de todos nosotros. Hemos vivido, hemos sobrevivido pidiendo a las señoras de las jardineras que nos regalen un poco de agua o pidiendo al colegio Don Bosco que nos permita usar sus baños. Aquí también hemos muerto porque hay 50 compañeros que murieron en esta lucha.
Todo el tiempo hemos sido acosados, nos golpeaban, nos molestaban en las noches. Ahora tenemos que trabajar en esta segunda etapa de la lucha.
Con la voz aún quebrada, Victoria López termina la entrevista con Página Siete, toma un respiro y pide que se la acompañe. Camina hacia ese lugar, donde pasó 10 años junto con sus compañeros. Ahora está vacío pero ella sabe con perfección de dónde a dónde iba. “10 años se dice fácil, pero aquí hemos pasado de todo”, dice.
Los transeúntes pasan por allí como en una tarde cualquiera en la agitada La Paz, pero para ella es diferente. Ese lugar es un símbolo de lucha y de eso que tiene su nombre: Victoria.
Fuente: paginasiete.bo