En anteriores ocasiones se la suspendió porque los otros imputados en el caso no habían llevado a sus abogados o porque estaban enfermos.
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El gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, da detalles de la compra de las 41 ambulancias, en una conferencia anterior.
Por falta de un ambiente judicial para que se lleve a cabo este miércoles la audiencia de medidas cautelares en contra del gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, por el caso de las 41 ambulancias, se suspendió la sesión por cuarta vez. La cita fue diferida para el 22 de septiembre.
“Evidentemente, hoy a las 9:00 debía instalarse la audiencia, a diferencia de las tres anteriores ocasiones, se presentaron todos los demandados junto a sus abogados, pero lamentablemente estábamos en un ambiente de dos por dos metros, donde había unas 20 personas y es cuando un abogado de uno de los acusados solicitó que se busque un ambiente amplio. En ese momento, el juez que lleva el caso dispuso un cuarto intermedio de 15 minutos y pasado ese tiempo lo suspendió para el 22 de septiembre”, detalló el asambleísta departamental Jaime Osvaldo Flores Flores, en contacto con Fides.
Demandó que para la siguiente convocatoria el presidente del Tribunal de Justicia Departamental de Potosí dé las condiciones para que se realice la audiencia y ya no se suspenda.
“La falta de un ambiente adecuado para las audiencias no es una causa para suspender este tipo de procesos, eso no está dentro de la Ley del Código Penal, por eso afirmamos que es una suspensión sui generis y es algo que llama la atención”, señaló el legislador departamental.
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La audiencia cautelar del Gobernador de Potosí y otros cinco acusados por las supuestas irregularidades en la compra de 41 ambulancias debía realizarse el 4 de agosto, hace más de un mes, y luego se postergó en otras dos veces.
A fines de julio pasado, cinco meses después de conocerse la denuncia sobre la compra irregular de 41 ambulancias para Potosí, la Fiscalía imputó al gobernador Mamani por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
En febrero se destapó el caso de corrupción de la compra ilícita de 41 ambulancias por 20,5 millones de bolivianos por parte de la Gobernación de Potosí y Mamani fue apuntado como el principal responsable del ilícito.
Sin embargo, el 29 de junio y en una primera conclusión, la Fiscalía determinó que Mamani no era responsable de la adquisición de los motorizados.
No obstante, el asambleísta Flores y la diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Lissa Claros, insistieron en la denuncia y ahora Mamani deberá comparecer ante un juez, pero que a la fecha no se concreta el mismo.