UNA FACCIÓN DEL MAS ADELANTÓ QUE OBJETARÁ LA LEY EN EL PLENO.
El artículo 6 de la propuesta es el más rechazado, puesto que el Ministerio de Gobierno tendría un representante en la comisión que calificará ascensos de efectivos de la Policía Boliviana.
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Luis Arce, presidente del Estado, en el acto aniversario de la Policía Boliviana.
Legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS), que son de la facción evista de ese partido, policías y representantes de la oposición observan el proyecto de ley de “Carrera de la Policía Boliviana”. Coinciden en que el Ministerio de Gobierno busca un mayor control de la entidad policial.
El artículo 6 del proyecto es el más objetado, puesto que en ese apartado establece que el Gobierno nombrará a su representante en la Comisión Superior de Talento Humano Policial, que calificará a policías que postulen a los exámenes de ascensos. El diputado del MAS Ramiro Venegas indicó que la institución policial no puede estar controlada por completo por un ministro como Eduardo del Castillo, quien “no brinda garantías de seguridad”. Agregó que hay el peligro de que la propuesta perjudique a la población y solo beneficie a efectivos cercanos a la autoridad del Ejecutivo.
“Esto preocupa. A veces vienen leyes del Ejecutivo y algunos compañeros solo alzan la mano nomás, tal vez por una pega o algo. La Policía debe precautelar por la seguridad ciudadana. Con esa ley están politizando, en la comisión calificadora debe estar un uniformado y no debería meterse un funcionario del ministro de Gobierno”, sostuvo.
El parlamentario oficialista Daniel Rojas dijo que el proyecto no cambiará las irregularidades en la Policía ni logrará transformaciones estructurales. Señaló que hay desconfianza en la labor de Del Castillo y ven que generará incertidumbre que tenga un representante en la “comisión superior”.
“La reforma policial debe ser de base, desde que van a postular a la Policía. No es correcto que el ministro de Gobierno se meta en la evaluación de policías, se vulnerará la meritocracia. Cuando se mete un civil en la evaluación se van por la borda los años de carrera de un policía, peor si esa persona ni siquiera ha ido al cuartel”, aseveró.
El legislador masista Ángelo Céspedes expresó que las atribuciones que tiene el Ministerio de Gobierno son muchas y que con este proyecto de ley solo darán argumentos a la oposición. Añadió que los uniformados son los que deben calificarse.
“No es bueno tener el control total, eso más bien a las tropas las molesta y las inquieta. Los uniformados son los que tienen conocimiento sobre cómo evaluar. Nosotros, los civiles, sabemos lo que nos informan los policías y no conocemos sus temas a profundidad. No es momento de discrepar con la Policía”, sostuvo.
Los tres diputados indicaron que cuando tengan reunión de bancada para tratar el proyecto de ley formularán sus observaciones al artículo 6. También anuncian que plantearán sus objeciones en la Cámara Baja, cuando la propuesta sea discutida en el pleno.
El proyecto fue aprobado el pasado martes en la madrugada en la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de Diputados. Tras ello, efectivos, que pidieron mantener sus nombres en reserva, cuestionaron la propuesta porque aseguran que el fin es callar por completo a policías y convertir la institución en un apéndice del Ejecutivo.
“El Gobierno tendrá un mayor control del que tiene. Ya la Policía está desinstitucionalizada, ya hay mucha intromisión de los políticos”, dijo una primera fuente. Una segunda fuente aseguró: “Hay molestias en los policías. La gota que rebasó el vaso es que un civil esté a cargo del Alto Mando”.
El coronel del servicio pasivo René Calla manifestó que el objetivo de fondo es “eliminar a una Policía profesional, para hacer una Policía política”, porque el Gobierno tendrá mucho control de la institución policial.
“Parece que en el fondo hay un fin maquiavélico para la Policía. El ministro de Gobierno ya está por encima del Comando General, ahora quieren a un representante del ministro en la calificación. No hay que olvidar que en el Decreto Supremo 1446, cuando dejan Musepol y crean Muserpol, ahí ya está bajo la tuición del Ministerio de Gobierno. Todo quiere controlar el Gobierno”, cuestionó.
Calla observó el artículo 22 de la propuesta, porque los uniformados ya no podrán ni reclamar la dotación de uniformes.
“Si un policía reclama, pueden decir que es parte de un motín o que el reclamo es infundado, entonces procederán a la baja definitiva”, complementó.
El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, afirmó que el proyecto llevará a la “destrucción de la institucionalidad de la Policía”. Agregó que vulnera derechos humanos y laborales de policías.
“En varios artículos de la ley establece que aspectos esenciales con la carrera policial se lo debe hacer con una resolución del Comando General, pero se agrega que estas resoluciones tienen que ser homologadas por el ministro de Gobierno”, puntualizó.
En pasados días también los legisladores de la oposición María Jose Salazar, Rodrigo Paz (Comunidad Ciudadana) y Fernando Llápiz (Creemos) coincidieron en que el Ejecutivo avanza a un control total de la Policía.